La Comunidad de Madrid argumenta que la cifra de 4.700 euros al mes por menor extranjero no acompañado (mena) que figura en el cartel electoral de Vox -investigado por la Fiscalía por un posible delito de odio- "es engañosa". En la Consejería de Políticas Sociales precisan que "no es una ayuda directa, sino el coste de un recurso" para niños tutelados, y que "no tiene que ver con su nacionalidad, sino con sus necesidades".
La red de centros de protección para menores de edad en Madrid está formada por 98 recursos residenciales con 1.903 plazas "adaptadas a las distintas necesidades" que presentan las personas con medidas de protección por parte del Gobierno autonómico, independientemente de su país de origen. Algunos de ellos atienden a colectivos específicos, como el de los menas, pero también al grupo de niños de entre cero y 10 años, adolescentes de 13 a 17 o personas con problemas de salud mental.
"El coste mensual de las plazas no está relacionado con el colectivo al que atiende, sino con la tipología de servicios que ofrece y que pueden suponer un mayor o menor coste", argumentan en Políticas Sociales. "Así, por ejemplo, el Centro Picón, específico para menores con problemas de conducta, dificultades de adaptación y/o consumo de tóxicos, que atiende tanto a menores españoles como extranjeros, requiere de una intervención especializada que hace que su precio por plaza (por encima de 5.000 euros mensuales) sea mayor que el que fija el acuerdo marco para el acogimiento residencial en hogares de menores de cero a 18 años, que supone algo más de 3.100 euros mensuales", añaden.
En todo caso, desde el Gobierno regional insisten en que "estas cantidades no son en ningún caso ayudas sociales, sino el coste de los servicios que la Comunidad de Madrid debe prestar por obligación legal como entidad pública de protección de menores". Además, subrayan que deben prestar estos servicios "por obligación legal como entidad pública de protección de menores".
El argumento de Vox
En una entrevista con EL MUNDO el viernes pasado, la candidata de Vox a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Rocío Monasterio, afirmó que no es de "justicia" que "el que ha cotizado 40 años esté con una pensión de 400 euros y el que ha llegado aquí saltando la valla de Melilla de forma ilegal tenga 4.700 euros" al mes.
A preguntas de este periódico, Monasterio explicó que esa cifra la había sacado de los acuerdos de Gobierno adoptados por el equipo de Isabel Díaz Ayuso desde el 10 de septiembre de 2019 contabilizando "todas las empresas beneficiarias" y "el coste de todas las adjudicaciones", dividido por 12 meses y el número de plazas.
"La media son esos 4.000 y pico, pero hay veces que la plaza nos sale a 8.558 o 5.763 euros", señaló la candidata de Vox a la Presidencia regional. "Si quieren podemos colgar los papeles en Twitter para que la gente compruebe la delicia de lo que estamos pagando", añadió tras insistir en su crítica a los menas: "¿De verdad podemos mirar a los ojos a una pensionista que tiene una pensión de 400 euros (...) mientras un inmigrante ilegal de estos que están en Batán atemorizando a la gente tiene una plaza por 4.700 euros del dinero de todos los madrileños?".
Según la Consejería de Políticas Sociales, a 31 de marzo había un total de 3.709 menores con medidas de protección asumidas por la Comunidad de Madrid. De ellos, 2.637 (el 71,1%) son españoles y 1.072 (el 28,9%) son extranjeros. Dentro de estos extranjeros, 269 (el 7,2% del total) son menas.
Críticas de Ayuso
A esa cifra de 269 menas se ha referido Ayuso para censurar la campaña "maniquea" de Vox contra dicho colectivo que se enmarca en una población de siete millones de habitantes. "Nosotros estamos obligados a darles la oportunidad de integrarse, que es lo que ocurre con la mayoría de ellos (...). La mayoría de los extranjeros no son delincuentes por el hecho de serlo y para mí pesa lo mismo un delito lo cometa alguien nacido aquí que alguien nacido en Casablanca", ha asegurado la presidenta madrileña y aspirante a la reelección en una entrevista en la Cadena Ser.
La candidata del PP también ha acusado al partido de Santiago Abascal de encabezar una "corriente negacionista" frente al Covid-19 que, a su juicio, "está fuera de lugar". Responde así a la petición de dicha formación para que retrase el inicio del toque de las 23.00 a las 00.00 horas y evite de esta manera que la hostelería pierda "dos millones de euros diarios" por cerrar una hora antes.
"Sigue falleciendo y contagiándose gente y al final tienes que optar por el menor mal posible", ha defendido Ayuso, que ha admitido que está "en medio de una situación muy complicada". "Si cierras todo el virus no para y encima estás arruinando a gente que jamás recuperará el pulso de su vida y si no haces nada el virus se descontrola. Hay que tomar una solución intermedia", ha subrayado.
Además, la presidenta madrileña también ha marcado diferencias con Monasterio en su exigencia de aplicar un pin parental para que los padres pueden impedir que sus hijos reciban contenidos de género en las aulas y ha evitado referirse a si estaría dispuesta a cederle alguna cartera de su Gobierno si necesitara el apoyo de este partido para su investidura como presidenta. "Yo no quiero hablar de pactos porque quiero gobernar en solitario", ha concluido.
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