La ‘ley Rider’ cumple un año en pleno pulso entre las empresas y Trabajo

“Garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales”. Con ese objetivo nacía la ‘ley Rider’, una norma pionera en dar respuesta a la precariedad en un sector plagado de falsos autónomos y que entró en vigor el 12 de agosto de 2021. Ahora, la ‘ley Rider’ cumple un año en pleno pulso de algunas de las principales empresas al Ministerio de Trabajo: además de buscar resquicios legales para evadir la norma, ya amenazan directamente con incumplirla. 

Aunque el balance que hacen a Newtral.es los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras (CCOO), es positivo, ambos piden mano dura a la Inspección de Trabajo contra quienes no apliquen la ley. “Algunas empresas están intentando bordearla, cuando no saltársela directamente; tenemos que seguir vigilantes”, reivindica Fernando Luján, secretario confederal de UGT. Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación de CCOO, aplaude la “intensa laboralización” que ha supuesto la ‘ley Rider’ pero señala el caso de Glovo, que mantiene todavía a una parte importante de sus trabajadores como autónomos, como una excepción que “no se puede permitir”. Desde el colectivo Riders por Derechos van más allá: su portavoz, Nuria Soto, sostiene que en la práctica la norma “nunca se ha llegado a cumplir”. 

De los tribunales a la legislación un año después de la ‘ley Rider’

El Consejo de Ministros aprobó en mayo por decreto ley la norma que habían acordado dos meses antes el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos, aunque con el rechazo de las empresas del sector y de algunos trabajadores. El texto, que fue convalidado por el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, daba tres meses de plazo para su entrada en vigor. ¿Eran los ‘riders’ falsos autónomos? El debate ya lo zanjó el Tribunal Supremo en septiembre de 2021 con una sentencia que declaraba la existencia de la relación laboral entre Glovo y un repartidor y que se sumaba a las múltiples batallas legales de trabajadores y sindicatos.

La principal oposición que encontró desde su nacimiento la norma fue la de las empresas de ‘delivery’ -Glovo, Deliveroo o Uber Eats-, con un modelo que les permitía ahorrar en cotizaciones y derechos laborales para sus trabajadores. Pero también hubo oposición entre algunas asociaciones de repartidores, que aseguraban que se beneficiaban de ser autónomos y poder trabajar para varias empresas a la vez. 

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Hubo una compañía que sí la aplaudió, Just Eat, que ya había creado una red propia de repartidores con contrato y se alegraba de que se asegurara así “que todos los operadores del sector puedan desarrollar su actividad con las mismas reglas”. La empresa ha sido la primera en pactar con los sindicatos un convenio colectivo para sus trabajadores. 

Pulso de las empresas: vuelta a la casilla de salida

El aniversario de la ‘ley Rider’ llega en pleno pulso de las empresas con el Ministerio de Trabajo. Cuando se aprobó el texto, Just Eat era la única de las grandes que ya cumplía con el modelo del Gobierno. Deliveroo, que fue de las primeras compañías de reparto de comida a domicilio en llegar a España, anunció que dejaba de operar en el país ante la inviabilidad del negocio, que “requiere un nivel de inversión muy elevado”. Lo hizo cuando se cumplía el plazo que la había dado la Justicia para convertir en asalariados a sus 3.800 autónomos. Lo curioso es que, para poder acabar con su actividad, tuvo que reconocer la laboralidad de sus repartidores para hacer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Glovo solo contrató a los empleados de dos de sus doce divisiones -unos 2.000 de sus 11.000 trabajadores- y explicó que aplicaría “un nuevo modelo de colaboración para profesionales autónomos” que les iba a permitir “simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia». La Inspección de Trabajo mantiene investigaciones en todas las provincias en las que opera Glovo, y ya han trascendido las primeras sanciones. 

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Fue Uber Eats, otra de las principales competidoras, la que denunció que Glovo incumplía la ley y seguía utilizando «al menos 8.000 trabajadores autónomos» en su operativa diaria. En una carta a Yolanda Díaz que adelantó El Confidencial, advertía: “¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?”. A pocos días de que se cumpliera el aniversario de la ‘ley Rider’, la respuesta de la compañía parece ser afirmativa: la empresa ha anunciado que ofrecerá la opción de hacer repartos por cuenta propia. De hecho, Uber Eats ya cumplía de forma dudosa la legislación, puesto que subcontrataba sus flotas a terceros y ello podría suponer una cesión ilegal de trabajadores, como denuncian los sindicatos. “Hemos pasado de un fraude a otro”, dice Soto. “¿Uno se declara en rebeldía contra el Estado y no pasa nada? Para estas empresas sale más a cuenta saltarse la ley que cumplirla”, añade.

La amenaza de Uber Eats “no es para nada una sorpresa”, se queja Soto. “Pone de manifiesto el problema real, que no es tanto la necesidad de una legislación específica como de cumplimiento de la legislación”. Desde UGT, Luján cree que la reacción “abrupta” de la plataforma “no es casual”: hace apenas unas semanas, el Tribunal Supremo obligó a la Audiencia Nacional a juzgar la demanda de CCOO y UGT contra Uber Eats por el despido de unos 3.000 riders tras la entrada en vigor de la nueva ley. 

“El cumplimiento de la ley no es negociable”, insiste Luján, “y hay determinadas empresas que están buscando subterfugios”. El sindicalista pide a Trabajo que se mantenga vigilante. Coincide Gutiérrez en que “el Estado debe tener y tiene las palancas suficientes para hacer cumplir la norma”.

A la espera de sanciones tras un año de ‘ley Rider’

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue la principal impulsora de la medida. El mes pasado denunció presiones de Uber durante la negociación de la ‘ley Rider’: “Fue de lo más fuerte que hemos tenido”, indicó a la prensa en la clausura de unas jornadas organizadas por CCOO.

En Italia, la Fiscalía de Milán ordenó a Just Eat, Deliveroo y Uber Eats que contrataran oficialmente a más de 60.000 trabajadores y los condenó a pagar 733 millones de euros en multas si se negaban a hacerlo tras una exhaustiva investigación que probó que los ‘riders’ trabajaban con condiciones laborales inadecuadas.

En Francia, el Tribunal Penal de París condenó en abril a dos exdirigentes de Deliveroo a doce meses de prisión por el “trabajo encubierto” de sus repartidores de comida a los que obligaban a trabajar como autónomos, además de la multa máxima por este delito laboral. Es la primera condena por lo penal a la economía de plataformas en el país galo.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que “no hay atajos en el cumplimiento de la ley”. En un mensaje publicado en Twitter, advierte que “respetar los derechos laborales en las plataformas de reparto no es una opción” y asegura que el Ministerio hará “uso de todos los medios para proteger a los riders”. 

Condiciones laborales aún en precario

El mes de julio ha sido el más caluroso de la historia conocida. Ciudades como Barcelona o Madrid estaban desiertas al calor del mediodía, pero es precisamente a esa hora cuando la mayoría de personas hacen uso de las aplicaciones de reparto de comida a domicilio. Así que los ‘riders’ siguen pedaleando a 40 grados, en muchos casos sin que las subcontratas les entreguen agua o crema solar. Son también las horas más rentables para los repartidores.

Las empresas tienen que garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores. Pero para eso tienen que ser reconocidos como tales. “En el caso de las subcontratas no ha habido ninguna mejoría en las condiciones laborales”, explica Soto, que pone como ejemplo los uniformes que llevan los repartidores de los “supermercados fantasma” -almacenes no abiertos al público que llevan la compra a domicilio-. En Getir, por ejemplo, tienen que vestir trajes de manga larga aún en verano. “No me parecen condiciones dignas”, insiste.

El siguiente paso es un convenio sectorial que “impida competencia desleal entre las plataformas intentando degradar las condiciones laborales”, sostiene Luján. En Riders por Derechos reciben este futuro convenio con escepticismo: “siempre es positivo, lo que ocurre es que no se cumplen cuando se opera mediante subcontratas y cesión ilegal”, dice Soto. “Estamos en lo mismo: si nadie lo cumple es papel mojado”. 

Desde CCOO, Gutiérrez insisten en que, ahora que el problema ya no es el reconocimiento de la laboralidad, llegan otros más parecidos a los que ocurren en cualquier empresa: “mejoras de derechos, cesión ilegal de trabajadores, comités de empresa…”. 

Transparencia en los algoritmos, otra asignatura pendiente

El texto de la ley también exige que se informe a los representantes legales de los trabajadores de las reglas que siguen los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que rigen las plataformas. Pero en este punto todavía no se han logrado grandes avances. 

“Hay cierta resistencia de las empresas y necesitamos que el Gobierno haga primero una labor de información”, explica Luján, que señala que están informando a los representantes de UGT para que conozcan este nuevo derecho y lo ejerciten. “Si hay resistencias también en este punto, deben ser debidamente corregidas y sancionadas”, insiste. Soto recuerda que este derecho solo ampara a los trabajadores asalariados, por lo que es indispensable lograr, una vez más, el cumplimiento efectivo del primer punto de la norma.