Por fin la justicia parece que «funciona» tras la intervención de un juez, quien ha exigido un estudio científico sobre el impacto medioambiental del uso de las bicicletas eléctricas de montaña en los senderos.
Ya sea para bien o para mal, la decisión, además de ser tomada por un juez, este se basará en el estudio realizado.
Lo más común cuando existen prohibiciones de cualquier tipo para las bicicletas en el monte, suele ser por decisiones personales de diversos grupos (ecologistas, cazadores, senderistas, etc…), y decisiones entre amiguetes con el político de turno.
No se conoce estudio científico que demuestre que las bicicletas de montaña erosionan más que un caballo o un senderista
El tema tiene muchos flecos y bastante enrevesado, y es que esta petición judicial viene de una demanda presentada en el año 2019 por algunos grupos de acción.
Diversos empleados públicos de la Responsabilidad Ambiental y grupos conservacionistas, demandaron en Diciembre de 2019 al Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. por permitir el uso de bicicletas eléctricas en los senderos del parque.
El Servicio de Parques Nacionales, quien permitió el uso de las Ebikes en sus caminos, es ahora quien debe demostrar que efectivamente, las bicicletas eléctricas no suponen un riesgo para la fauna, flora y el entorno de los parques.
Pero no solo eso, también para otros usuarios de los caminos, ya sean senderistas e incluso ciclistas con bicicletas sin pedaleo asistido.
Rudolph Contreras, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU que a ordenado el estudio científico, se ha basado en la ley para ello, y no en opiniones personales.
El caso es curioso, ya que Parques Nacionales permite el uso de bicicletas eléctricas, pero no se basa en ningún estudio previo
Según el juez, las decisiones se tomaron a puerta cerrada y en reuniones personales con diversas autoridades, tanto políticas, como de la industria de la bicicleta.
La ley del Comité Asesor Federal de Estados Unidos exige transparencia en cualquier decisión pública que se tome.
Asociaciones como IMBA o PeopleForBikes, se reunieron con los responsables de los parques, pero no participaron en ninguna toma de decisión.
Ahora, la justicia obliga a Parques Nacionales a realizar un estudio medioambiental del impacto que supone dejar el paso a bicicletas eléctricas a los caminos y senderos en sus montañas.
