Balance Anual 2021 "Discriminación y violencia contra la niñez durante sinddemia".

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BALANCE 2021

ANUAL RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN MÉXICO

REDIM


Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia.

Enero 2022


Contenido Introducción Señales macro: Invisibilidad y discriminación de a niñez en la institucionalidad y presupuesto público

El derecho a la salud en mitad de la pandemia Urgente rescate del DIF Nacional para superar las regresiones y miradas viejas #OrfandadCOVID19 Incumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de Derechos del Niño Rezagos en el derecho a una alimentación saludable ante retorno a las escuelas 2021: Retorno a las escuelas, con riesgos y limitantes en el derecho a la educación Violencias y niñez: vivir y morir en la guerra


Niñez y desaparición forzada Retos en la aplicación del PABNNA Supervivencia para la niñez: incremento en índices de pobreza y pobreza extrema Niñez trabajadora #NiñezMigrante Derecho a un medio ambiente sano Las niñas y las adolescentes frente a las violencias del machismo y el adultismo Derechos a la participación y a la información El negocio de Movimiento Ciudadano para explotar niños con la complicidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Recomendaciones de Política pública


Introducción El año 2021 fue el primero en el que, por completo, niñas, niños y adolescentes vivieron los efectos de la sindemia, entendida y evidenciada como la interacción de las desigualdades sociales con los efectos nocivos de una pandemia. Y este año pudimos observar algunos avisos de lo que esta crisis múltiple le representa a la niñez: profundización de las desigualdades y violencias, incrementos en la pobreza y marginación adultocéntrica, racista y machista. Lo que la pandemia ha representado para el mundo entero nos hace vislumbrar ya la mayor crisis en la civilización que hayamos vivido en las últimas décadas. En este contexto se torna fundamental repensar lo humano, nuestra organización como sociedad, lo que priorizamos o dejamos de lado. La vida humana tendrá que reinventarse, como ya está sucediendo, y esta oportunidad debe tomarse para reconfigurar la manera en la que nos relacionamos con las infancias y adolescencias de México. De tal manera que lo que hoy describimos como el interés superior de la niñez se convierta en una máxima de vida, de visión política y de acción pública, de diseño de instituciones y de programas. La insuficiente acción del Estado para solucionar plenamente las necesidades básicas de supervivencia, con un enfoque de derechos, encontró este año desafíos mayores. Niñas, niños y adolescentes encontraron en el 2021 inseguridad y violencia; impunidad y rezagos continuados de años pasados, sumados ahora a retos como un retorno a las escuelas que no miró al resto del mundo ni escuchó su voz; o como una política de vacunación contra Covid-19 que no les incluyó o que incluso impugnó alguna decisión judicial que alertaba sobre la necesidad de considerarles.


La crisis de derechos humanos que ya vivía el país nos arrojó nuevas y dolorosas cifras sobre niñez desaparecida, reclutada o asesinada. También sobre niñez y adolescencia migrantes, que encuentran en México tantos obstáculos y violencia, que les significa una frontera que no necesita la llegada al norte para detener sus vidas y libertad. Las niñas y las adolescentes vivieron feminicidio, desaparición, trata y reclutamiento, además de la sobrecarga en términos de pobreza o de su protagonismo en las tareas de cuidados desde temprana edad, como expresión de las violencias económica y simbólica. La crisis de las instituciones de la niñez son también un signo de este año, que cerró con una muy bienvenida (aunque tardía) publicación del Pronapinna, pero al mismo tiempo con la formal desaparición del Indesol o la iniciativa de subsumir al SN-DIF el SIPINNA y con la falta de titularidad en la Secretaría Ejecutiva de éste. Sin embargo, niñas, niños y adolescentes siguen dándonos una lección de vida en su capacidad de propuestas, de preocupación por el entorno, de resiliencia y de comprensión de una realidad dolorosa y compleja. Ahí donde se les da la voz, florece su palabra. Ahí donde se les reconoce, nacen y crecen #NiñasPoderosas. Ahí donde lo inhumano mantiene la desaparición de personas, ellas y ellos proponen y realizan mecanismos y acciones de búsqueda. Pese a los enormes rezagos y las deudas que en materia de derechos humanos viven ellas, ellos y elles, exigimos y deseamos que 2022 sea un año en el que se les escuche, incluya y valore como titulares de derechos. Esperamos que este Balance arroje algunas luces sobre la agenda pendiente que el país deberá abordar sin demora este nuevo año. Nota: acompañamos los apartados de este Balance anual de algunas frases icónicas en las canciones de Cri-Cri como muestra de que la crítica social puede ser creativa y propositiva; porque el sentido lúdico de lo que se relaciona con la niñez también tiene una dimensión política.


Señales macro: Invisibilidad y discriminación de la niñez en la institucionalidad y presupuesto público Porque el chorrito la salpicó Durante 2021, la institucionalidad pública generada por el propio Estado mexicano para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes sufrió incomprensión y amenazas. Después de un avance notable en la coordinación interinstitucional en sus recientes años, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) quedó sin titular en marzo de 2021 y desde ese momento la institución ha vivido una crisis política en la que se han dado ataques a su subsistencia. Sumado a la falta de voluntad del Presidente para sesionar y presidir el Sistema (lo cual, por ley, le corresponde y no ha hecho una sola vez en todo su

y sus chapitas le despintó.

mandato pese a haberse comprometido en tiempos electorales a fortalecerlo), se han dado otras tentativas de modificación que comprometería su capacidad de articulación en las instituciones que conforman al Estado mexicano, en todos sus niveles.

El año cerró con una iniciativa en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) para reformar la Ley General de los


Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil con la intención de subsumir SIPINNA al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Hay que recordar que el SIPINNA se creó como el mecanismo eficaz para incorporar, de pleno derecho y no como objetos de protección, a niñas, niños y adolescentes a la acción del Estado mexicano, a nivel federal, estatal y municipal, en concordancia con lo que mandata la Convención de los Derechos del Niño. Se generó precisamente desde la perspectiva de que una sola institución no basta para hacerse cargo de la tercera parte de la población en el país y menos desde un enfoque de derechos. Anexar el SIPINNA al SNDIF, de carácter asistencial y sin facultades para coordinar al Estado mexicano, es eliminar a niñas, niños y adolescentes de nueva cuenta del mapa del Estado y retroceder 30 años en materia de derechos de la niñez y adolescencias en México.


SIPINNA logró convocar la atención y los trabajos de instituciones públicas, organismos internacionales, poderes y órdenes de Gobierno, academia y sociedad civil en favor de los derechos de la niñez y adolescencia en México. Ha sido reconocido como un mecanismo relevante y eficaz por instancias internacionales como UNICEF y la Comisión Interamericana de Derechos Humano, así como por diversos gobiernos de la región que han visto en el SIPINNA mexicano un modelo a seguir en este tema.

Si bien reconocemos aciertos importantes como la incorporación de niñas, niños y adolescentes como grupo prioritario en el Programa Nacional de Derechos Humanos y la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024 (PRONAPINNA) como instrumento de política pública que antepone el interés superior de la niñez, la no discriminación y la inclusión social a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y parece no existir com-

comprensión de la institucionalidad alcanzada en la última década; por lo que las expresiones del jefe de Estado que confunde las funciones


del SIPINNA con el Sistema Nacional DIF son muy preocupantes, toda vez que muestra desconocimiento legal, administrativo y de los compromisos internacionales para fortalecer el SIPINNA. También pudimos observar cómo se dio una reducción presupuestal en varios rubros relacionados con la niñez, precisamente los orientados a la protección y defensa de los derechos humanos y la prevención de la discriminación, tal como se evidencia en el anexo 13 del Presupuesto de Gobernación (de 10 o 7 millones de pesos a 1.5); o en el rubro de investigar y perseguir delitos en materia de derechos humanos por parte de la Fiscalía General de la República. La falta de presupuesto inhabilita de facto algunas disposiciones legales y ralentiza la capacidad de respuesta y atención de las instituciones. Por ello, el presupuesto orientado a la niñez es un indicador clave para valorar con preocupación la atención dada en 2021 a la niñez y la proyección de esta atención en el futuro. https://dof.gob.mx/2021/SEGOB/SEGOB_311221.pdf


Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó...

Notamos preocupante que este año el aumento porcentual del presupuesto presenta un incremento menor al de años anteriores. Mientras que del 2020 al 2021 hubo un incremento del 11.3%, del 2021 al 2022, el incremento es solo del 5%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que, para el cierre de 2022, la inflación anual sea de 3.4%, por lo que todo lo que no haya aumentado en 2022 arriba de 3.4% está por debajo del pronóstico oficial de inflación; siguiendo este razonamiento, podría decirse que en términos reales no podemos ver un aumento significativo en el presupuesto destinado a la niñez en el país. Entre nuestras mayores preocupaciones se encuentran las reducciones a ámbitos básicos y esenciales del desarrollo como son las áreas de primera infancia, salud, discapacidad, seguridad y justicia frente a las graves problemáticas del país en la actualidad. Las disminuciones de recursos que se presentan a continuación ponen en riesgo la garantía de los derechos mencionados y en situación de vulnerabilidad a los 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes en México.


Podemos observar una disminución del 8.6% en salud, este porcentaje corresponde a la reducción de $7,380,584,406.00 de pesos destinados a la atención a la salud, en $9,338,439,717.00 destinados a medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral y a una disminución del 56% al programa de atención a personas con discapacidad. En medio de una crisis sanitaria como la que enfrentamos y las constantes demandas de la población por la escasez de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de niñas, niños y adolescentes. A pesar de haber un aumento de $10,065,236,620 en el programa de vacunación consideramos que la salud es un área prioritaria que no debe tener reducciones significativas como las mencionadas, ni en la atención ni en la provisión de medicamentos. Respecto a la primera infancia resaltamos una omisión de programas específicos enfocados concretamente en el desarrollo integral y el seguimiento a la Estrategia Nacional de Atención

a la Primera Infancia y la reducción del 8% al programa de expansión de la educación inicial. Así como también resaltamos la necesidad de contar con acciones y programas capaces de sustituir el programa de estancias infantiles en apoyo a madres trabajadoras. Por su parte, frente a la crisis de seguridad llama la atención una reducción del 97% de recursos destinados a la investigación y persecución de delitos cometidos en materia de derechos humanos. Otros rubros importantes que han sido afectados son la cultura y la participación que constituyen elementos básicos del desarrollo de la niñez y la democracia que no pueden dejarse de lado. El análisis del presupuesto nos muestra que la niñez se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que falta el desarrollo de políticas destinadas a la primera infancia y que posiblemente en el 2022 persistan los problemas de desabasto de medicamentos y seguridad.


El derecho a la salud en mitad de la pandemia: falta de cobertura en vacunación, desabasto de medicamentos para enfermedades graves y rezagos en la alimentación saludable ante retorno a las escuelas.

Mi borreguito está enfermito. Beeee, beeee, no sé qué tiene el pobrecito. Cri Cri.


La situación del derecho a la salud para la niñez mexicana evidenció durante este año una grave desatención en la cobertura de insumos básicos para la plena garantía de este derecho. La exclusión de niñas, niños y adolescentes de la política de vacunación contra COVID-19, la caída en vacunación contra enfermedades del esquema básico o la falta de abasto en los medicamentos contra el cáncer marcaron las diversas maneras en las que resultaron desprotegidos. #REDIM condenó en junio de 2021 que las autoridades del Estado mexicano se olviden de garantizar el fundamental derecho humano a la salud de los niños, niñas y adolescentes

En 2021 la niñez demandó al Ejecutivo ser incluida en el plan nacional de vacunación contra el COVID-19. Archivo / Youtube.

Padres, madres y tutores protestaron contra el desabasto de diversos tratamientos, en especial contra el cáncer. Archivo.

Infancias salieron a la calle para .exigir medicamentos durante 2021. Archivo.

que requieren atención en diversas patologías y enfermedades, en especial aquellos que son pacientes con cáncer o que presentan problemas de salud mental, cuya condición se sigue deteriorando por la falta de una adecuada dotación de medicamentos.


Especialmente si se considera que, de acuerdo con las Estadísticas de defunciones (2020) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2,077 niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 17 años, (897 mujeres y 1,180 hombres) perdieron la vida como consecuencia de tumores (neoplasias) en 2020,1 lo que se tradujo en 5.7 defunciones de niñas, niños y adolescentes por día en el país.1. También observamos con profunda preocupación que durante el segundo año de pandemia en México, el Gobierno dedicó esfuerzos para invisibilizar el impacto que la emergencia sanitaria mundial está teniendo en niñas, niños y adolescentes, restando importancia incluso al número de contagios y muertes como consecuencia de la propagación del coronavirus en esta población. Hasta el 12 de diciembre de 2021, un total de 82,234 niñas, niños y adolescentes habían sido infectados por COVID-19 en México (15,403 de 0 a 5 años, 19,933 de 6 a 11 años y 46,898 de 12 a 17 años). De éstos, 812 niñas, niños y adolescentes habían muerto (427 tenían entre 0 y 5 años, 111 entre 6 y 11 años y 274 entre 12 y 17 años), según cifras del SIPINNA. La afectación a la niñez y la adolescencia es evidente y ya innegable. 1. INEGI, Estadísticas de defunciones 2020.


La niñez mexicana se ha visto igualmente afectada por la insuficiencia de vacunas. Un problema que data desde el 2019 cuando la cobertura de vacunación registró el desabastecimiento para la inmunización de enfermedades como la tuberculosis (BCG), hepatitis (HepB), sarampión, difteria, tos ferina y tétanos (DPT3, Tdap, TT) para los recién nacidos, según datos del Informe de País del PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones en el contexto del Sistema de Salud) de la Organización Panamericana de la Salud.

De igual forma, condenamos la omisión del Estado al excluir a niñas, niños y adolescentes de la política de vacunación contra el COVID-19 en plena pandemia y en total irrespeto a sus derechos humanos a la igualdad y a la salud, sin discriminación. La invisibilización de niñas, niños y adolescentes alcanzó incluso a la política de vacunación contra el COVID-19 por parte del Ejecutivo, quien de manera alarmante expresó públicamente su negativa para cumplir con este mandato. Autoridades, cuya labor es contribuir con la protección de las infancias, se dedicaron, por el


contrario, a dilatar y a negar los procesos para respetar los derechos a la salud de la niñez y adolescencia en México. Entre ellos destaca, de manera muy grave, la impugnación (solicitada por el Ejecutivo) de la orden judicial que exigió al Estado incluir a niñas, niños y adolescentes en la vacunación preventiva, en momentos en que el mundo enfrenta una emergencia sanitaria mundial. La decisión del Ejecutivo de excluir a la niñez y adolescencia de una política de protección en el contexto de pandemia llevó a que más de 250 personas, menores de 18 años de edad, presentaran amparos ante la justicia para obtener la vacuna contra COVID en México, mientras que un gran número de personas menores de 18 años de de edad, debieron presentar amparos ante la justicia para obtener la vacuna contra COVID en México. A su vez, un gran número de personas menores de 18 años de edad viajaron a los Estados Unidos para obtenerla.

Una situación en la que las autoridades contribuyeron a profundizar las desigualdades de quienes se quedaron en desprotección y sin recursos para optar por estas soluciones El año 2021 estuvo también marcado por la llegada de las primeras dosis de vacunas para hacer frente a la pandemia y por la inoculación de millones de personas, mayores de edad.


Durante todo este tiempo, ninguna explicación de carácter oficial se dio a niñas y niños sobre las razones por las cuales no se les contemplaba en las primeras etapas de la vacunación, dejando esta vital expresión del derecho a la información y a la participación a la acción voluntaria de las familias o al ámbito de lo doméstico, sin observarlo como un asunto público y de derecho a las infancias.

Mientras el mundo avanzó en la vacunación de personas según su edad y condiciones de probable comorbilidad, se avanzó también en la vacunación de niñas, niños y adolescentes. Para el mes de septiembre, en al menos 18 Estados del mundo se emprendió la vacunación para proteger a las infancias y adolescencias del COVID-19, a partir de los 12 años. Tal fue el caso de Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República 2 Dominicana. Además, de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemania, 3 España, Dinamarca y Francia.


En nuestro propio continente, con situaciones similares a las mexicanas, destacan quienes todavía no implementan pero ya han aprobado vacunaciones para poblaciones más jóvenes como Chile, El Salvador y Ecuador, a partir 4 de los 6 años. Adicionalmente, en

Argentina y Colombia se aplicará la vacuna contra este virus a todas las personas a partir de los 3 años de edad, mientras que en Cuba la edad 5 es desde los 2 años. Por su parte, China, Emiratos Árabes Unidos e Israel, desde los 3 años, mientras que en México el Estado se niega a incluir a las infancias y adolescencias en la política de vacunación. Por su parte, China, Emiratos Árabes Unidos e Israel, desde los 6 3 años, mientras que en México el Estado se niega a incluir a las infancias y adolescencias en la política de vacunación. Si bien es cierto que las vacunas están actualmente en una etapa

experimental, lo están así desde que se decidió como acción de Estado vacunar a personas mayores. Y esta ponderación se torna más importante cuando revisamos las cifras de niñas, niños y adolescentes contagiados e incluso fallecidos a causa del contagio por este virus.


2) BBC News Mundo, Qué países están vacunando a niños contra la covid-19 y por qué (y

cuáles son los de América Latina), 17 septiembre 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-58590941

CNN en Español, Los países que están vacunando a los niños contra el covid-19, 17

3) Septiembre, 2021. Disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/17/los-paises-que-

estan-vacunando-a-los-ninos-contra-el-covid-19/.

El Diario, Chile, pionero en la vacunación de niños menores de 12 años contra la COVID, 28

4) de octubre de 2021. Disponible en: https://www.eldiario.es/internacional/chile-pionero-

vacunacion-ninos-menores-12-anos-covid_1_8431178.html.

Diario Libre, Tras un mes del primer encuentro, SP debatirá hoy la suerte de vacuna en

5) niños, y de noviembre de 2021. Disponible en:

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/tras-un-mes-del-primer-encuentro-spdebatira-hoy-la-suerte-de-vacuna-en-ninos-DD29804997.

6)

BBC News Mundo, Qué países están vacunando a niños contra la covid-19 y por qué (y cuáles son los de América Latina), 17 septiembre 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-58590941


Urgente rescate del DIF Nacional para superar las regresiones y miradas viejas En éste contexto de pandemia es inminente cambiar las políticas de Estado propias de modelos de gobiernos paternalistas y asistencialistas, que ponen en niveles de caridad pública temas prioritarios para la ciudadanía, en particular para la niñez como es el caso de la salud. Aún con los importantes avances normativos en la Constitución Mexicana, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el excelente mecanismo de coordinación interinstitucional e intergubernamental que representa el SIPINNA, la miradas políticas y administrativas no están basadas en el enfoque de derechos humanos.


#OrfandadCOVID19


#OrfandadCOVID19

En el mes de julio la Revista científica "The Lancet" publicó un estudio en veinte países sobre la relación del exceso de mortalidad por COVID19 y las estimaciones de orfandad realizadas por el Imperial College London. El estudio ubicó a México como el país con más niñas y niños que enfrentaron la muerte de uno o ambos padres (178 mil) y que también pierden a sus cuidadores primarios o secundarios (275,800), comparado con otros países que fueron analizados en la investigación..


#OrfandadCOVID19 El Sistema Nacional DIF es la institución responsable de la protección especial de niñas y niños víctimas, y hasta el momento sigue sin ofrecer datos oficiales desagregados sobre cuántos son, en qué entidades se encuentran, cúal es su situación jurídica y cuáles son los planes de restitución de derechos para cada niña y niño en condición de orfandad por COVID19. En una declaración a finales de año, el DIF menciona que existen aproximadamente 118 mil niñas y niños en orfandad por COVID19, sin fuentes verificables o contexto que explique la cifra. Esta omisión dolosa deja a niñas, niños y adolescentes en una situación de vulnerabilidad ante la pobreza, el trabajo infantil, la violencia, sexual, el embarazo temprano y el abandono escolar.


Incumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de Derechos del Niño Otro lamentable ejemplo del retroceso fue el convenio que realizó el Gobierno federal con la empresa social que gestiona el llamado Teletón (con fuertes vínculos políticos y económicos) para recibir presupuesto público en sus programas y servicios.

Esta decisión contraviene de forma frontal las recomendaciones de las Naciones Unidas, a través de los Comités de Derechos de la Personas con Discapacidad y el Comité de Derechos del Niño que en 2015 estableció: “Una parte sustancial de los recursos para los servicios de apoyo a niñas y niños con discapacidad está administrado por una entidad privada (Teletón), sin la supervisión adecuada de los proyectos y de la imagen de niñas y niños con discapacidades que es transmitida por dicha entidad. [..] A la luz de su Observación General No. 9 (2006) sobre los derechos de niñas y niños con discapacidad y en línea con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de


de las Personas con Discapacidad (CDPD/C/MEX/CO/1), el Comité insta al Estado Parte a asumir plenamente su responsabilidad primordial de garantizar y asumir plenamente su responsabilidad primordial de garantizar todos los derechos de niñas y niños con discapacidad y aplicar a la discapacidad un enfoque basado en los derechos humanos. El Estado parte debe [..] asegurar que niñas y niños con discapacidad no sean representados como objetos de caridad, sino como titulares de derechos, incluso por las entidades privadas”. En una vergonzosa claudicación a sus responsabilidades legales, el jefe del Estado mexicano llamó a la caridad pública, pidiendo donaciones para el Teletón; ratificando su negativa a invertir recursos públicos suficientes para garantizar los derechos de las niñas y niños con discapacidad. Esta acción es violatoria del artículo 4to Constitucional referido al Interés Superior de la Niñez. Los recortes presupuestales también alcanzaron al Sistema Nacional DIF enfrentando dificultades para mantener e incorporar personal profesional de alto perfil que permita cumplir con sus responsabilidades legales y a la emergencia social que representan los impactos negativos de la guerra y la pandemia en México. Las Procuradurías de Protección de Niñez de los Estados y Municipios fueron debilitadas en su presupuesto, personal y capacidad de respuesta. El país sigue sin tener información oficial y verificada sobre la niñez vulnerada y en riesgo. El DIF sigue sin cumplir con el desarrollo de los padrones de niñas y niños en orfandad por feminicidios y por el crimen organizado.


Rezagos en el derecho a una alimentación saludable ante retorno a las escuelas

Y ante el retorno a las escuelas, vivido finalmente en el ciclo escolar 2021-2002, fue importante recordar la necesidad de establecer los espacios escolares como libres de comida chatarra y bebidas azucaradas; por ello hicimos, como parte de la Alianza por la salud alimentaria en México, un llamado urgente para transformar los ambientes obesogénicos de las escuelas en ambientes saludables. Asimismo, recordamos que, más que nunca, se debe formalizar el Acuerdo por el que se oficializa la materia Vida Saludable en la currícula de educación básica y agili

zar los procesos de modificación de los Lineamientos, para así garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La pandemia nos enseñó que la salud es algo fundamental y haber tenido que observar que niños, niñas y adolescentes con diabetes o sobrepeso como comorbilidades tenían una afectación diferenciada más grave por el virus del COVID19, nos hace pensar en cuál es el legado en términos de salud que le estamos dejando a la niñez y a la adolescencia sino tomamos medi-


das para transformar la alimentación en las escuelas de un país donde 95 personas entre 0 y 17 años (54 mujeres y 41 hombres) murieron a causa de 7 diabetes mellitus en 2020.

2021: Retorno a las escuelas, con riesgos y limitantes en el derecho a la educación Esos patitos van a la escuela con un paraguas que todo se cuela. El 2021 representó un año clave para mostrar el profundo adultocentrismo en las políticas y la cultura mexicanas. La enorme discusión sobre el retorno a las escuelas estuvo marcada por una estigmatización de los espacios escolares como poco seguros y poco responsables, dando por sentado que niñas y niños no podrían atender a las medidas sanitarias necesarias para la convivencia o que no sabrían manejarse adecuadamente en el nuevo paradigma de socialización en pandemia. Por ello, en repetidas ocasiones las personas adultas mostraron su rechazo al retorno presencial a las aulas: 6 de cada 10 padres o madres consultados en 8 8 la Encuesta Nacional de Coronavirus en México “Regreso a clases 2021”. Sólo 34% de las madres y padres encuestados coincidieron en la urgencia de que sus hijos retornen a las aulas.


REDIM insistió en repetidas ocasiones en la urgencia de generar una estrategia de retorno gradual y seguro, en diálogo con las comunidades escolares, pues la evidencia disponible en otros países no asoció el retorno a las escuelas con el incremento de contagios. Para junio de 2021, en Latinoamérica sólo 3 países superaron las 50 9 semanas sin clases presenciales y México fue uno de ellos. Señalamos que las escuelas son también un espacio de contención emocional y protección social, por lo que un año después del cierre era evidente la crisis de aprendizaje, problemas de salud mental, incremento del abandono escolar y trabajo infantil; expresiones perniciosas por ignorar la voz de más de 30 millones de niñas y niños durante la pandemia. Previo al retorno oficial, pedimos a las autoridades e instituciones responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes que se abocaran a la ejecución de un plan para el diagnóstico de condiciones, riesgos y ajustes necesarios en las escuelas.

8) 9)

Consulta Mitofsky, 17 de agosto de 2021. UNESCO, Interrupción y respuesta educativa frente al COVID-19: https://es.unesco.org/covid19/educationresponse


De igual forma, llamamos a que se estableciera un gran diálogo nacional en el que se escuchara la voz de las comunidades educativas, principalmente las de niños, niñas, adolescentes, así como padres, madres, tutores o tutoras, docentes y personal educativo, para lograr construir una estrategia de corto y mediano plazo lo suficientemente clara, segura y flexible, que permitiera evaluar y garantizar las mejores condiciones en este medio año de retorno. Mientras las personas adultas se resistían, fueron contadas las ocasiones en las que esta cuestión vital para niñas y niños les fue consultada. En contraposición con los datos de consulta a personas adultas, la consulta realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reveló que 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sí querían regresar a clases presenciales, dos (2) de cada 10 que 10 preferían seguir estudiando 10 en casa y 1 de cada 10 no sabía si quería regresar o no. Afortunadamente la dinámica de contagios en el país no tuvo repuntes notables tras el retorno, lo que evidencia la gran capacidad de niñas y niños de comprender, respetar


y seguir las normas en estos contextos complejos, cosa que no siempre las personas adultas han logrado hacer. Una gran lección por parte de niñas, niños y adolescentes al mundo adulto. Pero el impacto de tantos meses sin haber estado en las escuelas era ya evidente en 2020, como lo señaló REDIM en su momento. Resalta que 1.5 millones de personas de 3 a 18 años en el país ya no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos asociados al COVID-19; además, 529 mil ya no se inscribieron por falta de dinero o recursos y 310 mil personas entre 13 y 18 años tampoco lo hicieron porque tenían que trabajar.11

De acuerdo con el último censo de 2020, 16.4% de las personas de 3 a 17 años no asistían a la escuela en México (5.3 millones). Este porcentaje disminuía a 15.7% entre las mujeres y aumentaba a 17% entre los hombres. En particular, una tercera parte de la población entre 3 y 4 años (36.5%) no asistía a la escuela y una cuarta parte de las y los adolescentes 12 de 15 a 17 años (27.1%) no estudiaban.


La Secretaría de Educación Pública no ha presentado datos oficiales desagregados que permitan validar los discursos optimistas sobre el regreso a clases presenciales. México Evalua considera que aproximadamente 67% de la población escolarizada regresó a las aulas, lo que implicaría un alto riesgo de abandono escolar no contabilizado oficialmente. Aún se carece de una estrategia educativa y de articulación interinstitucional a través del SIPINNA para identificar y reintegrar al sistema educativo a los millones de niñas y niños fuera de la escuela.

10) CDHCM, Caminito de la escuela:

https://cdhcm.org.mx/wp-conten

11) 12)

INEGI, ECOVID-ED, 2020. INEGI, Censo 2020.


Violencias y niñez: vivir y morir en la guerra -Tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón.

La grave crisis de violencia y violencia armada que vive nuestro país no sucede solamente en el mundo adulto, no es un hecho aislado o temporal. México vive una guerra desde hace 15 años que se despliega por los territorios, las colonias y los hogares, toca las vidas de niñas, niños y adolescentes mexicanos.

Este constante inobservado social de la guerra y sus impactos negativos, representa una de las peores formas de violaciones a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, pues atenta contra la posibilidad de ver realizados derechos como el a la educación, a la vida, a la salud física y mental, atenta contra la dignidad humana y les expone incluso a graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición forzada, explotación sexual y reclutamiento forzado.


Muy derechos sin mirar atrás jamás van los valientes de plomo siguiendo a su general (Reclut). Lamentablemente en México, desde el inicio de la guerra contra el narco en 2006, alimentada por las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y que no ha cesado con Andrés Manuel López Obrador, a través de la militarización del país y de la seguridad ciudadana, se siguen registrando casos constantes y sin freno de homicidios, tortura, desaparición y feminicidios, entre otros hechos. Niñas y niños viven en México todas las formas conocidas de violencia ocasionadas por la guerra. Y también mueren por ellas. Pareciera no haber espacio, público o privado en el que

en el que puedan verse libres de las expresiones más extremas y deshumanizadas de la violencia armada y el adultocentrismo. La sindemia generada por la pandemia de COVID-19 y las inequidades sociales agravó las tensiones desde los hogares, y paradójicamente fortaleciendo al crimen organizado que alcanzó todos los otros espacios posibles de su de desarrollo y convivencia para niñas, niños y personas jóvenes. De enero a noviembre de 2021 se registraron 994 homicidios dolosos de personas entre 0 y 17 años (153 mujeres y 841 hombres) en el país; durante el mismo periodo se reportaron 1,246 homicidios culposos de la misma población (340 mujeres y 906 hombres) a nivel nacional.13 La violencia armada también dejó este año un saldo de 728 homicidios con arma de fuego entre niñas, niños y adolescentes (109 mujeres y 619 hombres). En total, los homicidios de personas entre 0 y 17 años aumentaron de 2,182 a 2,240 entre los meses de enero a noviembre de 2020 y 2021; 14 un incremento de 2.7%.


Lo anterior da cuenta de los fallidos resultados de las estrategias de seguridad y combate a la delincuencia y el crimen organizado. Es urgente que se retomen e implementen, con total seriedad y respaldo del más alto nivel, los trabajos y propuestas que en el seno del SIPINNA han surgido como parte de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes (COMPREVNNA) para desarrollar la Estrategia para la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia armada, presentada el 17 de diciembre 2020 por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SEGOB - SSC) que incluye acciones legislativas, la creación del Observatorio para la prevención del reclutamiento, un mecanismo de reportes de violencias para la respuesta interinstitucional de protección, formación de servidores públicos, programas de reinserción social, desvinculación de grupos criminales, la creación de espacios seguros y la promoción de la cultura de paz. Lamentablemente la mayoría de los compromisos están sin cumplimiento.

13)

14)

SESNSP, Cifras de Víctimas del Fuero Común, 2015 – noviembre 2021

SESNSP, Cifras de Víctimas del Fuero Común, 2015 – noviembre 2021..


La violencia tiene marca de género: existe una mucho mayor incidencia en prácticamente todos los indicadores de violencia si es el caso de las niñas y adolescentes mujeres. Del 1 de enero al 5 de diciembre de 2021, 12,918 personas entre 0 y 17 años fueron atendidas en hospitales de México por violencia familiar; de éstas, 88.3% eran niñas y mujeres adolescentes (11,409 en total). La mezcla del machismo y el adultocentrismo como huella que marca múltiples dinámicas sociales en los hogares. De igual forma, 6,814 personas de 0 a 17 años se atendieron en hospitales del país por violencia sexual en el mismo periodo, siendo 92.8% de éstas, niñas y 15 adolescentes mujeres (6,321 en total). Debemos destacar, de igual modo que, particularmente con niños, niñas y adolescentes, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas emitió desde el 2011 y de nuevo en 2015, recomendaciones al Estado mexicano sobre la fallida estrategia de seguridad que se traducía en estos impactos negativos a la infancia. En la misma declaración, el Comité destacó el incremento de las desapariciones y reclutamiento como crímenes continuos y resultantes después de la desaparición. Lamentablemente aun cuando esto último fue también señalado con insistencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus distintos informes sobre el país, así como las recomendaciones de otros instrumentos y organismos internacionales, lo más que hemos logrado avanzar es el ámbito legislativo con un protocolo específico de búsqueda, pero con una débil institucionalidad. Resulta vital, también para esta agenda, comprender y robustecer una institución como el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).


Este año fue de especial preocupación para REDIM el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para ser explotados y usados por la delincuencia y el crimen organizado. En México, la población entre 0 y 17 años en riesgo de reclutamiento o utilización por parte de grupos delictivos ascendía a entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en 2020; esto correspondía a entre 3.8 y 6.5 personas de 0 a 17 años por cada mil. 16 Niñas, niños y adolescentes reclutados son prioritariamente víctimas: reconocer este carácter de víctimas en el reclutamiento resulta fundamental, pues aunque no excluye de la responsabilidad penal o de otras formas de rendición de cuentas, sí ayuda a comprender mejor las dinámicas de enganche desde la amenaza, la extorsión, la explotación, llegando hasta trata o desaparición; además de promover una lógica de restitución de derechos en la desvinculación, la recuperación física, psicológica y en la reinserción. Por ello, demandamos al Estado mexicano reconocer y tipificar el delito el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en México,como una de las formas más graves de violencia que se puedan cometer contra las infancias y adolescencias en el país, al afectar de manera directa sus derechos humanos, que se puede y debe prevenir, mediante el compromiso de las autoridades para aplicar mecanismos específicos de política pública y legislación.

-¡Qué susto llevaron! Los dos se abrazaron temblando de miedo del aguijón. 15) Secretaría de Salud, Lesiones y Causas de Violencia, 2019-2020, 2021. 16) REDIM y ONC, Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, 2021.


Niñez y desaparición forzada -Y agarrándonos las manos Los muñecos brincoteamos. Hasta que aparezca el sol. La desaparición es un crimen de lesa humanidad que no sólo afecta a la vida de la víctima y a su familia entera, sino al resto de la sociedad, en una situación que termina generando un contexto de terror e incertidumbre porque se anulan todos los derechos y la protección posible para las personas. La #NiñezDesaparecida en México continuó siendo una epidemia invisible por el adultocentrismo que confluye con un patrón criminal que no ha cesado, ni durante la pandemia. En 2021 se tuvo la trágica estadística que mostraba que 12 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas o 17 localizadas cada día. Esta expresión máxima de la violencia, que se materializa con múltiples violaciones a los derechos humanos, representa una crisis que ya ha sido reconocida por algunas autoridades del Estado mexicano. La gravedad del problema es de tal magnitud que las cifras oficiales que se registran, aumentan a medida que pasan las horas. Y en el caso de nuestro país, aunque la mayoría de los casos son localizados, una (1) de cada 100 personas son halladas sin vida y 20 de cada 100 continúan desaparecidas.


Desde que se tiene registro, 80,344 personas de 0 a 17 años han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas en México hasta el 20 de diciembre de 2021. De estas niñas, niños y adolescentes, 15,818 (19.69%) continúan desaparecidas o no localizadas a la misma fecha, siendo 8,704 de ellas mujeres y 7,082 hombres. Las mujeres, por tanto, representan 55.03% de estos casos, lo que resulta sumamente grave por la expresión de la violencia de género que representa. Si observamos la diferencia de edades, podemos notar que 74.6% de las niñas, niños y adolescentes desaparecidas o no localizadas al 20 de diciembre de 2021 tenía entre 12 y 17 años (1,1806). Además, 11.4% tenían entre 6 y 11 años (1,807) y 13.9% de 0 a 5 años (2,205).

Esta epidemia invisible se expresa en todo el territorio nacional. Sin embargo, resaltan el Estado de México (con 3,626 casos), Tamaulipas (con 1,701) y Jalisco (con 1,247) como las entidades federativas en las que se reportaron más desapariciones de niñas, niños y adolescentes: en total, estas tres entidades concentraron el 18 41.6% de los casos nacionales.

17) El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) es una herramienta que genera la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) para proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización e identificación de personas. En su versión pública, el RNPDNO no provee información sobre cuántas personas se reportan desaparecidas en un determinado periodo de tiempo; la mayor aproximación que se puede hacer es presentar el número de personas que han sido reportadas desaparecidas en un determinado periodo de tiempo y que continúan desaparecidas a la fecha del corte. Por ello presentamos el total de las personas que se registran desaparecidas, no localizadas o localizadas en un periodo de tiempo, de manera que se puedan incluir aquellas personas que se reportaron desaparecidas y continúan desaparecidas a la fecha de corte, en adición a aquellas que se reportaron desaparecidas pero fueron localizadas a la fecha del corte.


Observamos con particular preocupación lo registrado en los últimos meses de 2021 en el estado de Chiapas, pues al 5 de noviembre de 2021 el Renaped registraba 48 personas de 0 a 17 años como desaparecidas mientras que organizaciones de derechos humanos locales como Melel Xojobal contabilizaban 574 casos (cada 2 días, desaparecieron en el estado 3 niñas, niños y adolescentes). Chiapas registró cifras récord, triplicando casi las de 2019, con 183 casos; 384 en 2020 y 574 en 2021 /al 18 de noviembre, 33% seguían desaparecidas).

18)

SEGOB, RNPDNO al 20 de diciembre de 2021.


Retos en la aplicación del PABNNA Si bien es cierto que la publicación en el DOF del PABNNA, y su entrada en vigor con ello, representan un importante avance, existen algunas limitantes que deben ser consideradas para su efectiva implementación: La coordinación interinstitucional entre Comisiones de Búsqueda y Fiscalías es clave para el éxito del Protocolo. Esta coordinación incluye, entre otros, el intercambio de información y la realización de tareas de búsqueda y diligencias judiciales de manera concertada. La implementación del PABNNA (así como del PHB) necesita contar con recursos humanos y financieros, seguimiento, rendición de cuentas y capacitación continua de las personas responsables de su aplicación; El fortalecimiento de las 33 Comisiones de Búsqueda con recursos humanos y financieros es fundamental para su funcionamiento óptimo. Al momento, los subsidios federales representan más del 75% de los presupuestos de las Comisiones Locales, lo cual no garantiza su sostenibilidad ni el compromiso de los Gobiernos estatales para asumir 19 la financiación de sus Comisiones de Búsqueda.

Será fundamental la amplia difusión del Protocolo, así como capacitación de las personas servidoras públicas relacionadas con materia de actuación, para garantizar su mayor alcance en favor proteger a niñas, niños y adolescentes de esta grave violación a derechos humanos.

19)

la su de los

Consejo Nacional Ciudadano, Balance sobre la puesta en marcha de las Comisiones de Búsqueda 2020, abril 2021.


Supervivencia para la niñez: incremento en índices de pobreza y pobreza extrema Otra de las expresiones de la falta de atención del Estado mexicano en su obligación de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia mexicanas son las graves brechas de desigualdad que viven niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Los datos confirman la gran deuda que mantiene el Estado mexicano para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. Los índices de pobreza en este grupo de población son uno de los indicadores más claros. Entre 2018 y 2020 la pobreza en la población de 0 a 17 años aumentó 2.3 puntos porcentuales (de 50.3% a 52.6%) a nivel nacional, mientras que la pobreza extrema entre las niñas, niños y adolescentes del país aumentó 1.9 puntos porcentuales de 2018 a 2020 (de 8.7% a 10.6%). Son el único grupo de población que aumentó sus niveles de pobreza en la primera parte del actual sexenio.20

Se ha enojado -como tú- por lo caro que está todo en el mercado

A esto hay que sumar los efectos que la crisis por Covid-19 tenga en nuestro país. Los altos índices de trabajo informal en las familias mexicanas tienen un impacto previsible en la niñez. La precarización de las economías familiares, sumada a la pérdida de empleos derivada de la pandemia no hacen sino agravar las condiciones de pobreza y pobreza extrema de niñas, niños y adolescentes. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020 indican que debido a la pandemia por COVID-19 y a la crisis económica derivada de ella, alrededor de 3.1 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza, lo que indudablemente afecta a niñas y adolescentes (OXFAM México, 2021).


Si sumamos al análisis la perspectiva de género, descubrimos que las niñas y las adolescentes vivieron más duramente los efectos de la pobreza. Ya en 2014 Coneval y UNICEF señalaban que 53.9% de las niñas vivían en pobreza, de las cuales, 11.6% lo hacía en condiciones de pobreza extrema. Las situaciones de pobreza en las que viven, al menos más de la mitad de niñas y adolescentes las orillan a buscar oportunidades que les permitan aportar a sus hogares. Muchas de ellas se integraron al mercado laboral desde muy corta edad. Las niñas que se encuentran en esos contextos en ocasiones tienen que soportar jornadas intensas que se duplican, debido a su condición de género y a los contextos culturales, sociales y económicos de la región. Aunque estas “oportunidades” para muchas de ellas pueden representar un aliciente a la situación de pobreza en la que viven, las enfrenta a nuevos peligros, humillaciones y nuevos tipos de vulneraciones.

20) CONEVAL, Medición de la pobreza 2018-2020.


Niñez trabajadora En México existen diversos factores estructurales asociados al trabajo infantil como los altos índices de pobreza en la que viven niñas y niños, la precarización del empleo, la carencia de oportunidades laborales para las familias, las disparidades salariales, así como los obstáculos para el acceso a la salud, alimentación y vivienda digna que deben tomarse en cuenta en materia de trabajo infantil, al igual que la migración laboral, el desplazamiento forzado y ahora los efectos del COVID, que han provocado una recesión global, la disminución del PIB y la pérdida de empleos. A nivel nacional, 3.26 millones de niños, niñas y adolescentes (entre 5 y 17 años de edad) estaban en situación de trabajo infantil en 2019. Esto representa 11.5% de la población en dicho rango de edad: 38.9% de estas niñas, niños y adolescentes eran mujeres, mientras 61.1% eran hombres. Se debe recordar cuáles trabajos pueden

Ése soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá

resultar especialmente graves, dado que 1.13% millones de estas niñas niños y adolescentes realizaban un trabajo peligroso en sectores como construcción, agropecuario o bares y 1.51% realizaban quehaceres en el hogar peligrosos o en condiciones no adecuadas. Además, 889 mil personas de 5 a 14 años realizaban una ocupación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).21


Niñez trabajadora

De acuerdo con el análisis de la OIT y de UNICEF, se calcula que por cada punto porcentual que aumenta la pobreza en un país, se incrementa un 0.7% el trabajo infantil. Esto repercute ya en la niñez y adolescencias mexicanas, sumado al abandono escolar que generó ya la pandemia y el largo periodo sin clases presenciales; lo mismo que los 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes que no se inscribieron al pasado ciclo escolar, orillados por la necesidad de trabajar.

21)

INEGI, ENTI 2019.


#NiñezMigrante


#NiñezMigrante -Quién es el que anda aquí…? -Cocuyito playero ilumina el sendero con tu linterna de plata dame luz -por todas partes solo hay obscuridad la noche cayó, y ya no vemos para donde caminar Las desigualdades sociales y el impacto económico que la pandemia del COVID-19 ha tenido en las familias con menos recursos sigue siendo uno de los principales detonantes de la #NiñezMigrante y refugiada, aunado a los críticos escenarios de violencia a los que se enfrentan en sus comunidades y países de origen. La corrupción, impunidad, inseguridad, el limitado acceso a la educación integral, la violencia intrafamiliar y los feminicidios son algunas de las causas que actualmente motivan la movilidad y la migración. Los datos revelan una crisis en la atención del Estado a las niñas, niños y adolescentes que huyen de la pobreza, de la violencia.22 De enero a octubre de 2021, 19,793 personas de entre 0 y 17 años (13% mujeres y 87% hombres) fueron repatriadas de Estados Unidos a México. Esto representó un aumento de 105.4% con respecto a la cantidad de repatriaciones de niñas, niños y adolescentes que tuvo lugar en el mismo periodo de 2020 (9,635 casos en total). De enero a octubre de 2021, el gobierno mexicano realizó 48,707 detenciones de migrantes de entre 0 y 17 años (41.1% mujeres y 58.9% hombres), lo que también representó un aumento de 402.5% con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes migrantes detenidas en el mismo periodo del año anterior (9,692 casos en total).


También la niñez en movilidad en nuestro país sufrió deportaciones: 8,181 personas de entre 0 y 17 años (33.8% mujeres y 66.2% hombres) fueron deportadas por el Estado Mexicano entre enero y octubre de 2021, principalmente a Guatemala, El Salvador y Honduras. Esto representó nuevamente un aumento, del 12.1% en este caso, con respecto a lo observado de enero a octubre de 2020 (7,298 casos en total). Por ello y como parte de la articulación que REDIM sostiene con organizaciones de la sociedad civil en Honduras, Guatemala, El Salvador, reclamamos la falta de compromiso de los Estados sobre el cumplimiento de garantías en los derechos que condena a las poblaciones migrantes a vivir permanentemente en una crisis humanitaria, “obligando a las familias a desplazarse internamente o tomando la ruta migratoria en la que se exponen a diferentes riesgos como la violencia, la explotación laboral, el abuso sexual, el trabajo forzado, maltratos, tráfico de órganos y en los peores escenarios la muerte”. En consecuencia, se instó nuevamente a los Estados de la región centroamericana a asumir su responsabilidad en la protección y garantía de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados que se desplazan por los territorios de la región y hacia las fronteras de la re-


gión y hacia las fronteras de México y Estados Unidos, respetando en todo momento el interés superior de la niñez. Es fundamental que se atiendan los compromisos internacionales, que se fortalezcan las instituciones de protección y garantía de derechos de la niñez, adolescencia y juventud, respondiendo al contexto, necesidad y particularidad, priorizando aquellas comunidades que han sido históricamente discriminadas y empobrecidas en estos países.

Debe existir también una aprobación inmediata de las reformas legislativas orientadas a la prohibición de todas las formas de violencia hacia la niñez; el establecimiento de mecanismos de participación; la armonización de las legislaciones nacionales y locales con el estándar de los tratados internacionales; la creación y/o aplicación de protocolos que promuevan la seguridad, bienestar y restricción del uso de la fuerza pública contra las niñas, niños y adolescentes.


Esto debería incluir respuestas estatales para disminuir las causas estructurales que generan la migración o desplazamientos forzados, que tienen que ser valoradas y transformadas desde la perspectiva de la niñez (acompañada y no acompañada) para crear modelos de intervención comunitaria que garanticen la protección integral de la niñez y familias. En #REDIM insistimos en la urgencia de que el Estado tome con seriedad el establecimiento y respeto de las políticas públicas para la atención de la #NiñezMigrante; esto incluye la comprensión y respaldo del SIPINNA como sistema que articula el quehacer público con enfoque de derechos.

De igual forma, resulta indispensable la creación de un mecanismo transnacional de protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes entre las instituciones de Estados Unidos, México y los países de Centroamérica y Caribe, que involucre a los Sistemas Nacionales de Protección Integral de cada país, tomando en consideración a sus familias y a quienes no se encuentren acompañados/as, para que puedan ser atendidos por autoridades lo suficientemente sensibilizadas y capacitadas para brindarles atención, protección, garantía y restitución de derechos.


Derecho a un medio ambiente sano

Con tanta lluvia caída de arriba el agua ya llega hasta la barriga.


En mitad de la pandemia y en un año en el que pudimos observar los efectos de la sindemia generada por las inequidades y deficiencias globales para garantizar el derecho a una vida digna; se puso en evidencia las tensiones entre bienestar y respeto al medio ambiente. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que construyeron y participaron en 23 la Consulta Fénix hicieron reflexiones innovadoras y conscientes sobre el impacto de las decisiones de una vida política centrada en personas adultas, que determinará un futuro que serán ellas y ellos quienes tengan que vivir. El 90.6% de las niñas y niños de entre 5 y 11 años que participaron en la consulta en el país expresó que la situación ambiental que vivimos en la actualidad le hacía sentir tristeza, disgusto, enojo o 24 miedo. Alerta sobre la relación del cuidado de la tierra y el territorio, la defensa de derechos, el saber de los pueblos originarios y el derecho a un medio ambiente sano fueron algunos de los temas en los que niñez y adolescencia alzaron la voz y marcaron la ruta hacia una acción más responsable de los Estados hacia el planeta.


Estos llamados a la atención y a la acción resultan especialmente relevantes si se revisa que, a nivel nacional, 2,039 personas de entre 0 y 17 años (931 mujeres y 1,133 hombres) murieron a causa de 25 enfermedades del sistema respiratorio en 2020 y que esta incidencia se agrava con el uso excesivo de hidrocarburos y un diseño urbano inadecuado para la niñez, como ya lo habíamos alertado desde REDIM con el informe "No apto para pulmones pequeños".26

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24

22) 2) UPM, Boletines Estadísticos, 2021. 23) https://www.childrenvironment.org/north-america-consultation 24) Consulta sobre el Derecho de las Infancias y Juventudes a un Medio Ambiente Sano y Justo en 3) México, 2021. 25) INEGI, Estadísticas 25 de mortalidad 2020. 4) 26) REDIM y GreenPeace: No apto para pulmones pequeños, 2018: https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2018/11/e7381732-e7381732no_apto_para_pulmones_pequeñosok3.pdf 26


Las niñas y las adolescentes frente a las violencias del machismo y el adultismo


-Y la patita… pues qué va a hacer? -Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de ollín -Y al sentirse olvidada, lloró lagrimitas de acerrín

Niñas y mujeres adolescentes se enfrentan a menudo a la discriminación, a los estereotipos de género, a la violencia, al acoso y a la falta de acceso a muchos servicios. También, a la incapacidad de elegir, a las prácticas que las violentan y a las brechas en el acceso a sus derechos, lo que les afecta de manera desproporcionada. Si bien las niñas, niños y adolescentes son una población vulnerada en sus derechos en general, las niñas y las adolescentes lo son aún más por ser mujeres y a eso se le van sumando características que se interrelacionan, produciendo cada vez más intersecciones que generan mayores grados de invisibilización, violencia, discriminación y negación de sus derechos. Desde los “pisos pegajosos”, la venta de niñas y adolescentes en intercambios por dotes, la violencia en los hogares y en las calles (acentuadas durante el resguardo por la pandemia), las niñas y las adolescentes tuvieron en el 2021 un año de sindemia instalada y violencias adultistas y machistas.


Por ello, una de las mayores apuestas de REDIM en 2021 fue el de reconocer a las #NiñasPoderosas como sujetas sociales y políticas. Reconocer el poder de sus voces, su análisis de la realidad, crítica política y su capacidad de propuestas e innovación con apego a los derechos humanos es algo que se debía hacer ante los tiempos actuales y que deberá inspirar los trabajos por la niñez en los años por venir. Estos procesos de empoderamiento y reconocimiento a las #NiñasPoderosas se hacen vitales en un contexto en el que las distintas expresiones de la violencia tocan las vidas de las niñas y las adolescentes. Durante este año que cerró, 97 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio en México de enero a noviembre de 2021; esta cifra representa una reducción con respecto a los 105 feminicidios de la misma población registrados durante el mismo periodo de 2020.

Esta misma violencia proveniente de la mezcla de machismo y de adultismo ha generado una grave


situación de niñas y adolescentes desaparecidas. Del 1 de enero al 20 de diciembre de 2021 se registraron 942 mujeres de 0 a 17 años desaparecidas o no localizadas; esto significa que cada día han desaparecido 2.6 niñas y mujeres adolescentes que no han sido halladas. Esta cifra representa un incremento de 17.3% con respecto a las 803 mujeres de la misma edad reportadas desaparecidas o no localizadas durante el mismo periodo de 2020. Preocupa particularmente la posibilidad de que las desapariciones de niñas y adolescentes no estén motivadas exclusivamente por las dinámicas de la delincuencia, el crimen organizado o el accionar de particulares. En diciembre de 2021 se hizo público (a través de medios de comunicación y posteriormente vía comunicado de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de Guanajuato) el grave caso de una niña y una adolescente, detenidas indebidamente en León, Guanajuato, que no contaron con garantías al debido proceso ni con el respeto a sus derechos como niñas y adolescentes y en el que, una vez externadas del centro de detención, la niña de menor edad fue desaparecida durante alrededor de 2 meses. Este patrón de ilegalidad generado desde la acción de autoridades estatales resulta de la mayor gravedad y preocupa especialmente por lo que pueda implicar en términos de acción y no sólo de omisión de personas servidoras públicas en la desaparición forzada de una niña.


Derechos a la participación y a la información

Pero los patos opinan distinto y si se mojan es por instinto. A la cultura adultocéntrica le resulta difícil reconocer las capacidades y conocimientos de niñas, niños y adolescentes del nuevo milenio, quienes han crecido con una nueva consciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, son nativos digitales y generadores de nuevas formas de expresión y organización en auténticas culturas infantiles que se expresan en diversas plataformas y redes sociales. Son ellas y ellos quienes ayudaron al mundo adulto a sobrevivir la digitalización que forzó la pandemia en el sistema educativo, laboral y familiar y quienes más han mostrado resiliencia frente a un mundo que se transformó y sigue transformando, a menudo sin generar canales de comunicación, diálogo y participación para escucharles e informarles adecuadamente sobre cuestiones que afectan sus vidas en mitad de la pandemia y la infodemia.


Si bien en 2021 se tuvo un ejercicio importante con la Consulta Infantil y Juvenil 2021, realizada por el INE, los derechos a la participación, a la expresión y a la información no fueron suficientemente reconocidos, promovidos ni respetados. Tal fue el caso de la política de vacunación, en la que no ha habido información oficial dirigida a la niñez y adolescencia para explicarles cuál fue la dinámica de construcción de la misma ni porqué no están todavía contempladas en ésta. Tampoco fue el derecho a la consulta y a la participación algo que haya interesado al quehacer público frente a la amplia conversación pública y posterior determinación sobre el retorno a clases. Esta discusión transitó en el mundo adulto, sin que prácticamente haya sido emprendido algún esfuerzo institucional por escuchar sus voces y propuestas. Hacerlo no sólo es su derecho, sino que podría beneficiar enormemente el quehacer público con los nuevos paradigmas de conocimiento e innovación que niñas, niños y adolescentes aportan a sus entornos y sociedades.


El negocio de Movimiento Ciudadano para explotar niños con la complicidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) En las elecciones de 2018 la empresa electoral denominada Movimiento Ciudadano decidió explotar la imagen de un niño indígena muy brillante y con grandes talentos artísticos para posicionarse con el jingle del movimiento naranja, lo convirtieron en una 'mascota de campaña' que fue explotada en todas la vertientes posibles: spots de campaña en todos los medios de comunicación, mercadeo en redes sociales, presentaciones en actos de campaña, canciones en plataformas

musicales y de video en seis procesos locales en los Estados de Sonora, Nuevo León, Colima, Tamaulipas y Jalisco. La Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) denunció la explotación comercial de la que era víctima este niño indígena. Los voceros del Movimiento Ciudadano se escudan el contar con 'la autorización' del papá del


niño, y se negaron a transparentar el contrato de servicios, el pago realizado y las medidas de protección al exponer a un niño en una campaña política polarizada, que implicó ataques y asesinatos de personas protagonistas del proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral logró documentar la explotación comercial del niño y el incumplimento del partido político de los lineamientos establecidos para que la participación de niñas y niños sea sólo en temas relativos a sus derechos y sin exponerles a riesgos o humillaciones como sucedió con el niño víctima de explotación comercial. La sanción económica estaba cercana al millón de pesos para el instituto político y sus candidatos. Lamentablemente los intereses políticos y redes de poder que existen en los institutos electorales y en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lograron un apretada votación para rechazar la sanción contra el negocio de la empresa electoral, lo que le permite seguir explotando comercialmente al niño indígena; dejándolo en total indefensión institucional. Los argumentos esgrimidos por la Magistrada y Magistrados fueron absurdos y violatorios a los derechos humanos establecidos en la Constitución, y muestran con tristeza cómo las culturas racistas y adultocéntricas están muy vigentes en las instituciones del Estado mexicano.


Recomendaciones de Política pública Me volví gigante sin querer y cuando me logré poner en pie vi la Luna tan cercana que sus cuernitos se los toqué.

1. Reorientar la atención y contención del COVID-19 al enfoque sindémico basado en los derechos humanos y carácter global de la pandemia • Atender las recomendaciones internacionales en derechos humanos de forma integral y no solo las de carácter sanitario. • Superar el incumplimiento del Estado Mexicano de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la débil implementación de las leyes nacionales relativas. • Continuar con los esfuerzos para lograr acceso universal a las vacunas de COVID-19 (incluyendo a niñas y niños en la política de vacunación) y lograr precios justos de los tratamientos y medicamentos esenciales durante la pandemia. • Superar el profundo rezago en el que el Estado mexicano tiene el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) que continúan siendo vigentes; así como desarrollar una visión de futuro para superar el impacto de la pandemia.


• Cumplir con más de 300 recomendaciones internacionales no atendidas en torno a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que en esta sindemia son más relevantes. • Superar la discriminación estructural contra la niñez y adolescencia al invisibilizarles y mirarla como objetos de propiedad familiar. Es urgente reconocer el carácter de agentes de cambio y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 2. Fortalecer el Estado a través de la gobernabilidad democrática, construcción de ciudadanía y prioridad del Interés Superior de la Niñez • Respetar al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de acuerdo a lo señalado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño. Respetar igualmente las tareas de asistencia y protección que tiene el Sistema Nacional DIF. • Respetar la autonomía entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Entidades Federativas). Es fundamental fortalecer los contrapesos institucionales evitando la cooptación de los Organismos Públicos Autónomos (OPAs) y superar la centralización del poder político en la Presidencia de la república.


• Reconocer el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil como actores clave en la construcción de la vida democrática nacional y del avance en materia de derechos humanos. • Romper con las prácticas políticas hegemónicas para descentralizar la acción política, más allá de los partidos y procesos electorales, porque han pervertido e inhibido las diversas expresiones ciudadanas desde los territorios. • Estimular la libertad de expresión y acceso a la información pública como parte de las acciones preventivas que eviten la radicalización política de grupos de poder simpatizantes del fascismo. • Reconocer el mandato constitucional de la prioridad del interés superior de la niñez en todas las decisiones del Estado, al tiempo de estimular la participación y ciudadanía de niñas, niños y adolescentes a través de diversas expresiones organizativas y colaborativas en los territorios. 3. Incrementar la inversión del gasto público en frenar el impacto negativo de la pandemia. . Atender las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU, especialmente la Observación General 19, relativa al gasto público para la realización de los derechos de la niñez, y la necesidad de protegerles frente a los recortes presupuestales.


• Redefinir los 25 proyectos prioritarios con los que inició el gobierno federal ante el actual medio término, para reinvertir en políticas de Estado que reduzcan los impactos económicos en las poblaciones más pobres. • Atender el llamado de Naciones Unidas para invertir en un esquema temporal de “ingreso universal” que permita reducir el impacto de la crisis económica, estimule el consumo interno y apoye las acciones preventivas del control de la pandemia. • Continuar con los esfuerzos de luchar contra la evasión y fraude fiscal de los grandes deudores, y flexibilizar las medidas con las personas desempleadas, aquellas afectadas por COVID19 y pequeñas empresas familiares. 4. Crear mecanismos institucionales de participación ciudadana desde la niñez, iniciando en las escuelas. • Abrir muchos más espacios a la participación de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de tomar en cuenta su opinión en las distintas acciones que se adopten en sus vidas. • Reforzar los mecanismos de comunicación y coordinación que promueven el diálogo local y la participación de las niñas, niños y adolescentes, de sus familias y comunidades en todos aquellos asuntos que les competan y no sólo en el ámbito educativo.


• Fortalecer la organización, funcionamiento y evaluación de los comités de participación escolar para fortalecer la comunidad educativa entre estudiantes, docentes, directivos, familias y vecinos de los establecimientos educativos, especialmente frente al retorno a clases. 5. Fortalecer el sistema de salud pública y la prevención comunitaria • Priorizar la continuidad de los servicios centrados en la niñez, los programas de nutrición, la atención materna y neonatal, los servicios de inmunización, los servicios de salud sexual y reproductiva, el tratamiento del VIH y cáncer, así como la atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. • Desarrollar una política pública específica para atender la salud mental y los servicios psicosociales de las familias en confinamiento, con especial énfasis en personas adolescentes. • Asegurar que las niñas, niños, adolescentes tengan acceso a las pruebas, el tratamiento y las vacunas de COVID-19. • Impulsar estrategias de comunicación propositivas sobre educación para la salud y estilos de vida saludables. • Apoyar la articulación intersectorial: sector salud, organizaciones sociales y academia en programas de promoción comunitaria, además de formar jóvenes promotores comunitarios como medio para impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes.


6. Reducir el impacto de la crisis alimentaria y estimular el retorno a una dieta saludable. • Ampliar programas y servicios para la alimentación saludable de niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza, pobreza extrema y en municipios de mayor riesgo de trabajo infantil. • Formalizar el Acuerdo por el que se oficializa la asignatura Vida Saludable de la currícula escolar de educación básica. • Ampliar la cobertura de los subsidios universales a alimenticios de primera necesidad y fortalecer la vigilancia gubernamental para evitar incrementos a productos de la canasta básica. • Mantener el impulso de las medidas normativas e institucionales para regular a la industria de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas para frenar el ambiente obesogénico que ha incrementado en los últimos años la obesidad y sobrepeso en un tercio de la población infantil, convirtiéndoles en población vulnerable ante el COVID-19. 7. Fortalecer la autodeterminación nacional para decidir nuestra política migratoria. • Implementar protocolos de emergencia sanitaria y protección internacional destinados a niñas, niños y adolescentes migrantes.


• Tomar medidas para prevenir delitos en contra de la niñez migrante, particularmente de quienes permanecen en centros de detención o están sujetos a procedimientos de deportación. • Reforzar medidas que prohíban la detención de la niñez y adolescencia migrante; asegurando que cualquier niña, niño o adolescente que haya sido arrestado o detenido sea inmediatamente integrado a su familia. • Asumir el liderazgo para la creación de una Mecanismo trasnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada, para que sean las autoridades responsables de infancia de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes determinen las medidas de protección internacional y determinación del interés superior de la niñez.


También yo te quiero y te quiero feliz

Balance 2021


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