Referencia del Consejo de Ministros

8.3.2022

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Madrid

SUMARIO

Trabajo y Economía Social

  • ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas, por la realización de actividades de carácter sindical, por importe máximo de 17.000.000 de euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • REAL DECRETO por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.
  • ACUERDO por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en economía circular (PERTE EC).
  • ACUERDO por el que se toma razón de la segunda ampliación de la declaración de emergencia de las actuaciones para el mantenimiento del suministro de agua para regadío y otros usos a la zona afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, por un importe máximo de 2.500.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Defensa

  • REAL DECRETO por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada "Destacamento y Campo de Tiro de Los Montalvos", ubicada en el término municipal de Aldeatejada, en la provincia de Salamanca.

Hacienda y Función Pública

  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 190.224,50 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial, según el Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto-ley 2/2019, a diversos municipios de Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
  • ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 6.529.000 euros desde la Sección 37 "Otras relaciones financieras con Entes Territoriales" al Ministerio de Cultura y Deporte para hacer frente a necesidades ineludibles en este Departamento y en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, O.A.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 89.108.589,39 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena", en las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, Navarra, Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 611.153.714,87 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 4.594.115,95 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial para paliar daños causados por diversos temporales en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Región de Murcia, Canarias, Cataluña y Navarra.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la convocatoria de becas de formación en ensayos de control sobre productos objeto de comercio exterior correspondiente al año 2022.
  • ACUERDO por el que se autoriza adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo la reprogramación de los programas EF-2000 y A400 M, para atender necesidades de sostenimiento de sistemas y equipos, así como a la reposición y modernización de los intermedios y menores de las Fuerzas Armadas.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, O.A., la contratación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como otras necesidades esenciales.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Universidades atender diversos contratos de servicios de mantenimiento y soporte informático, así como para la realización de actuaciones de auditoría financiera.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general y para necesidades educativas especiales para el curso 2022-2023.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la prórroga de un encargo y la tramitación y prórroga de diversos contratos necesarios para el funcionamiento del departamento.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y la fundación de esta, para el desarrollo de actividades para la formación y el desarrollo de recursos competenciales digitales docentes (Componente 19, Inversión 3).
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el Artículo 10. Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con la finalidad de posibilitar al Organismo Autónomo Instituto de las Mujeres la realización de nuevos gastos destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.000.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 531.600.000 euros.

Interior

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de gas natural a los establecimientos penitenciarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, por un valor estimado de 13.399.956,23 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • REAL DECRETO por el que se regula la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras españolas.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los taludes de terraplén situados en los puntos kilométricos 295+600, 284+050 y 280+340 de la autovía A-66, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Zamora, por importe de 540.375,18 euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por el que se aprueba el cuadragésimo tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

  • ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
  • ACUERDO por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España.

Política Territorial

  • ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

Igualdad

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Universidades

  • ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
  • ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

SERVICIOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos y define los derechos y las obligaciones de los agentes que participan en la actividad, para facilitar su desarrollo y proteger más a los usuarios. Entre las obligaciones se incluye la remisión de información sobre las características de las instalaciones para elaborar un mapa oficial de puntos de recarga que se hará público en los próximos meses.

El decreto contribuye a completar el marco normativo de aplicación a la actividad de recarga de vehículos eléctricos, en el que trabaja intensamente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (en adelante MITECO) para dinamizar la movilidad sostenible y alcanzar el objetivo fijado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR) de disponer de 100.000 puntos de recarga pública en 2023.

Operadores y prestadores de servicios

El decreto define las dos figuras jurídicas que pueden participar en la actividad de recarga: el operador del punto de recarga, titular de los derechos de explotación de las estaciones de recarga y responsable de su operación física, y la empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica, un intermediario entre los operadores y los usuarios de vehículos eléctricos, que puede prestar servicios de valor añadido a dichos usuarios.

La normativa únicamente afecta a los puntos de recarga de acceso público, no a los puntos de particulares o de empresas para sus flotas, y establece los derechos y las obligaciones de los operadores y de los proveedores de servicios para facilitar las recargas y reforzar la protección de los usuarios.

Por ejemplo, ambos actores deben informar sobre el origen de la energía eléctrica suministrada, deben disponer de un servicio de atención al cliente para recoger quejas, reclamaciones o incidencias del servicio y deben preservar el carácter confidencial de la información de la que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad. Los operadores, en tanto que responsables de la operación física de los puntos de recarga, garantizarán el cumplimiento de la normativa de calidad, seguridad industrial y metrología que resulte de aplicación.

Asimismo, el real decreto refuerza la obligatoriedad de la recarga puntual en estaciones de acceso público, sin que puedan establecerse barreras de naturaleza técnica o contractual, garantizando el acceso de todos los usuarios de vehículos eléctricos a la recarga y reduciendo la denominada "ansiedad de autonomía".

Mapa oficial de puntos de recarga

Adicionalmente, los operadores y los proveedores deberán remitir al MITECO, a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla la información necesaria para publicar un mapa oficial de puntos de recarga que indique su localización, características y precio de la recarga, entre otros datos, y que estará disponible a través del geoportal de gasolineras de MITECO https://geoportalgasolineras.es/#/Inicio. Una orden ministerial en tramitación regula el tipo de información a remitir.

Se está desarrollando rápidamente un marco regulatorio incentivador del despliegue de puntos de recarga, que se complementa con las ayudas económicas con cargo al PRTR, como los 800 millones de euros del programa MOVES III. Recientemente se han aprobado dotaciones mínimas de recarga en los aparcamientos, la opción de rebajar la fiscalidad local por parte de los ayuntamientos o la simplificación de los trámites y requerimientos administrativos para instalar nuevas estaciones de recarga, entre otras medidas de impulso.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PERTE DE ECONOMÍA CIRCULAR

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, un plan destinado a acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso de materias primas que pretende dar cumplimiento a los objetivos contenidos en la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030 y posicionar a España como referente internacional en la gestión, reciclaje y reutilización de residuos. El PERTE de Economía Circular busca asimismo incrementar la competitividad de los sectores industriales y la empresa en general, y asegurar una mayor autonomía estratégica del país en un contexto de alta incertidumbre internacional.

Se pretende que este PERTE contribuya de manera decisiva a los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la autonomía estratégica de España en cuanto a disponibilidad de materias primas y reducir la vulnerabilidad ante las crisis globales.

La Economía Circular supone un cambio de paradigma de producción y consumo en el que materiales y recursos se mantienen en la economía durante el mayor tiempo posible, se reducen al mínimo los residuos generados y se valorizan aquellos que son inevitables recuperando sus componentes para volver a introducirlos en el ciclo productivo.

Avanzar en la economía circular en la industria española

De este modo, el PERTE apuesta por los tres objetivos fundamentales para el avance de la Economía Circular en la industria española: el fomento del ecodiseño de los productos para hacerlos más duraderos y reparables desde su mismo origen, reduciendo los residuos; la mejora de la gestión de residuos mediante plantas de tratamiento que incrementen la reutilización, el reciclado y la incorporación de materias primas recuperadas en la producción de nuevos bienes. Y el impulso de la digitalización vinculada a ambos objetivos, que permitirá mejorar la competitividad e innovación del tejido industrial en cualquier sector.

Para lograr estos objetivos, el PERTE fija ayudas de 492 millones de euros y movilizará recursos superiores a los 1.200 millones entre inversión pública y privada que se desarrollarán desde este año y hasta 2026. En esta línea, el plan se compone de 18 instrumentos distribuidos en dos líneas de acción: actuaciones en sectores claves, que cuenta con una presupuesto de 300 millones y actuaciones transversales para impulsar la economía circular en la empresa, dotada con 192 millones.

Una estrategia transversal

Debido a la propia naturaleza transversal que caracteriza a la economía circular, una de las dos líneas de acción del PERTE está específicamente dirigida en los procesos productivos.

Incorpora un programa de ayudas para el impulso de la economía circular en el ámbito de la empresa, con el objetivo de mejorar la competitividad y la innovación del tejido industrial y se distribuirá en cuatro categorías: reducción del consumo de materias primas vírgenes; ecodiseño; gestión de residuos y digitalización.

Las medidas contempladas en el plan se encuadran principalmente en la componente 12 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR). Sin embargo, van más allá y permean otros componentes del plan generando sinergias con otros PERTE en ámbitos como la construcción; la agricultura, la ganadería y la pesca; la gestión hídrica; la energía y las renovables; el turismo o la recapacitación, la formación profesional y el empleo verde.

Esta línea activará ayudas a las empresas por valor de 100 millones de euros en una primera convocatoria, ampliables hasta los 192 millones en función de la acogida y demanda.

Impulso a la circularidad en sectores estratégicos

La otra línea de actuación, financiada con 300 millones de euros, es un instrumento diseñado para impulsar la implantación de esquemas circulares en nuestro país, en particular en tres industrias específicas que abordan serios retos de sostenibilidad: la textil-moda, la del plástico y la de las energías renovables.

En estos tres sectores confluyen un elevado nivel de implantación en nuestro país, grandes expectativas de crecimiento potencial con la generación de un elevado volumen de residuos y la necesidad de dar un mayor impulso a la circularidad.

Por otro lado, las dificultades en el acceso a la tecnología necesaria, junto al elevado coste que hoy en día caracteriza los procesos precisos para la reutilización y el tratamiento de sus residuos, hace imprescindible el apoyo público a proyectos que promuevan esta transformación, complementando así los esfuerzos empresariales en este ámbito. Las ayudas sumarán 100 millones por cada uno de estos sectores.

Textil y moda

El sector textil, uno de los de mayor importancia en nuestro país, plantea retos ambientales debido al impacto que provoca su modelo de producción y consumo rápidos. Para mejorar su competitividad a nivel internacional y ofrecer al consumidor productos textiles seguros, de alta calidad y asequibles, el PERTE actuará para incorporar al sector materias primas con bajo impacto, invertirá en tecnologías e infraestructuras que faciliten la reutilización y el reciclaje e impulsará medidas para mejorar la trazabilidad de productos y materiales.

Sector del plástico

Por su parte, el sector del plástico está comprometido en la búsqueda de alternativas eficientes para el reciclaje y la valorización de sus residuos, debido a los elevados impactos medioambientales derivados de su abandono, a las exigencias cada vez más altas en las tasas de reciclado o a la necesidad de satisfacer la demanda de materias primas de calidad para el sector alimentario. Es por esto que el PERTE contempla medidas como fomentar el ecodiseño, promover el impulso de envases reutilizables y potenciar el reciclado mecánico y químico.

Bienes de equipo para energías renovables

En cuanto a las energías renovables, el despliegue que está viviendo el sector en la actualidad exige gestionar los residuos generados por estas tecnologías cuando las instalaciones llegan al final de su vida útil. Componentes como las palas de los aerogeneradores eólicos, paneles fotovoltaicos o baterías de almacenamiento deberán integrarse en un esquema de producción y reutilización circular, en coherencia con el liderazgo de nuestro país en la generación de energía de fuentes renovables. Por ello, el plan fomentará el ecodiseño de estos productos asociados al sector de la energía limpia, así como el desarrollo de instalaciones y sistemas que permitan incrementar la reutilización y el reciclaje de estos productos.

Además, en lo tocante a las baterías, el PERTE permitirán financiar instalaciones de tratamiento, inexistentes hoy en España, que faciliten la recuperación de materiales valiosos como el litio o el ión litio, y también el desarrollo de sistemas para implementar la segunda vida de las baterías procedentes de la movilidad eléctrica que pueden emplearse para otros usos.

Clave en la recuperación

La economía circular será una de las claves de la reactivación en España, favoreciendo nuevos nichos de empleo y aportando resiliencia al aliviar la dependencia de nuestra economía del exterior en un momento de incertidumbres en la disponibilidad de materias primas y otros insumos.

Se calcula que la aplicación de los principios de circularidad a toda la economía de la Unión Europea podría aumentar el PIB comunitario en un 0,5% adicional de aquí a 2030 y crear unos 700.000 nuevos puestos de trabajos de los que al menos un 10% podrían ser españoles.

Desde el primer momento, la economía circular ha constituido una de las grandes apuestas del Gobierno de España. Por eso, adoptó en junio de 2020 la Estrategia Española de Economía Circular -España Circular 2030, un esquema que marca objetivos cuantitativos para alcanzar un nuevo modelo de producción sostenible ambiental y económicamente.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MARCO DE ASOCIACIÓN PAÍS ESPAÑA-MOZAMBIQUE 2021-2024

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento del Acta de la VIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Mozambiqueña de Cooperación por el que se aprueba el Marco de Asociación País España-Mozambique 2021-2024.

Los Marcos de Asociación País (MAP) son los instrumentos de planificación estratégica y geográfica de la Cooperación Española. Su objetivo principal es disponer de una visión coherente, global y compartida con el país socio sobre el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, apoyando a los países asociados para su desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030.

El MAP España-Mozambique 2021-2024, que fue aprobado por la octava reunión de la Comisión Mixta del Cooperación entre España y Mozambique, celebrada el 14 de octubre de 2021 , tiene como marco el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y la República de Mozambique, firmado en Maputo el 12 de diciembre de 1980.

Con la firma de este MAP, España y Mozambique se comprometen con el cumplimiento de la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las agendas derivadas de los ODS y del Acuerdo de París, que revisten especial importancia para ambos países. En el caso de la cooperación española, son la base de la que se nutre su V Plan Director.

En concreto, la cooperación española se compromete a contribuir para conseguir diferentes metas y líneas de acción de los ODS en Mozambique, en las cinco dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Alianzas y Paz.

Las acciones se destinarán al alcance de los siguientes resultados de desarrollo:

  • Aumento, de manera sostenible, de la producción y productividad de las explotaciones agrarias en las zonas priorizadas y reducción de la desnutrición crónica.
  • Aumento del acceso, y mejora de la calidad, de los servicios de salud.
  • Sistema educativo inclusivo, eficiente y eficaz que responda a las necesidades de desarrollo humano.
  • Promoción de la igualdad y equidad de género en todas las esferas y empoderamiento de las mujeres y las niñas contra circunstancias que las ponen en situación de vulnerabilidad.
  • Mejora de la provisión de servicios públicos y fortalecimiento de la integridad de la administración pública.

Las prioridades sectoriales acordadas en este MAP no excluyen actuaciones puntuales y asistencias técnicas estratégicas en otros sectores. Además, todas las actuaciones se concebirán e implementarán desde la perspectiva de los enfoques o componentes de género y defensa de los derechos de la mujer, cambio climático, derechos humanos y diversidad cultural y se tendrá en cuenta los efectos de la pandemia de la covid-19.

En el último año de ejecución del MAP se llevará a cabo una evaluación externa, enfocada especialmente en plazo y forma para la elaboración del siguiente MAP. Dicha evaluación se focalizará en el análisis del grado de consecución de los resultados intermedios de la cooperación española y en el examen de los aspectos internos y externos que han influido en el logro o no de las previsiones del MAP.

En cuanto a la rendición de cuentas, los informes se presentarán en los comités de seguimiento anuales con el Gobierno de la República de Mozambique y la sociedad civil. Corresponderá a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), AECID y los entes públicos españoles la difusión en España relativa a las intervenciones y acciones derivadas del MAP. Complementariamente, para la rendición de cuentas se utilizarán los distintos mecanismos y espacios de coordinación en los que España participa junto con otros países y Organizaciones Internacionales.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO DE COOPERACIÓN AVANZADA ESPAÑA-CABO VERDE 2022-2030

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento del Acta de la V Reunión de la Comisión Mixta entre Cabo Verde y España por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Avanzada España-Cabo Verde 2022-2030.

Las relaciones de cooperación entre la República de Cabo Verde y el Reino de España se remontan 42 años atrás, con la entrada en vigor el 26 de noviembre de 1979 del Acuerdo General de Cooperación Científica y Técnica, firmado en Madrid el 18 de junio de 1979.

La República de Cabo Verde es, desde 1976, un país miembro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Unión Africana, desde su fundación en el año 2000. Cabo Verde es considerado como Pequeño Estado Insular en Desarrollo, según la clasificación de las Naciones Unidas, y como País de Renta Media-Baja, por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Desde 2018, España considera a la República de Cabo Verde como un socio estratégico, por su vecindad con las Islas Canarias, y como país socio de Cooperación Avanzada, con el que plantea una cooperación renovada y estratégica.

El acta de la V Comisión Mixta contiene el Acuerdo de Cooperación Avanzada (ACA) entre España y Cabo Verde para los próximos ocho años, 2022 al 2030. Este acuerdo determinará las relaciones bilaterales en cooperación para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En función del ACA, la cooperación española desarrollada en Cabo Verde durante los próximos ocho años se alineará con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

  • Igualdad de género (ODS 5). La cooperación española continuará acompañando a Cabo Verde a través de programas y proyectos en materia de empoderamiento económico y político de las mujeres, así como en cuestiones relevantes en el país para conseguir la plena igualdad de género y la reducción de todo tipo de violencia o discriminación hacia las mujeres, en el marco del V Plan de Igualdad de Género 2021-2025 y sucesivos.
  • Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8). En este ámbito, la cooperación española priorizará acciones para la diversificación de la matriz productiva del país en sectores como la pesca y el turismo, dando continuidad a los trabajos en agricultura que están en ejecución, y abordará el fortalecimiento de las industrias culturales como contribución de la cultura y el desarrollo al crecimiento inclusivo.
  • Vida submarina (ODS 14). La cooperación española contribuirá al sector de la economía azul, uno de los aceleradores del plan Ambición 2030 de Cabo Verde, liderando ese ámbito en el marco del Grupo de Apoyo Presupuestario (GAO), entre otros instrumentos como programas, proyectos y alianzas multiactor.
  • Alianzas para el logro de los objetivos (ODS 17). La cooperación española explorará su participación en los marcos de coordinación interagenciales, multidonante y multiactor, en coherencia con la reforma del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas. También, en los espacios de coordinación entre donantes del diálogo de políticas con Cabo Verde con base en esquemas de armonización entre donantes.

Cabe señalar que el ACA recoge diversas modalidades de cooperación, como la bilateral, multilateral, así como la triangular y delegada y la financiera reembolsable. Estas modalidades junto con instrumentos como los programas y proyectos, la ayuda programática, el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE), las alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD), el programa de cooperación técnica y la gestión del conocimiento y cultural, suponen una apuesta innovadora para la implementación del modelo de cooperación entre socios planteado en el ACA.

Para el seguimiento de este ACA, las dos partes acuerdan crear un Comité Binacional paritario, dotado de una Secretaría Técnica, que se ocupe del seguimiento, evaluación y actualización del documento a la luz de las recomendaciones de las revisiones trienales recogidas en el ACA, en aras de una debida rendición mutua de cuentas.

Hacienda y Función Pública

FONDO DE CONTINGENCIA PARA FINANCIAR DAÑOS PROVOCADOS POR CATÁSTROFES NATURALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 4.594.115,95 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial para paliar daños causados por diversos temporales en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Región de Murcia, Canarias, Cataluña y Navarra.

De acuerdo con el artículo 9 del real decreto-ley 11/2019 y el artículo 1 de los reales decretos 778/2020 y 904/2020, a los proyectos directamente relacionados con los siniestros a los que se refiere el artículo 1 que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las comunidades autónomas uniprovinciales relativos a obras de reparación o de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones, de sus servicios de titularidad municipal o de su red viaria, se les podrá conceder una subvención de hasta el 50% de su coste, excluidos los trabajos llevados a cabo con medios propios no personificados de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.

Según la memoria que acompaña al expediente presentado por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial, la situación particular de las tres convocatorias es la siguiente:

  • En relación con las subvenciones que prevé el real decreto-ley 11/2019, durante el año 2022 se prevé librar 11.183.134,40 euros. De ese importe 10.821.648,43 euros corresponden a compromisos de 2021 pendientes de reconocer, que se financiarán con una incorporación de crédito y el resto, por 361.485,97 euros, se refiere a compromisos previstos para 2022, y se financiarán mediante este expediente.
  • Respecto a las subvenciones previstas por el real decreto 778/2020, durante 2022 está previsto reconocer obligaciones por importe de 5.027.848,21 euros, de los que 4.218.147,02 euros se financiarán a través de este expediente.
  • En cuanto a las subvenciones previstas al amparo de lo establecido en el real decreto 904/2020, en 2022 está previsto reconocer obligaciones por 21.449,69 euros, de los que 14.482,96 euros se refieren a compromisos de 2022 y que se financiarán a través de este expediente.

Para dar cumplimiento a este gasto, el Consejo de Ministros de este martes ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario, imputándose a la aplicación presupuestaria de nueva creación "Medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas (real decreto ley 11/2019)", por un importe total de 4.594.115,95 euros.

Apoyo para los daños provocados por 'Filomena' y otras catástrofes

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 89.108.589,39 euros y la concesión de un crédito extraordinario para paliar los daños causados por la borrasca 'Filomena' en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, Navarra, Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

A este fin, la autorización de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario se imputa a la aplicación presupuestaria de nueva creación 'Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca 'Filomena''.

El Consejo de Ministros también ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por 190.224,50 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial, según el Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto-ley 2/2019, a diversos municipios de Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, afectados por temporales de lluvia y nieve, inundaciones o incendios forestales.

La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial, inició expediente en solicitud de un crédito extraordinario con el objeto de financiar los daños causados por diversas catástrofes naturales, por importe de 190.224,50 euros.

El real decreto 630/2019, de 31 de octubre, en su artículo 1 declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversos municipios de las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, afectados por las situaciones catastróficas generadas por temporales de lluvias torrenciales, nieve, inundaciones, desbordamientos de ríos y torrentes o incendios forestales, acaecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019, que conllevasen la incorporación de medios extraordinarios estatales.

La resolución de 12 de junio de 2020 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública aprobó la convocatoria de las subvenciones, por un importe total máximo de 12.708.189,41 euros.

La resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública acordó la asignación de subvenciones, por un importe total de 8.393.111,31 euros.

Posteriormente, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2021 se autorizó un crédito extraordinario por importe de 4.926.024,76 euros para atender las necesidades que se fueran a producir durante el ejercicio 2021.

Durante el año 2022 está previsto reconocer obligaciones por un importe total de 927.503,46 euros, correspondiendo a 41 proyectos que se encuentran pendientes de liquidación. De dicho importe, una cuantía de 737.278,95 euros corresponde a compromisos de 2021, que se financiarán con una incorporación de crédito y el resto, por una cuantía de 190.224,50 euros, se refieren a compromisos previstos para 2022, financiándose a través de este expediente.

Para dar cumplimiento a dicho gasto, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario, que se imputa a la aplicación presupuestaria de nueva creación "reparación de los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019 (Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre)", por un importe total de 190.224,50 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Hacienda y Función Pública

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO PARA NECESIDADES EN CULTURA Y DEPORTE

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito por importe de 6.529.000 euros desde la sección 37 'Otras relaciones financieras con entes territoriales' al Ministerio de Cultura y Deporte para hacer frente a necesidades ineludibles en este departamento y en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, O.A.

La Subsecretaría de Cultura y Deporte ha solicitado una transferencia de crédito en los Servicios 01, 05 y en el Organismo Autónomo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, adscrito a este Departamento, para financiar diversas necesidades ineludibles en los citados centros afectados, por un importe total de 6.529.000 euros.

El resumen de las actuaciones más urgentes que requieren financiación es el siguiente:

  • Servicio 01 Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales. Obras de emergencia de demolición y reposición de varias plantas de la sede del Ministerio de Cultura y Deporte, situado en la Plaza del Rey, 1, de Madrid. Es urgente proceder a la ejecución de actuaciones derivadas de la retirada de las placas de amianto y renovación de todas las instalaciones del edificio.
  • Servicio 05 Dirección General de Bellas Artes. Por parte de este organismo, que tiene entre sus funciones la adquisición, conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, se observa que durante 2022 se presentan varias oportunidades únicas de adquirir obras excepcionales, como el 'Retrato de Ceán Bermúdez', de Francisco de Goya; 'Agnus Dei', de Francisco de Zurbarán, y la obra de Caravaggio 'Ecce Homo'.
  • El Organismo Autónomo 107, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) precisa dotar más crédito a las partidas fundamentales para llevar a cabo una convocatoria de ayudas para los sectores de la danza, la lírica, la música, el teatro y el circo.

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIONES DE CRÉDITO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 611.153.714,87 euros. En particular, la asignación de Fondo de Contingencia tiene como finalidad atender una ampliación de crédito por importe de 569.854.333,45 euros y cinco incorporaciones de crédito por un importe de 41.299.381,42 euros, con el siguiente detalle:

  • Ampliación de crédito en el Ministerio de Defensa para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, por un importe de 569.854.333,45 euros.
  • Incorporación de crédito procedente del año 2021 en el Ministerio de Sanidad, destinado a la prevención, investigación y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y otros fines, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por el tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, por un importe de 27.966.358,82 euros.
  • Incorporación de crédito en el Ministerio de Política Territorial para atender las subvenciones previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2018, por un importe de 660.707,33 euros.
  • Incorporación de crédito en el Ministerio de Política Territorial para atender las subvenciones previstas en el real decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, en el real decreto 778/2020, de 25 de agosto, y en el real decreto 904/2020, de 13 de octubre, por importe de 11.638.316,35 euros.
  • Incorporación de crédito en el Ministerio de Política Territorial para atender las subvenciones previstas en el real decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales, por un importe de 296.719,97 euros.
  • Incorporación de crédito en el Ministerio de Política Territorial para atender las subvenciones previstas en el real decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 7 del real decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019, por un importe de 737.278,95 euros.

Para dar cumplimiento a dichos gastos es precisa la autorización que se efectúa hoy en Consejo de Ministros de la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe total de 611.153.714,87 euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES DEL PERSONAL MILITAR

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y la fundación de esta, para el desarrollo de actividades para la formación y el desarrollo de recursos competenciales digitales docentes.

El Ministerio de Defensa ha solicitado autorización para adquirir compromisos de gasto para los ejercicios 2023 y 2024, con la finalidad de llevar a cabo un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y la fundación de esta, para el desarrollo de actividades para la formación y el desarrollo de recursos competenciales digitales docentes innovadores enfocados a la mejora de las competencias digitales del personal militar.

Con este acuerdo se pretende dar cumplimiento a lo contemplado en el componente 19, inversión 3, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El citado Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020.

La finalidad de esta norma es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo.

Integrando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se encuentra el componente 19, denominado "Plan Nacional de Competencias Digitales", que tiene por objeto entre otros:

  • La adquisición de competencias digitales para la educación a docentes y estudiantes en todos los niveles del sistema educativo.
  • La adquisición de competencias digitales avanzadas, tanto a los desempleados para mejorar sus condiciones de empleabilidad como a los ocupados, tanto en el sector privado como en el sector público.

En este contexto, dentro de las cuatro inversiones que contempla el citado componente, se encuentra "Competencias Digitales para el empleo", y en este contexto el Ministerio de Defensa el proyecto DIGCOMP 360 de formación en competencias digitales dirigido a personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas y reservistas de especial disponibilidad, personal de apoyo y profesorado de los centros docentes militares.

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, este proyecto se articula en las siguientes fases:

  • Fase I: Análisis de necesidades y diseño de un Programa de Capacitación en Competencias Digitales, puesta en marcha de un proyecto piloto, y diseño y definición de requisitos de recursos digitales docentes. Esta fase se desarrolla en 2022 y está presupuestada con dos millones de euros.
  • Fase II: Ejecución del Programa de Capacitación en Competencias Digitales y desarrollo e implementación de los recursos digitales docentes en una plataforma en línea, para los años 2023 a 2025.

Ambas fases deben realizarse en colaboración con una universidad pública que tuviera la capacidad y conocimientos necesarios. En este caso se ha optado por la Universidad Autónoma de Madrid.

El convenio tendrá como finalidad:

  • Diseñar un Programa de Capacitación en Competencias Digitales.
  • Formar y certificar a un mínimo de 8.955 alumnos del Ministerio de Defensa en competencias digitales.
  • Desarrollar e implementar recursos digitales docentes innovadores que puedan integrarse en una plataforma o sistema de aprendizaje en línea, de acuerdo con las fases indicadas anteriormente.

El importe total del convenio asciende a 22 millones de euros distribuido en las siguientes anualidades:

DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL IMPORTE DEL CONVENIO
AÑOCONVENIO CON UAM
20222.000.000,00
202310.000.000,00
202410.000.000,00
TOTAL22.000.000,00

Hacienda y Función Pública

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES POR EL ISFAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), O.A., la contratación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como otras necesidades esenciales.

En concreto, ISFAS solicitó autorización para modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos', cuya dotación inicial, a nivel de vinculación, en el presupuesto para el año 2022 es de 695.000 euros.

El ISFAS es el organismo público que gestiona el mecanismo del sistema de Seguridad Social al que se refiere el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, para su colectivo protegido y que incluye en su acción protectora, entre otros servicios y prestaciones, la asistencia sanitaria. El Instituto tiene la necesidad de iniciar la contratación para los ejercicios 2022 a 2024 de los siguientes servicios:

  • Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) empleados por el ISFAS para proporcionar información en redes sociales e internet de su actividad, como son la página web oficial, servicios y plataformas para que los afiliados puedan relacionarse digitalmente con el Instituto (sede electrónica) y los medios que posibilita y mantienen los citados sistemas (Centro de Proceso de Datos).
  • Sistema Informático de Dirección y Administración Económica (SIDAE), utilizado para realizar la gestión integral de todo su presupuesto anual, funciones de presupuestación, contabilidad, contratación, así como los expedientes asociados.
  • Evaluación y análisis. El ISFAS debe planificar la realización de estudios y trabajos técnicos para mejorar la eficacia de las funciones que realiza y eficiencia de los créditos a ellas destinados.
  • Otras necesidades.

Para atender estos costes, el ISFAS expone la necesidad de disponer de compromisos de crédito para los ejercicios 2023 y 2024 en la aplicación presupuestaria 'Estudios y trabajos técnicos' según nivel de vinculación, teniendo en cuenta los compromisos que ya tiene adquiridos, por el siguiente importe, aprobado en Consejo de Ministros.

COMPROMISOS DE CRÉDITO DEL ISFAS
AÑOCOMPROMISOS ASUMIDOS TICNUEVOS COMPROMISOSTOTAL COMPROMISOS% CRÉDITO INICIAL
2023257.629,07624.772,06882.401,13126,97%
2024894.587,15894.587,15128,72%

Hacienda y Función Pública

COMPROMISOS DE GASTO PARA CONTRATOS DEL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Universidades atender diversos contratos de servicios de mantenimiento y soporte informático, así como para la realización de actuaciones de auditoría financiera.

En particular, el Ministerio de Universidades ha solicitado autorización para modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios y trabajos técnicos', cuyo crédito inicial es de 551.160 euros, para tramitar los siguientes contratos de carácter plurianual, con repercusión en los ejercicios de 2022 a 2024:

  • Servicio de mantenimiento y desarrollo de SISFPU, SOLRUCT y HOMOLOGA. Hasta ahora el mantenimiento de estos sistemas estaba incluido en un contrato del Ministerio de Educación y Formación Profesional que finaliza en septiembre de 2022. A partir de esta fecha, cada departamento se hará cargo del mantenimiento de sus aplicaciones.
  • Contratación de un servicio de soporte funcional y asistencia técnica para la gestión de nóminas y seguros sociales a través de la aplicación NEDAES. Este expediente es necesario para dar continuación al vigente actualmente.
  • Servicio para la realización de la auditoría financiera de la actuación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) como agencia nacional que gestiona el programa Erasmus en los ámbitos de educación y formación.

Teniendo en cuenta el crédito inicial y los compromisos ya adquiridos, así como las nuevas necesidades en la aplicación 'Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios y trabajos técnicos', se tiene la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
Nuevas necesidades598.567,40405.119,62
Compromisos ya adquiridos95.618,6218.005,91
TOTAL694.186,02423.125,53
% Sobre el crédito inicial 125,95% 76,77%

Al superarse los límites de compromisos con cargo a ejercicios futuros al que se refiere el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se requiere la autorización que el Consejo de Ministros ha otorgado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo, en las anualidades 2023 y 2034.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA BECAS, AYUDAS Y NECESIDADES EDUCATIVAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general y para necesidades educativas especiales en el curso 2022-2023.

El Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas establece que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará un real decreto anual en el que se especifiquen, entre otros extremos y con carácter básico, las cuantías de los componentes y modalidades de becas o ayudas para cada una de las enseñanzas y los umbrales de renta y de patrimonio familiar para la obtención de cada uno de los componentes de las becas o ayudas al estudio en el curso académico correspondiente.

Dentro del marco establecido por esta normativa, anualmente se aprueban las correspondientes convocatorias que abren el proceso para solicitud y concesión de las mencionadas becas y ayudas.

En este sentido, el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene previsto la publicación de la convocatoria de becas y ayudas de carácter general y para necesidades educativas especiales para el curso 2022-2023, por un importe estimado de 2.128.058.814,56 de euros, con el siguiente desglose:

BECAS Y AYUDAS DE CARÁCTER GENERAL
IMPORTE EN EUROS
Becas para estudiantes universitarios y no universitarios1.600.000.000
Compensación a las universidades de precios públicos de estudiantes becarios326.361.999
Convocatoria alumnos con necesidades educativas especiales136.696.815,56
Compensación a universidades públicas por bonificaciones o exenciones de estudiantes pertenecientes a familias numerosas65.000.000
TOTAL2.128.058.814,56

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA FORMACIÓN MILITAR EN COMPETENCIAS DIGITALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para posibilitar al Ministerio de Defensa llevar a cabo un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y la fundación de esta, para el desarrollo de actividades para la formación y el desarrollo de recursos competenciales digitales docentes.

El Ministerio de Defensa ha solicitado autorización para adquirir compromisos de gasto para los ejercicios 2023 y 2024, con la finalidad de llevar a cabo un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid y la fundación de esta, para el desarrollo de actividades para la formación y el desarrollo de recursos competenciales digitales docentes innovadores enfocados a la mejora de las competencias digitales del personal militar.

Con este acuerdo se pretende dar cumplimiento a lo contemplado en el componente 19, inversión 3, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El citado Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020.

La finalidad de esta norma es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y promover un proceso de transformación estructural mediante el impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, social y territorial en el marco del mercado único europeo.

Integrando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se encuentra el componente 19, denominado "Plan Nacional de Competencias Digitales", que tiene por objeto entre otros:

  • La adquisición de competencias digitales para la educación a docentes y estudiantes en todos los niveles del sistema educativo.
  • La adquisición de competencias digitales avanzadas, tanto a los desempleados para mejorar sus condiciones de empleabilidad como a los ocupados, tanto en el sector privado como en el sector público.

En este contexto, dentro de las cuatro inversiones que contempla el citado componente, se encuentra "Competencias Digitales para el empleo", y en este contexto el Ministerio de Defensa el proyecto DIGCOMP 360 de formación en competencias digitales dirigido a personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas y reservistas de especial disponibilidad, personal de apoyo y profesorado de los centros docentes militares.

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, este proyecto se articula en las siguientes fases:

  • Fase I: Análisis de necesidades y diseño de un Programa de Capacitación en Competencias Digitales, puesta en marcha de un proyecto piloto, y diseño y definición de requisitos de recursos digitales docentes. Esta fase se desarrolla en 2022 y está presupuestada con dos millones de euros.
  • Fase II: Ejecución del Programa de Capacitación en Competencias Digitales y desarrollo e implementación de los recursos digitales docentes en una plataforma en línea, para los años 2023 a 2025.

Ambas fases deben realizarse en colaboración con una universidad pública que tuviera la capacidad y conocimientos necesarios. En este caso se ha optado por la Universidad Autónoma de Madrid.

El convenio tendrá como finalidad:

  • Diseñar un Programa de Capacitación en Competencias Digitales.
  • Formar y certificar a un mínimo de 8.955 alumnos del Ministerio de Defensa en competencias digitales.
  • Desarrollar e implementar recursos digitales docentes innovadores que puedan integrarse en una plataforma o sistema de aprendizaje en línea, de acuerdo con las fases indicadas anteriormente.

El importe total del convenio asciende a 22 millones de euros distribuido en las siguientes anualidades:

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE POR ANUALIDADES
AÑOIMPORTE
20222.000.000,00
202310.000.000,00
202410.000.000,00
TOTAL22.000.000,00

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA EL INSTITUTO DE LAS MUJER ES

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo ejercicios futuros, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Organismo Autónomo Instituto de las Mujeres la realización de nuevos gastos destinados al arrendamiento de un edificio.

Dicho Organismo tiene en la actualidad subarrendado el edificio ubicado en la calle Pechuán, nº 1 de Madrid, cuyo contrato finaliza el día 30 de junio del presente ejercicio.

La necesidad de seguir disponiendo del citado edificio conlleva proceder a la formalización de un nuevo contrato que entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2022, tendrá una duración de cinco años y cuya mensualidad asciende a 99.896,39 euros, IVA incluido.

Hacienda y Función Pública

OPERACIONES DE DEUDA PARA CATALUÑA Y MURCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña y a Murcia a formalizar operaciones de endeudamiento a largo y corto plazo, respectivamente.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

De esta forma, el Consejo de Ministros ha autorizado a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.000 millones de euros.

Estas operaciones tienen como finalidad, de acuerdo con la solicitud, refinanciar préstamos formalizados entre 2012 y 2020 con cargo a los mecanismos establecidos por el Estado para la financiación de los pagos a proveedores y de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas, así como otras operaciones de deuda de Generalitat, con el objetivo de conseguir un ahorro de gastos financieros para la Comunidad Autónoma.

En el caso de Región de Murcia, se le ha autorizado poder formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 531,6 millones de euros, con el fin de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería mediante la refinanciación de las actuales líneas de crédito.

Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Defensa

ZONA DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL EN ALDEATEJADA

El Consejo de Ministros ha aprobado declarar Zona de Interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 'Destacamento y campo de tiro de Los Montalvos', ubicada en el término municipal de Aldeatejada, en la provincia de Salamanca.

Esta propiedad alcanza las 177,90 hectáreas de superficie comprendiendo, tanto los límites terrestres como el espacio aéreo situado sobre las mismas.

En dicha zona se consideraran prioritarios los intereses de la Defensa Nacional, quedando bajo responsabilidad y vigilancia del Ejército de Tierra.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

TELEPEAJE INTEROPERABLE CON LA UNIÓN EUROPEA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se regula la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en las carreteras españolas con los de otros Estados miembros de la Unión Europea.

Esta interoperabilidad permitirá que el telepeaje español se adecue a los estándares técnicos del resto de países de la Unión Europea y viceversa. Para ello, establece las condiciones necesarias para incorporar al ordenamiento jurídico español lo previsto en la Directiva (UE) 2019/520 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2019.

El objetivo de la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera se alcanzará a través del Servicio Europeo de Telepeaje (SET), que será complementario de los servicios nacionales de telepeaje.

Por el contrario, no es aplicable ni a los sistemas de peaje para los que no existan medios electrónicos de cobro, ni a los sistemas de telepeaje cuyos equipos no se ajustan a los requisitos del Real Decreto 188/2016 y al Real Decreto 186/2016, ni a los sistemas de peaje pequeños de carreteras estrictamente locales, para los que los costes de cumplimiento de los requisitos de interoperabilidad recogidos en el proyecto sean desproporcionados en relación con los beneficios obtenidos desde el punto de vista de la implantación del SET, y tampoco a las tasas de aparcamientos.

Estructura y contenido

El real decreto, en sus disposiciones generales, establece el objeto y ámbito de aplicación y las definiciones a los efectos de lo dispuesto en dicha norma.

También versa sobre su implantación, neutralidad ante la potestad tarifaria de las administraciones públicas, la protección de los derechos de los usuarios del SET, el derecho de los proveedores del SET a recibir una remuneración, acerca de las notificaciones de los peajes, la contabilidad de los prestadores de servicios de peaje, el registro de los proveedores del SET, el establecimiento de una oficina de contacto única para dichos proveedores y, por último, los requisitos de los organismos notificados encargados de efectuar el procedimiento de evaluación de la conformidad con las especificaciones o la idoneidad para su uso de los componentes de interoperabilidad.

Además, la normativa establece las obligaciones de los proveedores del SET y de los perceptores de peaje, así como de los derechos y obligaciones de los usuarios.

En su capítulo técnico, se refieren las soluciones tecnológicas, la armonización tecnológica y la transición al SET, los requisitos de los componentes de interoperabilidad y lo relacionado con los parámetros de clasificación de los vehículos.

En cuanto al plano administrativo, se centra en el órgano de mediación: establecimiento, funciones y procedimiento; las cláusulas de salvaguarda: procedimiento y transparencia; y la supervisión y colaboración con las comunidades autónomas.

A su vez, este real decreto aprobado en Consejo de Ministros trata de la migración de los sistemas de telepeaje basados en las comunicaciones dedicadas de corto alcance a otras tecnologías.

Por último, determina el contenido mínimo de la declaración de dominio del SET, la conformidad con las especificaciones e idoneidad para su uso de los componentes de interoperabilidad y las interfaces del servicio europeo de telepeaje, respectivamente.

Igualdad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, declarado por las Naciones Unidas en 1977, el Gobierno de España muestra su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, así como con las políticas públicas que resuelvan las desigualdades materiales, simbólicas y de valor que enfrentan las mujeres.

Por ello, a propuesta de la ministra de Igualdad, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:

"Este año, lamentablemente, tenemos que comenzar nuestra declaración institucional exigiendo el cese inmediato de la agresión de Rusia a Ucrania. España hace un llamamiento para que se intensifiquen todas las medidas que prevengan la violencia sexual y de género contra las mujeres y las niñas y, en particular, contra las desplazadas y refugiadas, así como la trata de personas, y ofrece su colaboración para lograrlo, en alianza con los Gobiernos y organizaciones sociales de los Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, es necesario insistir en la necesidad de garantizar la participación efectiva de las organizaciones de mujeres en la respuesta humanitaria y nos comprometemos a trabajar en ese sentido.

A pesar de los más de 50 años en la elaboración de desarrollo de políticas públicas de igualdad de género en los países de la Unión Europea, las desigualdades siguen estando muy presentes. El Índice Europeo de Igualdad de Género que produce elabora anualmente el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, siglas en inglés), pone de manifiesto que las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos siguen existiendo y que la igualdad avanza de forma muy lenta.

Particularmente en el año 2021, el informe del EIGE pone de manifiesto evidencia el impacto negativo de la pandemia de la Covid 19 para las mujeres en el trabajo, la salud y la economía. El citado informe señala que, de seguir con este ritmo de progreso, harían falta casi tres generaciones para alcanzar la igualdad de género en la Unión Europea.

España ha manifestado su firme compromiso con las políticas feministas a través de la ratificación de los principales instrumentos internacionales tales como la Convención de sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), a través de la adhesión a los acuerdos globales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la propia Agenda 2030 y, por último, mediante el impulso de los principales instrumentos de la Unión Europea en materia de igualdad de género.

Gracias a este compromiso y a la intensa actividad institucional desarrollada en los últimos años, España obtiene puntuaciones superiores a la media europea en el Índice Europeo de Igualdad de Género, alcanzando en la actualidad la sexta posición. Pero, a pesar de ello, la realidad es incontestable y los datos no dejan margen para la interpretación: la vida de las mujeres es manifiestamente peor que la de los hombres en todos los ámbitos de la vida. Las mujeres concentran en España las tres cuartas partes del empleo a tiempo parcial, su inactividad es 10 puntos superior a la de los hombres y se concentran más en los sectores más precarizados. Todos estos datos arrojan luz sobre un hecho de sobra reconocido: el cuidado de las personas dependientes de las familias, ya sea ascendientes o descendientes, sigue recayendo en su mayoría en las mujeres, lo que tiene consecuencias innegables sobre su acceso al mercado de trabajo su participación social y, por tanto, sobre sus ingresos e independencia económica presente y futura.

De hecho, la brecha retributiva, a pesar de haberse reducido en el último año, alcanza todavía el 19,5 % en cómputo anual, según datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2019. Las mujeres tienen menos tiempo disponible y su representación en los órganos de mayor poder y en algunos sectores es muy escasa. Y las mujeres también sufren una mayor vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia. Desde el año 2003, 1.131mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y desde 2013, 46 menores han sido asesinados como consecuencia de la violencia de género contra sus madres, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Estos asesinatos constituyen la punta del iceberg de una violencia sistémica ejercida contra las mujeres y la manifestación más atroz de la desigualdad entre mujeres y hombres.

Estas desigualdades tienen importantes consecuencias para toda la sociedad. Son múltiples los estudios que calculan el coste que tiene la infrarrepresentación de las mujeres en la economía. De acuerdo con el 10º Informe ClosinGap sobre el coste de oportunidad de la brecha de género en posiciones de notoriedad pública, España podría incrementar en más de un 18,6% su PIB con una mayor participación de las mujeres en los puestos de alta responsabilidad, incrementar la capacidad de innovación y producción mediante su empleo en el sector digital y crear miles de empleos si hubiera un reparto equilibrado de las tareas del cuidado. A este coste económico hay que sumarle otro aún más significativo, el coste humano, que afecta tanto a las mujeres como a los hombres, en cuanto lastra su capacidad de desarrollo personal y profesional.

Tras dos años de una grave crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la COVID 19 y más de una década después de la aprobación de una generación de derechos feministas -que representó el matrimonio igualitario (mediante la aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio), así como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género-, que situó a nuestro país en la vanguardia de los derechos de las mujeres, el Gobierno da un nuevo impulso. Una nueva generación de derechos feministas se abre paso, traduciendo en políticas públicas la agenda que se viene demandando desde el feminismo: reconocer el derecho al cuidado y valorar adecuadamente los trabajos que históricamente han sido realizados por mujeres que han sostenido la vida; garantizar la igualdad en el ámbito laboral; redistribuir los trabajos, los tiempos y la riqueza; eliminar todas las formas de violencias machistas, impulsar políticas públicas frente a la trata y la explotación sexual; y avanzar en derechos sexuales y reproductivos, garantizando la libertad sexual de las mujeres.

Este 8M queremos señalar que este proyecto feminista ya está en marcha. El III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (en adelante PEIEMH), que hoy aprueba igualmente el Gobierno, recoge la agenda política en materia de igualdad para los próximos cuatro años (2022-2025) y se configura como el principal instrumento del Gobierno para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, garantizando el principio de transversalidad en su desarrollo. Con esta finalidad, el Plan se estructura en torno a cuatro ejes de intervención. En primer lugar, el Buen gobierno, para avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo y democrático; en segundo lugar, la Economía para la vida y el reparto justo de la riqueza, contra la feminización de la pobreza y la precariedad; en tercer lugar, Vidas libres de violencia machista para las mujeres, con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia; y por último, un cuarto eje que pretende asegurar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos en todos los ámbitos de la vida.

El feminismo es un proyecto de país que implica otra manera de relacionarnos entre hombres y mujeres, y también otro modo de relacionarnos con el mundo. Es un proyecto, por tanto, ambicioso, que pone encima de la mesa una agenda de transformaciones profundas en lo político, en lo cultural, en lo social y económico. Es por ello que aspira a volver a escribir muchas de las cosas que hemos asumido como cotidianas en nuestro día a día, pero que sin embargo responden a una manera de relacionarse en la que las mujeres asumen siempre una mayor carga. El feminismo apuesta por una forma de organizar nuestra sociedad, en la que el trabajo de cuidar de hijos e hijas o mayores, no solo recaiga sobre las mujeres, sino que se reparta de manera corresponsable y en la que las administraciones públicas sean también capaces de contemplar la garantía del derecho a ser cuidados y cuidadas como una de las políticas públicas a desarrollar. Esto último hace que no solo se trate de una transformación social, sino también económica, para la cual es imprescindible que las propuestas que la concitan también sean asumidas por parte de los poderes públicos, así como de toda la ciudadanía. El feminismo es, por tanto, no solo una manera de relacionarnos o de estar en el mundo, sino también un proyecto de país, una manera de entender el Estado.

España es un país feminista, y lo es porque el feminismo ha logrado convertir en sentido común las cuestiones feministas. No podemos entender las sociedades que vienen, la España y la Europa que viene, si no es de la mano del feminismo, de la universalización de la igualdad y la libertad y los derechos garantizados para todas las personas.

El feminismo es hoy una visión de futuro, un nuevo proyecto de país que aspira a poner en marcha las transformaciones democráticas que necesitamos, para que la igualdad y la libertad, tal y como prescribe nuestra Constitución, sean los pilares centrales de nuestra sociedad".

Igualdad

III PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEM), que supone el compendio de la agenda política en materia de igualdad para los próximos cuatro años (2022-2025) del Gobierno de España y su principal instrumento para avanzar en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.

Ha sido elaborado por el Instituto de las Mujeres a partir de la evaluación del plan anterior (PEIO 2014-2016) y de los trabajos previos de elaboración del proyecto de plan estratégico iniciado en 2018 cuya aprobación no pudo ser concluida.

Los cuatro grandes ejes de intervención que vertebran el Plan son: 1) Buen Gobierno 2) Economía para la vida y reparto justo de la riqueza 3) Hacia la garantía de vidas libres de violencia machista contra las mujeres, y 4) Un país con derechos efectivos para las mujeres.

Mientras que los tres últimos dan cuenta de los retos de cambio social, el primero explicita cómo se van a crear las condiciones para que estos retos puedan ser abordados desde un modelo de gobierno que impulsa prácticas feministas y democratizadoras.

Cada eje de intervención identifica un objetivo estratégico con la finalidad de apuntar las metas a medio y largo plazo que se persiguen. En cifras, los diversos elementos del plan expuestos se concretan en 4 ejes de intervención, 20 líneas de trabajo, 49 objetivos específicos y en 141 objetivos operativos.

El presupuesto global del PEIEMH 2022-2025, para todo el periodo de duración, asciende a 20.319 millones de euros. Supone un 387% más de recursos en políticas públicas destinadas a avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. España pasa del 0,10% del PIB en presupuesto con impacto positivo en la igualdad a un 0,40% del PIB en el PEIEMH que se desarrollará en el período 2022-2025. Con respecto al presupuesto no financiero del Estado, el presupuesto en políticas para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres supondrá el 4,4% frente al 1,1% del período 2014-2016.

El eje I de "buen gobierno: hacia formas de hacer y decidir más inclusivas" asciende a 59 millones de euros, el 0,3% del total. Para el eje II de "economía para la vida y reparto justo de la riqueza" se estima un presupuesto de 18.461 millones de euros, el 90,9% del total. El eje III, "hacia la garantía de vidas libres de violencia machista contra las mujeres", contará con 972 millones de euros, el 4,8% del total. El eje IV, "un país con derechos efectivos para todas las mujeres", tendrá 826 millones de euros, el 4,1% del total.

Los acuerdos internacionales, tanto la Agenda 2030 como el Pacto de Estambul, deben ser plasmados en la herramienta concreta que sirve como instrumento para desplegar las políticas públicas, es decir, en los presupuestos.

Con el presente plan nuestro país se sitúa en la vanguardia europea y cumple un hito fundamental expresado por la Comisión Europea y exigida por los tratados.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

IMPACTO DEL COMPLEMENTO DE BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre el impacto del complemento para la reducción de la brecha de género.

El complemento de brecha de género para las pensiones, puesto en marcha en 2021, llega ya a 190.000 beneficiarias. En este periodo de un año se ha reducido la brecha en las pensiones en cinco puntos porcentuales, según las conclusiones del informe de impacto aprobado por el Consejo de Ministros, y continuará bajando este año, hasta situarse en torno al 19% a finales de 2019.

En concreto, hay 40.891 pensiones con complemento de brecha por un hijo; 89.777, con dos hijos; 38.142, con tres; y 21.173, con cuatro o más hijos. De las 190.383 que lo están percibiendo, un 94% son mujeres.

El complemento para reducir la brecha de género en pensiones se aprobó en febrero de 2021 partiendo de la necesidad de establecer una herramienta más justa y eficiente en la reducción de las diferencias de pensión entre hombres y mujeres. Sustituye al artículo 60 que fue introducido en la Ley General de Seguridad Social por la Ley 48/2015. Dicho complemento fue considerado discriminatorio por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12 de diciembre de 2019, asunto WA).

Además, el nuevo complemento de brecha de género corrige los dos problemas de diseño que había en el anterior, conocido como complemento de maternidad. En primer lugar, el anterior complemento no atacaba el origen de la brecha de género en las pensiones, que se genera con el nacimiento del primer hijo, ya que solo se percibía a partir del segundo hijo. Además, al establecer un porcentaje de incremento de la pensión por cada hijo a partir del segundo, beneficiaba especialmente a las rentas más altas.

El nuevo complemento para reducir la brecha de género corrige este problema de regresividad ya que supone una cuantía extra en la pensión de 28 euros al mes por cada hijo, desde el primero. Está asociado a la acreditación de un perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores a tener un hijo. Este perjuicio, sufrido de forma abrumadora por las mujeres, de acuerdo con los datos de las carreras laborales analizados por la Seguridad Social, es una de las principales causas de la existencia de la brecha de género en la pensión.

Este complemento se concede al progenitor que acredite un perjuicio en su carrera profesional tras el nacimiento del hijo. Pero si los dos progenitores acreditan el perjuicio o si ninguno de los dos lo hace, el derecho se le reconocerá a la madre, contribuyendo así a la reducción de la brecha de género. La medida estará en vigor mientras la brecha de género de las pensiones sea superior al 5%.

Según el informe, de mantenerse el antiguo complemento, la brecha de género en las nuevas altas de pensión habría crecido hasta el 30%. El diseño equitativo del nuevo, además, y hace que se beneficien las pensiones más bajas. Así, el 67% del gasto dedicado a este nuevo complemento se dirige a las pensiones por debajo de los 1.100 euros, frente al 50% del anterior esquema.

La medida responde, además, a la recomendación 17 aprobada por el Pacto de Toledo y cumple con la reforma 4 del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Política Territorial

DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE SALUD DE GALICIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se procede al desistimiento del recurso contra el apartado cinco del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de modificación de la Ley 8/2008, de Salud de Galicia.

Con anterioridad, al considerar que podría ser inconstitucional el apartado cinco de la Ley 8/2021 sobre aplicación de medidas preventivas, de obligado cumplimiento, cuando existiera o se sospechara sobre la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de la población, el Gobierno interpuso el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, y que fue admitido a trámite el 20 de abril de 2021.

De forma posterior a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, tras varias reuniones del Ministerio de Política Territorial con la Xunta de Galicia, el 29 de julio de 2021, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia alcanzó un acuerdo y, para su cumplimiento, la Comunidad Autónoma de Galicia aprobó la Ley 18/2021, de medidas fiscales y administrativas, publicada el 21 de diciembre de 2021, cuyo artículo 34 modifica la Ley 8/2008, de Salud de Galicia, que originó el recurso del Gobierno.

Por tanto, el nuevo texto se ajusta al acuerdo alcanzado, dejando a salvo el carácter voluntario de la vacunación con carácter general y siempre de acuerdo con lo establecido por la Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias de coordinación general de la Sanidad, en la estrategia nacional de vacunación vigente en cada momento y en el marco de lo que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En consecuencia, habiéndose producido la modificación legislativa por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia, se dan los fundamentos necesarios para proponer al Presidente del Gobierno el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad, cumpliendo así la Administración General del Estado el acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral.

Comercio y Turismo

BECAS DE FORMACIÓN EN ENSAYOS DE CONTROL SOBRE PRODUCTOS DE COMERCIO EXTERIOR

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la convocatoria de becas de formación en ensayos de control sobre productos objeto de comercio exterior correspondiente al año 2022.

La Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dispone de un programa de becas de especialización de control analítico de productos objeto de comercio exterior (Becas Analíticas CATICES), que tiene como finalidad la capacitación profesional de titulados en disciplinas relacionadas con el control analítico, así como facilitar su incorporación al mercado laboral. Las becas se convocan cada dos años y tienen una duración máxima de 24 meses.

Para el ejercicio 2022 se prevé convocar 23 becas de 1.286,87€ mensuales (29.598,01€ para las 23 becas).

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
AMPLIACIÓN DE LA PROTECCIÓN A REFUGIADOS PROCEDENTES DE UCRANIA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España.

En acuerdo amplía el ámbito de aplicación de la Directiva de Protección Temporal, cuya aplicación fue decidida por primera vez en la historia el pasado jueves en el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea.

Esta directiva, que permite acceder a sus beneficiarios a los permisos de residencia y trabajo en los 27 países de la Unión Europea, limita su aplicación a los ciudadanos nacionales de Ucrania y de terceros países con permisos de residencia de larga duración (5 años) en este país.

El Gobierno, considerando que las consecuencias de la guerra afectan a otras muchas personas, ha acordado ampliar el ámbito de aplicación de esta directiva también a nacionales de terceros países con residencia efectiva en Ucrania en el momento en que se produjo la invasión.

Además, el Gobierno trabaja en un instrumento jurídico que permita la aplicación de esta directiva de protección temporal de forma inmediata, mediante una simplificación de los trámites, de forma que las personas desplazadas que lleguen a España puedan obtener los derechos que les otorga la directiva de forma sencilla y rápida.

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