Telefónica acaba de recibir un golpe en su pelea fiscal en Perú. Era su primera parada en un particular 'vía crucis' fiscal en Latinoamérica. Pero hay otra parada: Brasil. La operadora de telecomunicaciones ha ido acumulando en los últimos años una cantidad muy relevante de dinero en litigios tributarios en el país. En total, estos frentes abiertos suman 5.800 millones de euros, aunque la compañía reduce la cifra a niveles más 'realistas' hasta los 4.700 millones. Debido a la cercanía de algunos de esos procesos, las provisiones han ido engordándose pero a un ritmo relativamente lento.
Brasil es un país en el que la litigiosidad, no sólo en el aspecto fiscal, es elevada. Especialmente en el sector de telecomunicaciones. Telefónica no iba a ser excepción. En el plano tributario, hay dos vías concretas: los impuestos estatales y los federales. Los primeros tienen que ver principalmente con lo que se conoce en este mercado como el ICMS, el impuesto indirecto que grava los servicios de telecomunicaciones. Existe una discusión con la Hacienda Pública brasileña en relación con los servicios que deben ser objeto de liquidación de dicho tributo. Todos los procesos relacionados con ello están siendo impugnados tanto en instancias administrativas como judiciales. El importe acumulado de contingencias posibles, incluyendo intereses y sanciones, es de algo más de 3.000 millones de euros, según el último balance de la teleco.
A los impuestos estatales hay que sumar también el otro segundo frente: el de los federales. Entre ellos están el Impuesto a la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) y el Impuesto sobre Sociedades local que se llama Contribución Social sobre el Lucro Líquido. Entre todos ellos, según el mismo balance, sumaban casi 2.650 millones de euros. Despunta un caso concreto: la amortización fiscal en los años comprendidos entre 2011 y 2017 del fondo de comercio originado por las adquisiciones de Vivo y GVT y su posterior fusión con la filial del país.
Estos procesos vinculados a las adquisiciones en el país se encuentran, al igual que el resto, en fase administrativa y judicial y a la espera de resolución definitiva. Pero no se ha registrado ningún tipo de provisión para hacer frente a potenciales desembolsos puesto que, según explica la operadora, la calificación del riesgo de los mismos es "no probable" y cuenta con informes externos que apoyan su posición. Respecto al impuesto indirecto que grava a las telecos, también cuenta con estos informes. Pero sí que hay ciertas provisiones para cubrir algunos riesgos.
En concreto, las provisiones para litigios fiscales brasileños a cierre de septiembre, último periodo del que hay cifras definitivas, ascendían a 467 millones de euros, según queda reflejado en la actualización del informe anual (20-F) que envió en noviembre la operadora al regulador bursátil estadounidense (SEC). En el arranque de año se situaba en los 340 millones de euros y a finales de 2020 se quedaron en 282 millones. Conforme van avanzando los diferentes procesos, estas 'reservas' de dinero para abordar potenciales desembolsos van creciendo, al igual que ha sucedido en otros casos como los de Perú.
La suma de ambos tipos de impuestos asciende a casi 5.700 millones de euros. Esta es la estimación del total de dinero que debería afrontar con todos los casos abiertos. Sin embargo, la empresa hace una estimación a la baja de las contingencias 'posibles' que tendría que abordar. Estas se reducen a algo menos de 4.800 millones. Es decir, es un ajuste eliminando los casos en los que con toda probabilidad obtendrán una victoria, ya sea en la vía judicial o en la administrativa.
España y Perú, cara y cruz
Brasil es, por tanto, la siguiente parada en el particular 'vía crucis' fiscal de la empresa en el mercado latinoamericano. La otra que ya la está atravesando es Perú. Las Cortes Supremas del país condenaron la pasada semana a la filial peruana al pago de 790 millones de euros del impuesto de la renta de los ejercicios 2000 y 2001. Para este caso había una provisión que alimentó en los últimos años y que cubre la totalidad, por lo que el impacto en cuentas es relativo. La sanción es de unos 100 millones de euros y el resto son intereses de demora acumulados ante el retraso del proceso.
Pese a que esto representaría el final del procedimiento, la empresa ha anunciado que acudirá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una entidad del Banco Mundial que media en este tipo de conflictos. Entienden que hay base para conseguir una resolución favorable y reducir esa factura. Insisten en que el cálculo de los intereses de demora está hecho en base a una fórmula que ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional.
Estos procesos son la 'cruz'. La 'cara' hay que encontrarla precisamente en España. La teleco logró en los tres últimos años dos resoluciones históricas a su favor con la Agencia Tributaria. Se trata de dos devoluciones que entre las dos suman 2.200 millones. Ambas provienen de un procedimiento similar. La primera se ejecutó en los primeros meses de 2019 y sumaba 700 millones de liquidación y otros 200 de intereses de demora. La segunda es más reciente. Llegó en el último trimestre del año pasado y supone el ingreso de 790 millones en impuestos y 526 en intereses. Ambos ingresos han ido principalmente destinados a la reducción de deuda. Tras el contratiempo en Perú y estas victorias españolas, los ojos están puestos en Brasil.
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