El cuerpo de Marouane Abouobaida fue encontrado sin vida en la celda de aislamiento del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de València el pasado 15 de julio. Abouobaida, un joven marroquí de 23 años, se ahorcó con su propia camiseta colgándose de la litera con la que contaba la celda. Pese a que su suicidio quedó registrado en las cámaras de seguridad del centro, la policía tardó 19 minutos en detectar la muerte del interno, según las conclusiones de la investigación abierta por la Jefatura Superior de Policía de València.

Ahora, la organización CIEs NO, que exige el cierre de estos centros en los que se retiene a extranjeros de forma previa a su expulsión del país por motivos tan diversos como no tener papeles, ejercer la mendicidad o estar perseguidos por la ley, ha hecho público que Marouane Abouobaida redactó una diligencia de información a la atención del director del centro el día 14 de julio que, según consta en el documento, fue entregada a las 14.00 horas del día 15. Una hora y 9 minutos antes de su muerte.

En el texto, el joven que habría cumplido 24 años el pasado sábado, explica que no tiene visión por el ojo izquiero y que presenta dolores de cabeza como resultado de una pelea. Para CIEs NO, esta comunicación "probaría que los responsables del centro conocían las precarias condiciones físicas y psicológicas en las que se encontraba Marouane", que pese a las lesiones fue encerrado en una celda de aislamiento pese a haber recibido "una gran paliza", según denuncia la organización junto a Valencia Acoge.

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CIEs NO pide que la investigación contemple la denuncia que el joven realizó antes de su fallecimiento, el visionado completo de las grabaciones de las cámaras del centro, y que se tengan en cuenta los testimonios de los otros internos. Así mismo, la organización exige las comparecencias del ministro del Interior y el delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, así como la destitución del director del Centro de Internamiento para Extranjeros de València.

Según la información a la que tuvo acceso Levante-EMV tras la muerte del joven, los policías no tenían ninguna advertencia especial sobre un posible riesgo de suicidio. Fueron ellos quienes solicitaron que fuera visto por el médico asignado de manera permanente al CIE, porque lo vieron «desanimado» a última hora de la mañana. El facultativo lo examinó pasada la una de la tarde del lunes, y no fijó ninguna alerta especial. Eso sí, el compañero que le sustituyó para el turno de la tarde, que comenzó sobre las dos, volvió a visitar al chico en su habitación. Esa consulta se prolongó por espacio de casi media hora.

Cuarenta minutos después, Abouobaida, se quitó la vida. El joven marroquí permanecía encerrado tras haber sido detenido en su llegada a España a bordo de una patera por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras (Cádiz). Abouobaida se dedicaba a realizar labores de soldador en Marruecos, pero decidió migrar a España para "probar suerte y ayudar económicamente a su madre" tras terminar sus estudios de bachillerato, según explica su tía Malika, que reside en Madrid y visitó al joven en el centro de Zapadores una semana antes de su fallecimiento.

Críticas al sistema de expulsión

La muerte del joven marroquí ha desatado una ola de indignación y exigencia de aclaración del caso liderada por las asociaciones y colectivos que trabajan con migrantes, y secundada por destacados líderes políticos, desde el alcalde de València, Joan Ribó, a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. También el partido de ambos, Compromís, se ha sumado a esas exigencias y Unides Podem ha reclamado «una investigación profunda».

València Acoge, por su parte, ha pedido no solo que se aclare con transparencia lo ocurrido, sino que ha vuelto a secundar la petición del colectivo CIE's No del cierre de todos los centros de internamiento de España. En ese sentido, CIE's No convocó ayer una concentración de protesta a las puertas del complejo policial que alberga el centro de internamiento.

Además, València Acoge ha exigido la comparecencia inmediata del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, para informar de lo sucedido, así como «medidas de reparación para con la familia».

El juez, que ya ha recibido las grabaciones del circuito de cámaras del CIE, empezó a tomar declaración ayer a los testigos, que aseguraron que el joven fue aislado pese a haber recibido «una gran paliza» y «no haber recibido atención médica», dijeron fuentes de ambos colectivos.