Economía


Citibanamex prevé ajuste hoy de 4.1 a 2.8 por ciento en PIB

Expertos prevén ajustes a la baja en los Precriterios que hoy se den a conocer del PIB de 4.1 a 2.8% en 2022 y de 3.4 a 3.0% en 2023.

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Por: Redacción
  • 01/04/2022

Ayer Citibanamex anticipó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisará a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB a 2.8 y 3.0% para 2022 y 2023.

Desde una proyección actual de 4.1 y 3.4%, para el PIB 2022 y 2023, respectivamente, se espera que ajuste a la baja Hacienda.

En entrevista, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, apenas este lunes, aseguró que estaba en desacuerdo con las estimaciones que señalaban que la economía mexicana crecería solamente 2.0%, señalando que el soporte de la economía está muy por encima de esa estimación.

“Creemos que la economía mexicana no está cerca del 2.0%, está arriba, lo vamos a hacer público en los Precriterios, no lo puedo (adelantar) porque hay que darle eso primero a los diputados, pero sí creemos que el soporte de la economía mexicana está muy por encima del 2.0%”, sostuvo.

Por otro lado, en una nota especial la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex, se considera que en los Precriterios, una actualización de la perspectiva macroeconómica 2022 y un avance de su propuesta de presupuesto 2023 —y que por ley la SHCP debe enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril—, es probable que sea bastante inercial como lo fue el presupuesto de este año.

Además, Citibanamex espera que la SHCP reconozca el actual entorno complejo con un toque optimista ya que, en su opinión, el conflicto Rusia-Ucrania debilita las perspectivas de recuperación económica de México.

En ese tenor, un supuesto muy positivo de Hacienda para la plataforma petrolera proyectada podría llevar a una sobreestimación de ingresos de 120 mil millones de pesos, 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2022-2023 frente a lo previsto.

Citibanamex anticipa que las estimaciones del precio del petróleo de la Secretaría de Hacienda probablemente serán más conservadoras, situándose alrededor de los 83 dólares por barril para la Mezcla Mexicana en 2022 y de 55 dólares para 2023, dado un enfoque cauteloso, en comparación con las proyecciones implícitas en los futuros para el precio del petróleo Brent en 83 dólares para el cierre del año próximo.

La institución financiera proyecta menores ingresos públicos en 2022 y que el gasto se enfocará con las mismas prioridades, con afectaciones a las perspectivas de crecimiento de mediano plazo.

Exponen sus expertos que, dadas las estimaciones de precios promedio, los ingresos adicionales para el sector público en este año podrían ser de alrededor de 1.4% del PIB respecto a los estimados en el presupuesto.

En ese mismo sentido señalan, la política del Gobierno de “suavizamiento” de fluctuaciones en los precios de los combustibles mediante el IEPS a combustibles y el nuevo subsidio complementario, a través de un esquema de compensación fiscal a gasolineras y distribuidoras de combustibles, implicará un costo total de 1.2% del PIB.

Así, el excedente petrolero durante 2022, sería de sólo 0.2% del PIB, señala el grupo financiero.

Para el banco, los supuestos de Hacienda para la tasa de interés serán de 7.8% en 2022 y 8.0% en el 2023.

En cuanto al tipo de cambio, anticipa que la SHCP lo proyecte para 2022 en 21.0 pesos y para 2023 en 21.4 pesos por dólar.

Respecto a la inflación, espera que Hacienda utilice las últimas estimaciones del Banco de México para el cierre de 2022 y 2023 de 5.5 y 3.2%, respectivamente.

Citibanamex considera que la SHCP logrará mantener la razón de deuda a PIB relativamente constante, con un ligero aumento de la deuda pública a 56.5%, debido principalmente a un mayor déficit, lo que implicaría un ligero aumento desde el nivel de 56.1% del Producto observado en 2021.

Advierte un espacio fiscal más reducido toda vez que, si bien en los últimos años el SAT ha logrado fortalecer ligeramente los ingresos, los esfuerzos han sido insuficientes y, al mismo tiempo, las presiones de gasto crecen y los amortiguadores están prácticamente agotados.

No obstante, enfatiza que la prudencia fiscal seguirá siendo una prioridad, por lo que no ve riesgos significativos para el grado de inversión de México en el corto plazo provenientes de las finanzas públicas, pero aquellos relacionados con la propuesta de reforma eléctrica persisten.

Por su parte, la calificadora Moody’s ve poco probable una mejora de la nota crediticia de México en un futuro cercano y advierte que la necesidad de apoyo recurrente y sustancial de Petróleos Mexicanos (Pemex) está erosionando la fortaleza fiscal del país, según declaraciones de ayer jueves.

Moody’s tiene a México con una calificación de “Baa1” con perspectiva negativa, observa indicios de que el crecimiento económico a medio plazo probablemente se estabilice en un nivel inferior al 2.0%, ejerciendo una presión a la baja sobre la nota nación.

La calificadora alertó que la actividad económica se moderará en los próximos años tras un repunte en el 2021 y que la inflación más alta y una política monetaria más restrictiva afectarían el perfil crediticio del país.

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Por su parte la iniciativa privada, luego que el Presidente López Obrador amagara con control de precios a alimentos básicos para contener la inflación, se manifestó en contra.

Sus analistas aseguran que gran parte del incremento de precios se debe a la delincuencia organizada y a la holgura con que la Comisión Federal de Competencia (Cofece) deja actuar a intermediarios.

Por otro lado, señalan que la Ley Federal de Competencia Económica obliga al Poder Ejecutivo a contar con la aprobación de la Cofece, antes de manipular los precios de libre mercado.

Hicieron memoria de que el Gobierno de Peña Nieto quiso hacer lo mismo en 2014, al pretender cambiar dicha ley para otorgar al Ejecutivo la facultad de establecer precios en industrias consideradas como “necesarias para la economía nacional”.

José Antonio Centeno Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al respecto expuso que ante una inflación “importada”, las medidas recomendables son aquellas que permitan mayores eficiencias en las empresas, mejorar su competitividad y reducir los costos de producción.

Tales como aplicar una tregua regulatoria en sectores clave donde la presión inflacionaria está resultando mayor y agilizar devoluciones de saldos en favor del IVA, “eso le daría flujo de capital a muchos sectores, permitiendo mayor dinamismo de la economía”, opinó

Propuso, por igual, facilitar trámites para la exportación y, de manera estratégica, para las importaciones de bienes que resulten clave para la producción nacional.

Los precios, recordó, obedecen a los costos de producción, a la disponibilidad de insumos y materias primas, así como a la oferta y demanda, “por lo que es en esos rubros en donde se puede lograr un impacto positivo en la contención de la escalada de precios de forma más natural”.

El presidente de Canacintra subrayó la importancia de entender que el origen de la inflación es externo, “no es un tema que nace derivado de la economía mexicana; de hecho, los datos macroeconómicos de nuestro país son muy sólidos”.

Para Alejandro Cavazos, integrante del Comité de Propuesta Económica de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el control de precios sólo incentiva escasez, pérdida de empleos y el desaliento a la inversión.

Debe considerarse, sostuvo, que una de las mayores causas de inflación es el rompimiento de la cadena de suministros de insumos, “es lo que ha provocado que muchos de los productos suban de precio, los empresarios no lo estamos provocando”.

Respecto al alza en la tasa de referencia del Banco de México para contener la inflación, opinó que si bien es adecuada, sus efectos no son inmediatos.

“Definitivamente estamos en contra del control de precios, significaría desabasto, menor inversión, mayor desempleo, aparición de ‘mercado negro’ de productos, ya que la oferta sería menor a la demanda”, subrayó.

Finalmente, Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM, explicó que 0.75% de la inflación es por intermediarios y concesionarios. Contra un 2.0% por el crimen organizado y sólo un 0.25% por el “efecto Ucrania”.

La Cofece, puntualizó, está obligada a investigar la competencia de los mercados agrícola, de alimentos, transporte y concesionarios de gasolinerías: “Cofece no está haciendo su chamba”, afirmó.

Con información de La Razón.


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