La primera convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación y la transformación de la economía (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado se está haciendo esperar. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo confirma que todavía no tiene una fecha definitiva y argumenta que el plazo comprometido es lanzarla durante el primer trimestre del año. Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación señalan que la escasez de semiconductores y, en consecuencia, el momento que vive el sector no es el oportuno para esta convocatoria y, por ello, el Gobierno no la habría publicado todavía.
Los cuellos de botella siguen provocando paradas de producción en la industria automovilística española. Desde principios de este año, varias plantas han tenido que plantear expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) porque no pueden producir por la falta de microchips. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de enero, había más de 3.200 trabajadores de vinculados a la fabricación y a la venta de vehículos en un ERTE. Este martes, la planta de Volkswagen en Navarra firmó otro expediente con los sindicatos.
Los datos de matriculaciones de enero tampoco han sido muy esperanzadores. Las entregas de turismos nuevos crecieron un 1% en el primer mes del año, en comparación con un año antes. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac), es el segundo dato más bajo desde el año 2000. "El sector de la automoción sigue arrastrando la falta de microchips, que reduce de manera fundamental los stocks disponibles de vehículos y la crisis económica derivada de la pandemia", justificó Anfac. En esta línea, las fuentes consultadas explican que Moncloa está retrasando la convocatoria porque las principales plantas automovilísticas no tienen ahora mismo capacidad de producción, derivada de la falta de chips.
No obstante, fuentes de Anfac subrayan a La Información que precisamente porque "el sector está inmerso en una situación marcada por la crisis de los microchips" ahora se "hace más que necesario que estos fondos asignados sean accesibles". "El futuro del sector está en juego, disponemos de las herramientas y la estructura necesaria para mantener a España como un referente de economía y empleo y, al mismo tiempo, convertirnos en un hub de electromovilidad que pueda competir directamente con nuestros competidores en el entorno europeo. Ahora es cuestión de agilizar la puesta en marcha del PERTE", añaden.
El recién nombrado presidente de la patronal y presidente de Seat, Wayne Griffiths, reclamó hace unas semanas mayor velocidad para las convocatorias del PERTE porque justificó que cualquier inversión en la automoción está pendiente de la distribución de los fondos europeos. El sector da por hecho que el Gobierno no adjudicará los fondos hasta verano de este año, y es que se entiende que la convocatoria estará abierta durante tres meses desde su publicación. Por este motivo, los plazos son ajustados para la compañía que quiere empezar a fabricar coches eléctricos en Martorell (Barcelona) y Pamplona a partir de 2025.
Otra fuente del sector apunta que la urgencia del PERTE no tiene relación con la crisis de suministros, puesto que las ayudas se plantean para inversiones a largo plazo. De hecho, estima que los recursos económicos podrían no llegar a las agrupaciones de empresas hasta finales de año, cuando consideran que los cuellos de botella podrían haberse resuelto. En esta línea, subrayan que la inversión pública es una oportunidad de potenciar la industria del automóvil y de atraer la fabricación de nuevos modelos en España.
3.000 millones de euros
El PERTE del vehículo eléctrico y conectado fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio. En diciembre, recibió el visto bueno de la Comisión Europea, pero hasta la fecha, no se ha abierto ninguna de las convocatorias. También en diciembre, se publicaron las bases para la concesión de ayudas vinculadas al PERTE. Fuentes gubernamentales aseguraban esta semana que llegaría "en los próximos días" y desde Industria añadían que una vez aprobado el PERTE, las convocatorias no tienen que volver al Consejo de Ministros sino que se pueden lanzar mediante una orden firmada por la titular del ministerio, Reyes Maroto.
Inmediatamente antes de que se lance la primera convocatoria, el Ministerio de Hacienda deberá crear un registro de empresas interesadas en los PERTE, para que las compañías que quieran optar a estas ayudas se puedan inscribir, ya que es una de las condiciones que establecen las bases publicadas en el BOE del 28 de diciembre. El PERTE movilizará una inversión pública de 3.000 millones de euros a los que Moncloa espera sumar 19.700 millones de inversión privada. Desde Industria, calcularon en julio que estos recursos crearían 140.000 puestos de trabajo y un incremento del PIB de hasta el 1,7%.
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