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La Suprema Corte consideró que el legislativo excedió sus facultades.
canva.com
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa los delitos de defraudación fiscal, uso de facturas falsas y el contrabando, tal y como se estipula en la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación, reformada el 8 de noviembre de 2019.
Tras un análisis de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por bancadas de oposición en el Senado y por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los ministros, con una mayoría de ocho, declararon que en dicha reforma el Poder Legislativo excede sus facultades al considerar como meritorios de prisión preventiva oficiosa delitos que no están contemplados en el Artículo 19 constitucional.
Cabe señalar que en el decreto apelado, los delitos fiscales están clasificados como un riesgo para la seguridad nacional, por lo que están prohibidos los acuerdos reparatorios y los criterios de oportunidad, situación contraria y que va en menoscabo de la presunción de inocencia y el debido proceso.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, mencionó que dictar prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal es violatorio de los Derechos Humanos:
"La prisión preventiva oficiosa desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad que deben de tener todas las personas".
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución, sino de tomarnos en serio los Derechos Humanos que son parte del artículo primero constitucional”, dijo.
Por su parte, el llamado Bloque de Contención del Senado (PAN, MC, PRI y PRD) celebró la decisión de la SCJN, argumentando que la reforma es "desproporcional y violatoria a los Derechos Humanos de los mexicanos" y se comprometió a seguir trabajando en el enaltecimiento del debido proceso y la presunción de inocencia.
Cabe recordar que estos grupos parlamentarios opositores habían presentado una Acción de Inconstitucionalidad contra dicho precepto que propone, entre otras cosas, catalogar como amenazas a la seguridad nacional y delincuencia organizada la defraudación fiscal, el contrabando, uso, venta y expedición de facturas falsas.
Con información de El Universal.
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