Roberto Sandoval propone entregar rancho El Sueño a víctimas

* El ex gobernador, dispuesto a desocupar rancho en Aután para solucionar uno de los juicios; Fiscalía y asesor de víctimas se oponen porque falta reparación del daño.

* (Se pide a medios de comunicación NO plagiar las notas de Relatos Nayarit, por mínima vergüenza) 

 

El ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda está dispuesto a desocupar el rancho El Sueño y firmar un documento en ese sentido, con miras a solucionar la causa penal que se le sigue por el probable delito de falsificación de documentos.

Este lunes, durante una audiencia encabezada por un juez de Control en el Centro Regional de Justicia Penal en Tepic, la defensa particular ofreció que la desocupación del famoso rancho podría realizarse el mismo día, aunque también planteó la suspensión  condicional del expediente 850/2020 durante seis meses, en los cuales el ex gobernador radicaría en Tepic, con el compromiso de no acercarse a las víctimas ni al citado inmueble.

Es decir, el “plan” –así llamado por el abogado- de desocupación y compromiso firmado, debería tener a cambio la suspensión del proceso bajo las citadas condiciones. Aunque no fue mencionado, se supondría que en este caso en especial se tendrían que cambiar las medidas cautelares, ya no de prisión preventiva justificada.

La defensa particular aclaró que la entrega material de las 58 hectáreas ubicadas en el ejido Aután, municipio de San Blas, al señor Rubén Castillo y su esposa Ramona Márquez le resulta imposible al imputado, puesto que están aseguradas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En febrero reciente, este reportero explicó que en diciembre del 2020 el Juzgado Mixto de San Blas dictó sentencia a favor de Castillo para que tenga pleno dominio de esas tierras; es decir, puesto que el fallo ya está firme, Sandoval no tendría razones para aferrarse a algo que no es suyo, sin embargo sigue pendiente el asunto penal que hoy ocupa esta nota respecto a la probable falsificación para decirse dueño de esas 58 hectáreas.

La renuncia firmada del ex gobernador respecto al rancho podría ser dirigida precisamente al Juzgado Mixto y a las víctimas.

Sin embargo, la propuesta del defensor fue rechazada por la agencia del Ministerio Público y por un abogado asesor de las víctimas, básicamente porque no se incluye la reparación del daño, a pesar del impacto que el caso ha tenido en la pareja agraviada.

Como dato adicional se hizo referencia a un oficio redactado a finales de abril en el sentido de que en las tierras aseguradas y bajo resguardo de una persona, había cabezas de ganado que no son solo las originalmente consideradas.

La asesoría jurídica insistió que, al no estar anexada la reparación del daño, no estaban sentadas las bases para la suspensión del proceso.

La audiencia continuó en ese sentido, con el añadido del defensor de que los aseguramientos se realizaron no por el uso del documento tildado de falso, sino por las investigaciones ministeriales.

Y respecto a las vacas nuevas, indicó que corresponderían a alguna persona de tierras vecinas.

Hasta entonces, el ex gobernador –que enfrenta cuatro causas penales y está recluido en la cárcel federal El Rincón- no había hecho mayores pronunciamientos, salvo identificarse con su nombre completo y aceptar que no tenía dudas sobre el procedimiento, una vez que el juez lo cuestionó.

De camisa manga larga en color blanco, él y todos en la sala de audiencias con cubrebocas, Sandoval hizo un movimiento con la mano derecha para pedir la palabra. Tan pronto le fue concedida, señaló que nunca ha falsificado una firma o que haya presentado un documento falso: “nunca he sido parte de un delito”, remató.

Y precisó que en el mencionado rancho hay alambre de púas fácil de tirar, o falsetes, por lo que el movimiento del ganado es frecuente en la zona.

Sandoval debe tener 80 por ciento del cabello en color blanco. Lo trae corto, por regla penitenciaria.

Una vez agotado el debate, el juez de Control precisó que no podía tomar en cuenta las expresiones del imputado porque no se está en una etapa para debatir sobre ello, sino que debía enfocarse en la procedencia o no de la suspensión del proceso bajo las condiciones propuestas.

De acuerdo con la resolución del juez, efectivamente, al no considerarse la reparación del daño a las víctimas, debía pronunciarse en contra de la suspensión solicitada.

“Considero que sí debe haber la reparación del daño (…) tampoco digo que sean miles de millones de pesos (…), siempre y cuando se hagan propuestas a las víctimas”, se le oyó decir.

A continuación, prácticamente dirigiéndose al imputado y, quizás, para conocimiento del público asistente: nueve personas, en su mayoría familiares de Sandoval, aparte de este reportero, explicó que en ningún momento puede decirse que sea culpable, sino que se está en una etapa en que las partes pueden negociar la solución del asunto.

Incluso, añadió, el imputado puede optar por ir a juicio oral y buscar ser absuelto.

Decidido entonces que procedía la oposición ministerial y de asesoría de víctima frente al plan del defensor, éste último adelantó que presentará un recurso de apelación, por lo que el tema sería turnado a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Cuestionados sobre si en ese momento continuarían con el desahogo de la etapa intermedia –para definir las pruebas en juicio oral-, la agencia ministerial y la asesoría se dijeron listos, mientras que la defensa solicitó reprogramar la audiencia, lo que fue aceptado y podría celebrarse en el mes de julio.

Según pudo deducirse, pareciera que las partes continuarían tratando de llegar a un acuerdo para buscar esa salida de suspensión del procedimiento y que, una vez transcurridos seis meses, el asunto concluya por sobreseimiento, sin condena, aunque reparado el daño y desocupadas las tierras.

Si esto último ocurriera, el señor Castillo ya no tendría disputas con Sandoval, sino ahora con las dos fiscalías.

Todos en silencio del lado del público, la audiencia transcurrió durante aproximadamente hora y media.

Dos policías estatales procesales estuvieron a cargo de la seguridad en la sala 3, uno de ellos, alto, de pie a espaldas de Sandoval. Nadie rompió el orden, todos concentrados en ver y escuchar.  

La última intervención del ex gobernador fue para solicitar permiso y saludar unos minutos a sus familiares, petición que el juez le concedió.

(El Sueño, durante el aseguramiento ministerial en el 2018)