Este artículo ha sido escrito colaborativamente por miembros y aliadxs de la PGDC, vea más información al final

 

En el desafiante contexto actual, con la propagación de la pandemia de COVID19, han quedado de manifiesto las desigualdades estructurales que conocíamos mucho antes de que el nuevo coronavirus llegara, pero que frecuentemente eran invisibles para muchos sectores de la sociedad, incluyendo quienes toman decisiones de políticas públicas. De esta manera, tanto a nivel urbano como en otras dimensiones, se han visibilizado, amplificado y profundizado desigualdades preexistentes y emergentes.

Este tiempo encuentra a las ciudades como puntos principales de concentración de los efectos que este virus ha producido a nivel mundial. Por otro lado, las ciudades en las que habita el 80% de la población latinoamericana, son también el lugar donde encontramos la mayor capacidad para responder a esta situación debido a la existencia de distintos actores y las oportunidades para una posible articulación virtuosa entre ellos.

A pesar de que las ciudades concentran los mayores impactos de la epidemia, la forma de experimentar el contexto está atravesado por las múltiples desigualdades que caracterizan a las ciudades latinoamericanas y, como tradicionalmente sucede, son los sectores más vulnerables quienes se llevan las peores consecuencias. 

Dentro de los grupos más afectados por los múltiples impactos de la epidemia, se encuentra la población de asentamientos precarios, que representa aproximadamente el 20% de la población urbana de la región. Se trata, a decir de María Cristina Cravino, de amplios fragmentos urbanos sin estatus de ciudad, tradicionalmente invisibilizados, rezagados y excluidos de las oportunidades de la urbanización. 

Entender cómo se ha vivido la epidemia desde la experiencia de las comunidades y las organizaciones del hábitat popular, es fundamental para pensar en una reconstrucción capaz de salir adelante de la epidemia sanitaria y, a la vez, atender las grandes deudas sociales y económicas de las ciudades latinoamericanas. 

Un Laboratorio sobre la Vivienda para identificar nuevos caminos

En este escenario, desde el trabajo y la articulación regional e internacional, distintos colectivos y organizaciones de base, académicas, profesionales, entre otras, confluimos en un espacio virtual para seguir aprendiendo, compartiendo experiencias e intercambiando saberes para analizar la coyuntura y los pasos a seguir. El desafío que nos propusimos es cómo avanzar a partir del conocimiento y reconocimiento de los esfuerzos colectivos realizados desde los barrios, territorios y comunidades de distintos países de América Latina y el Caribe.

Con estos propósitos nos auto convocamos y organizamos un Laboratorio de Vivienda (LAV) sobre Asentamientos precarios y Covid-19 en América Latina y el Caribe. El encuentro contó con la presencia de representantes de 16 países, integrantes de organizaciones de base, comunitarias, organizaciones no gubernamentales, académicas, redes y plataformas internacionales.

Los protagonistas del diálogo fueron líderes y lideresas de base comunitaria. Especialmente se generó un intercambio de experiencias y análisis sobre cómo estas organizaciones están respondiendo, desde el primer momento, a los desafíos adicionales que ha colocado el COVID19 en los barrios populares y comunidades precarizadas.

Resulta claro, pero no por ello evidente ante todas las miradas, que las condiciones de desigualdad preexistentes en barrios y asentamientos precarios han hecho que reciban mayores impactos ante la llegada del Covid-19. Si bien el mensaje difundido en la mayoría de los países se centraba en cómo este virus afectaba a todas las personas sin discriminación, no es cierto que lo haga de igual manera. Los grupos vulnerabilizados en los territorios, que ya experimentaban carencias en el goce de sus derechos y más específicamente en su derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, son quienes han tenido los mayores impactos. Son asimismo quienes han salido a responder con su esfuerzo y trabajo comunitario y colectivo.

Del análisis de las distintas situaciones en los países de la región hay varios puntos que se repiten. Ante las recomendaciones generales de instituciones, nacionales e internacionales, sobre el aislamiento y la higiene, rápidamente se denunció que esto no era posible para millones de personas en la región (y el mundo). El #QuedateEnCasa no era, ni es, posible para las personas que habitan en barrios y viviendas precarias, sin servicios, donde hay hacinamiento, donde las condiciones asociadas al hábitat, como acceso a agua y saneamiento, no están garantizadas. Tampoco era posible para millones de trabajadores y trabajadores informales que dependen de salir a ganarse el sustento cada día. Entonces, sin situar las acciones para responder a los desafíos que plantea la pandemia, es muy difícil que la población se aísle para cuidarse y sobreviva a la situación sanitaria y social desatada.

Las respuestas de la comunidad a la crisis

Ante las carencias o parciales medidas tomadas, en el mejor de los casos, por las autoridades nacionales o locales, las organizaciones de base han estado en la primera línea, asumiendo acciones para sus comunidades, haciéndose cargo, pero también denunciando y demandando acciones del estado. Creativamente proponiendo e implementando medidas comunitarias que han hecho la diferencia para millones de familias.

 

Fuente: Cities Alliance

En este sentido, los testimonios de compañeros y compañeras de distintos países han contribuido a pensar juntos, a compartir saberes para enfrentar el día a día y generar acciones de respuestas, pero también de incidencia. Para pensar la recuperación y qué ciudades y territorios son necesarios.

Desde Argentina, la Garganta Poderosa planteó la necesidad de visibilizar las necesidades estructurales de los barrios y asentamientos populares. Las villas miserias constituyen el principal espacio de riesgo sanitario por las condiciones de vida, la falta de infraestructura y las precariedades que produce la falta de urbanización y la carencia de servicios básicos. Se remarcaron las condiciones de hacinamiento, la falta de agua, el deficiente servicio de electricidad y la carencia de elementos de higiene adecuados. La principal demanda se vincula con el “acompañamiento integral”. Esto sería realizar un seguimiento de toda la cadena epidemiológica, así como un abordaje integral de las condiciones urbanísticas y habitacionales del barrio. Por ejemplo, la política basada en identificar positivos a través de testeos no contempla que, una vez que se identifica el caso, la población no tiene las condiciones para continuar un proceso de aislamiento y distanciamiento social.

Ante la ausencia del Estado y siguiendo tradiciones y experiencias locales, se fortalece la organización comunitaria. “Como territorios, como vecinos y vecinas, estamos en la primera línea, nos estamos cuidando colectivamente”. Por ejemplo, con una red de psicólogxs, promotores sociales que brindan información a los habitantes del barrio, ollas populares, comedores, etc. Asimismo, se sostienen iniciativas autogestivas como la Revista La Garganta Poderosa (un espacio alternativo de comunicación) y la Casa de las mujeres y las disidencias, entre otras.

Liderazgo comunitario ante una respuesta estatal limitada

Fuente: Ruben Perez Flores, Red de Ollas Comunes Metropolitana, Lima, Peru

En este sentido, es importante recuperar dos dimensiones. En primer lugar, la necesidad de implementar políticas públicas desde el Estado que garanticen los ingresos necesarios para que los habitantes de estos asentamientos populares puedan resguardar su salud y disminuir la circulación y su exposición al virus. En segundo término, es claro que el hacinamiento dificulta la distancia social y que los trabajadores informales y precarizados necesitan ingresos día a día. Pero no se puede subestimar la persistencia y la potencia de la organización social comunitaria, también para asegurar la prevención, si es necesario, mediante el aislamiento o la distancia. Los habitantes de los barrios populares lo cumplen creando otras maneras de cuidado y prevención. Por ejemplo, implementando el distanciamiento y estrategias de prevención de salud comunitaria en espacios comunes como escuelas, clubes o comedores. También cuidando colectivamente los tránsitos dentro del barrio y preservando comunitariamente a las poblaciones de riesgo.

Además de los impactos en la salud pública, la epidemia del coronavirus ha acelerado la crisis económica de la región y las organizaciones comunitarias se han visto en la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar su subsistencia y desarrollo económico. En esa dimensión, desde el Movimiento Urbano Popular se ha destacado la importancia de las redes de economía popular dentro de la Ciudad de México, que a través de diversos mecanismos de economía solidaria han podido responder a los efectos económicos de la epidemia, lo que ha permitido dar atención a la población migrante, indígenas, personas en situación de calle, entre otros sectores tradicionalmente víctimas de la exclusión urbana.  

En este contexto, al centro de la organización comunitaria, las organizaciones coinciden en destacar el papel de las mujeres como actoras principales de la articulación de iniciativas dentro de la comunidad y en coordinación con otros actores públicos y sociales. En esa línea, desde la Asociación Intercomunitaria de Salud, Educación y Medio Ambiente (AISEMA), se destaca el efecto de profundización de las desigualdades de género, que a la vez que ha incrementado la carga de las mujeres en cuanto a las actividades de cuidado y agudizado la precarización de las condiciones laborales, también ha cargado en ellas, lideresas y gestoras comunitarias, las principales responsabilidades de respuesta sanitaria, económica y social de la epidemia.

Esta respuesta comunitaria, en muchos casos ha tenido que hacer frente a una escalada de la violencia institucional por parte de la fuerza pública en particular y desde distintas instituciones públicas en general. Así lo han afirmado desde la Unión por la Moradia Popular de Brasil, quienes compartieron que la reacción a la pandemia ha venido acompañada del aumento de violaciones a los Derechos Humanos, que han afectado a los sectores más pobres de la ciudad y, dentro de estos, con mayor intensidad a la población negra -especialmente a los jóvenes-, y a las mujeres.

En síntesis, a pesar que las respuestas estatales y las relaciones establecidas con las comunidades varía de caso a caso, se coincide en identificar la debilidad de una respuesta oportuna, inclusiva y eficaz por parte del Estado, frente a la que las y los pobladores de los asentamientos precarios destacan la organización comunitaria como la primera línea de respuesta a la crisis multidimensional. Por otro lado, las falta de efectividad evidenciada es también un reflejo de debilidades estructurales de nuestros Estados para garantizar la igualdad y el bienestar común, entre las que se han destacado la fragmentación de los niveles y sectores de gobierno, la ausencia de un enfoque territorial de las políticas urbanas y la falta de capacidad de las políticas sociales para adaptarse a las múltiples diversidades que componen las sociedades latinoamericanas. 

Hacia nuevos modelos para «Reconstruir mejor»

Con la mirada puesta en un proceso de recuperación que permita ‘reconstruir mejor’, desde los diversos puntos de vista se hicieron llamados a lo que podríamos llamar un proceso de reforma resiliente del Estado post pandemia en clave de Derechos Humanos que, por un lado, permita desarrollar capacidades para prevenir futuras crisis sanitarias y, a la vez, siente las bases para un nuevo modelo de desarrollo con mayor y mejor presencia y sentido de lo público.

Entre las líneas de trabajo mencionadas para avanzar en este proceso de reingeniería pública general y de las políticas urbanas en particular, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad ha hecho el llamado a construir un nuevo municipalismo, en el que múltiples enfoques e identidades convergen para construir un proyecto alternativo de ciudad fundamentado en la función social del hábitat y el territorio, la defensa de los bienes comunes, la radicalización de la democracia local, entre otros.

Fuente: Ruben Perez Flores, Red de Ollas Comunes Metropolitana, Lima, Peru

Llevado al plano de la gestión de proceso de recuperación sostenible, se planteó la necesidad de una planificación urbana intertemporal, capaz de combinar e intercambiar estrategias y acciones de respuesta y recuperación en la medida en que la convivencia con el virus y sus multiformes manifestaciones sociales irán evolucionando. Asimismo, se destaca el llamado a romper los silos de la gestión pública para construir e implementar políticas urbanas interinstitucionales, internivel e intersectorialidades, organizadas alrededor de un enfoque territorial que reconoce las múltiples escalas en las que opera el fenómeno urbano y los impactos que tiene en el hábitat popular.

Esa nueva generación de políticas urbanas debe tomar de base la experiencia construida a través de los años de resistencia de las comunidades de asentamientos precarios y de los barrios populares en general. La cual, como se manifestó en el diálogo y hemos querido reseñar en estas líneas, no solo ha sido el eje articulador de la respuesta a la emergencia, sino que ha puesto de manifiesto que existen formas alternativas de construir ciudad y de relacionarnos entre habitantes y con nuestro entorno. Se trata de un cúmulo de experiencias populares que a través de la práctica cotidiana de la subsistencia, la resistencia y la transformación del hábitat, aportan luces para pensar que otra ciudad es posible y es urgente construirla. 

En esa línea, el LAV dejó puertas abiertas para seguir imaginando, debatiendo y construyendo sinergias para la solidaridad, a través un espacio de intercambio abierto y diverso para la praxis urbana latinoamericana y, esperamos en próximas ediciones, del Sur Global.

Entre esas líneas, claramente destacan:

  • continuar promoviendo y dando vida a estos espacios de articulación regional e internacional, con las voces de las líderanzas barriales, para seguir intercambiando y construyendo aprendizajes de manera conjunta. Estos espacios no son nuevos, pero sigue siendo un desafío, el fortalecer y experimentar diversas y nuevas maneras de visibilizar el conocimiento acumulado en el territorio, así como de fortalecer las acciones y soluciones que los habitantes de los barrios ponen en marcha ante emergencias como el Covid-19. 
  • Seguir vigorizando las alternativas que las organizaciones de base han acuñado por varias décadas y que, en algunos casos, han logrado incidir en políticas urbanas que incorporan visiones más inclusivas y sostenibles como las economías solidarias, la soberanía alimentaria, la atención de las violencias estructurales con perspectiva de género, entre otras.
  • Seguir dialogando y entendiendo el cómo transitar hacia las ciudades y sociedades del cuidado, reconociendo el rol fundamental de las mujeres y trabajar hacia la corresponsabilidad. Han sido y son ellas quienes mayoritariamente cuidan de los hogares y las comunidades –economías del cuidado– un trabajo no remunerado que permite la supervivencia cotidiana de las personas. Las mujeres de la región han sido las más vulneradas económicamente ante la pandemia Covid-19, ocupando los sectores con mayor contracción económica y el 60% de los trabajos informales, además de ser las más propensas a la pobreza extrema e inseguridad alimentaria (ONU Mujeres, 2020). Reconocer y redistribuir los trabajos del cuidado y mejorar los ingresos y condiciones laborales de las mujeres resulta una prioridad dentro de las redes y comunidades urbanas barriales, de cooperación internacional, académicas y gubernamentales.

 El otro gran tema, ampliamente discutido durante este Laboratorio Urbano, es seguir encontrando formas de incidencia y formación de alianzas entre las organizaciones de base y los diversos actores, sectores y niveles de acción que toman decisiones sobre los territorios urbanos. Así pues, un desafío clave es incentivar y promover una gobernanza inclusiva que apoye las alianzas existentes, las emergentes durante la crisis COVID-19 y la formación de nuevas —no de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo— sino a través de procesos que fomenten las relaciones de confianza y solidarias entre pares. Estas alianzas multinivel, intersectoriales e interinstitucionales se vuelven esenciales para integrar, diversificar y dirigir los fondos, financiamientos y políticas públicas post Covid-19 hacia las poblaciones y habitantes más afectados y vulnerados, no solo por la pandemia sino por condiciones estructurales.

Finalmente, se reconoció que impulsar una transición hacia ciudades más inclusivas y basadas en el derecho y la función social del hábitat, es un proceso de aprendizaje en el que no existe una sola respuesta; por lo tanto, los siguientes pasos se construirán colectivamente y a través de procesos constantes de diálogo, coproducción de conocimientos, negociación y renegociación, así como a través de la articulación de nuevas redes y sus diversas respuestas. Sin dudas, estos diálogos tendrán que poner cada vez más al centro a las personas y a la vida, no solo de los seres humanos sino del planeta. Esta será la forma de afrontar y superar las crisis cada vez más recurrentes y entrelazadas: sanitarias, económicas, climáticas y ambientales, migratorias, entre otras.

Autores :

  • Luis Bonilla Ortiz-Arrieta. Economista y Magíster en Estudios Políticos y Sociales Latinoamericanos. Miembro del Grupo de Trabajo «Desigualdades Urbanas» de CLACSO.
  • Ivahanna Larrosa. Arquitecta, Maestranda en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, UDELAR (Uruguay), Investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo- Uruguay (CIEDUR).
  • Karol Yáñez Soria. PhD Desarrollo y Planeación por Development Planning Unit, University College London. Investigadora Cátedra CONACYT. Adscrita a CentroGeo México.
  • Pablo Vommaro. Historiador. Doctor en Ciencias Sociales, Profesor de la Universidad de Buenos Aires e Investigador del CONICET. Director de Investigación de CLACSO.