César Puntriano
Profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN
La pandemia de la COVID-19 generó un daño severo en el mercado laboral peruano. Solo en Lima Metropolitana se han perdido más de dos millones de puestos de trabajo.
Además, la informalidad laboral, que antes de la crisis abarcaba al 70% de la población económicamente activa (PEA), ahora ya superó el 80 %. Ello se debe al despido de los trabajadores formales que ahora deben laborar a expensas de la ley. Ante esta situación, ¿cuáles son los retos del próximo Gobierno en el ámbito laboral?
Gestión actual
El Gobierno actual debe modificar las reglas vigentes que no surten el efecto esperado en el mercado laboral. Por ejemplo, el año pasado se emitió un decreto de urgencia que establecía incentivos para contratar trabajadores jóvenes en planilla, pero no funcionó porque, en la práctica, las empresas percibían un sobrecosto laboral. En todo caso, el Estado podría asumir parte de ese importe para incentivar la contratación.
La generación de empleo no solo supone crear puestos de trabajo, sino evitar que los ya existentes se pierdan. Muchas empresas tienen personal que no puede laborar porque sufre de enfermedades crónicas o figura en los grupos de riesgo. La ley exige que trabajen de manera remota o que la empresa les pague una licencia con goce de haberes, es decir, pagarles sin obtener resultados a cambio. Ese monto también podría ser asumido, en parte, por el Estado y así evitar la bancarrota del negocio.
El futuro del mercado laboral peruano aún es muy incierto. Es lamentable que los planes de gobierno de los principales candidatos a la Presidencia no contemplen el aspecto laboral como una prioridad, debido a que no les resulta mediático ni consideran que les ayude a incrementar la intención de voto. Aunque usan términos como “generar empleo”, en el papel no se observa ninguna medida concreta.
Retos pendientes
Es necesario pensar en una reforma integral pro- formalidad que abarque los campos laboral, tributario y administrativo, más allá de fijar paliativos como reducir la CTS a la mitad para las pequeñas empresas o exonerar a las microempresas de su pago, lo cual no tuvo mayor efecto positivo en la formalización.
También se debe priorizar la creación de programas de empleo urgentes para que, esta vez, sí tengan los resultados esperados. Recordemos la experiencia fallida del programa Arranca Perú, impulsado por la gestión anterior, que suponía la creación de puestos de trabajo temporales en obras públicas. Para generar esos puestos, el proyecto debe ir acompañado de un plan de inversión pública. Las asociaciones público privadas (APP) pueden ayudar mucho a lograr este objetivo.
Debemos recordar la importancia del Consejo Nacional del Trabajo. Pese a que su objetivo consistía en generar un diálogo entre empresas y sindicatos, en la mayoría de las negociaciones, una de las partes siempre termina por patear el tablero. En ese sentido, debe existir una mayor voluntad del Estado y de todos los actores implicados en sentarse a conversar y lograr consensos para mejorar la situación de los trabajadores.