A partir del 1 de octubre los autónomos pagarán un 20% más de multa si cometen una infracción laboral

En poco más de una semana los autónomos tendrán que enfrentarse a multas un 20% superiores a las actuales si la Inspección de Trabajo les sanciona por alguna infracción laboral en sus negocios. Se trata de una de las modificaciones de la Ley sobre infracciones y sanciones que entrará en vigor el próximo viernes 1 de octubre, con la que el Gobierno pretende “dotar de mayor eficacia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como garantizar la efectividad y el carácter disuasorio de las sanciones”. Las nuevas cuantías por incumplir la normativa en materia laboral variarán de ahora en adelante entre 70 euros, en el caso de infracciones leves en su grado mínimo, y hasta 225.000 euros, si son infracciones graves en su grado máximo. 

Esta novedad, recogida en la Disposición final primera del la Ley de trabajo a distancia 10/2021, fue presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social el pasado mes de agosto junto a un mecanismo automatizado de la emisión de actas de infracción, norma a través de la cuál se robotiza la imposición de multas a los autónomos. No obstante, fuentes oficiales del ministerio aseguraron que el uso de robots para denunciar a los autónomos no entrará en vigor hasta enero de 2022.

Lo que sí tienen que tener en cuenta los trabajadores por cuenta propia es que a partir del próximo mes tendrán que hacer frente a multas más elevadas de las que lleva aplicando la inspección desde el 2007, año en el que se paralizaron dichas cuantías. Este incremento afectará a todos los posibles fraudes contra la Seguridad Social que, en el caso de los pequeños negocios, suelen ser: el falseamiento de datos de los trabajadores en ERTE para beneficiarse de exoneraciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social, o la utilización de falsos autónomos para ahorrar costes laborales.  Según los expertos, este año, las inspecciones para investigar posibles fraudes en los ERTE se dispararán y con las nuevas sanciones algunos autónomos podrían enfrentarse a la devolución de todas las cuotas no satisfechas por sus trabajadores, intereses, recargos y multas "considerablemente más altas".

Nuevas cuantías en las multas a partir de octubre

A día de hoy, las multas a las que se enfrentan los autónomos en materia laboral oscilan entre los 60 euros, en el caso de las más leves, hasta los 187.515 euros, en el caso de las más graves. Pero con el cambio ya aprobado y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, las cuantías ascenderán, tal y como costa en la Disposición final primera del la Ley de trabajo a distancia 10/2021, de 9 de julio, en:

• Las leves, en su grado mínimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 371 a 750 euros.
• Las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.
• Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado máximo de 120.006 euros a 225.018 euros.

A partir de enero las sanciones podrán reducirse un 40%

De la mano de esta subida del 20% de las sanciones en materia laboral para los autónomos viene la posibilidad de reducirlas por pronto pago hasta en un 40%. Así lo contempla el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno, no obstante, la norma también recoge que esta ventaja no estará disponibles hasta el próximo 1 de enero de 2022. De esta forma, los autónomos que sean sancionados podrán reducir casi hasta la mitad el dinero de la sanción que deben abonar, siempre y cuando lo realicen dentro del periodo que la Inspección delimita como 'pronto pago'.

En 2022 serán robots los que denuncien a los autónomos

La otra novedad de la norma empezará en en sólo tres meses, concretamente el 1 de enero de 2022, por la cual serán robots los denuncien las infracciones de los autónomos en materia laboral. Así lo plantea el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el texto se explica que se aplicarán las nuevas tecnologías en el ámbito de actuación de la Administración para, por un lado, permitir el análisis masivo de datos para "la detección del incumplimiento" y, por otro, para que pueda "iniciarse el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción automatizadas", es decir, sin la intervención directa de un funcionario. 

Según reconocieron fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo, "la idea no es tan sencilla. La mayoría de las actuaciones de la inspección necesitan ser supervisadas por un inspector. No se puede actuar en casi ningún caso sin la interpretación del funcionario. Sin embargo, hay unas pocas situaciones en las que sí se puede automatizar el proceso". Para llevarlo a cabo, recurrirá al análisis masivo de datos que permiten constatar la existencia de incumplimientos, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social. Un mecanismo de actuación parecido a lo que ocurre con los radares de tráfico y las multas que no termina de cuadrar a los inspectores.

Por su parte, la presidenta del Sindicado de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITS), Ana Ercoreca, se mostró contraria al nuevo sistema, ya que no requerirá la la intervención directa de ningún funcionario de la inspección. “Nosotros alegamos en su momento, que queríamos que el procedimiento fuera controlado, dirigido y supervisado tanto por un subinspector, como un inspector, que tuviera la competencia. Sin embargo, la norma no refleja esa petición y el acta que se le envíe al negocio va a ser visado por el sello de la Inspección, pero no por una persona". Ercoreca aseguró que, tal y como está diseñada la automatización de la apertura de un expediente sancionador, "no se cumplen con todas las garantías legales que este procedimiento requiere".

La automatización de multas perjudicará a los autónomos

Asimismo, la presienta del SITS, explicó que el nuevo sistema detectará las infracciones cruzando los datos y emitirá un acta de infracción de forma automatizada, bajo el sello de la Inspección de Trabajo. Luego se abrirá un proceso de alegaciones para que los autónomos y negocios multados puedan defenderse de esa multa. “Se dice que se abrirá un proceso de alegaciones y que será un funcionario el que las revise. Pero nosotros entendemos que la mano humana no sólo puede entrar en la fase de alegaciones, tiene que entrar antes, para garantizar la validez del procedimiento”. Y añadió que se está hablando de la robotización de un mecanismo sancionador y tiene que estar, por lo tanto, "regido por todos los principios inspiradores de un procedimiento penal: reciprocidad, seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y culpabilidad".

De lo contrario, la presidenta del Sindicado de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITS), Ana Ercoreca, predijo que el mecanismo iba a perjudicar mucho a los autónomos: “los pequeños negocios van a tener que contratar a alguien para hacer reclamar los posibles errores del procedimiento en la fase de alegaciones. Para evitar esta situación, creemos que es mejor que un funcionario que revise antes el procedimiento y no obligar a los autónomos a verse involucrados en un proceso de alegaciones".