El 17 de diciembre, justo antes de discutir y aprobar el ascenso de César Milani como jefe del Ejército, el Senado le dio ingreso formal a los pliegos de candidatos a conjueces. Los expedientes, que llevan las firmas de la presidenta Cristina Fernández y del ministro de Justicia, Julio Alak, fueron girados a la Comisión de Acuerdos y recibirán tratamiento cuando se abra el nuevo período de sesiones ordinarias.
Sin embargo, la polémica no se hizo esperar. En el caso entrerriano, el Gobierno echó mano a sus amigos: un puñado de asesores de organismos públicos aparece entre los nombres propuestos para la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
En la lista sobresale el nombre del ex intendente José Carlos Halle, pero también surgen otros menos conocidos públicamente aunque estrechamente vinculados con el Gobierno provincial. Está claro, entonces, que Sergio Urribarri dejó su sello, pero se ve también la mano del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo son:
Sebastián Miguel Trinadori: ex titular de la Oficina Anticorrupción y actual fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado.
Pablo Daniel Trevisan: asesor legal y técnico del Ministerio de Turismo.
José Carlos Halle: fue ministro de Acción Social en el primer Gobierno de Jorge Busti (1987-1991); luego fue juez Correccional de Paraná, cargo al que renunció para asumir al frente de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante el tercer Gobierno de Busti (2003-2007); ex intendente de Paraná (2007-2011). Recientemente se pasó a las filas del urribarrismo, tras enfrentarlo en las elecciones de 2011.
Pedro María Benedetti: asesor legal del Ministerio de Trabajo de la provincia.
Carlos Orlando Saboldelli: mano derecha de la senadora nacional Sigrid Kunath en la Secretaría General y de Relaciones Institucionales de la provincia.
Eduardo Gustavo Embon: integrante de la comisión directiva de la Caja Forense de Entre Ríos y procurador fiscal del Gobierno en Concordia.
Natalia Panetta: asesora legal de la Fiscalía de Estado.
Carina Manuela Ramos: subdirectora del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Gobierno de la provincia.
Lisandro Horacio Minigutti: asesor legal de la Fiscalía de Estado.
María Josefina Pace: ex jefa de Despacho del camarista Mariano Candioti en el Consejo de la Magistratura de la Nación y actual relatora de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Guillermo Agustín Satalía Méndez: delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación en Concordia.
El Expediente Número 221/13, con los nombres de los candidatos propuestos para la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, fue girado a la Comisión de Acuerdos y recibirá tratamiento después del 1 de marzo, cuando se reabra el 132º período de sesiones ordinarias del Congreso. Si los aspirantes recibieran acuerdo, estarían habilitados para intervenir una vez que se publique en el Boletín Oficial.
Qué dice la ley
Los conjueces son abogados de la matrícula que no pertenecen al Poder Judicial, pero integran una lista y pueden ser llamados para suplir la ausencia de algún juez, en este caso, en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que comprende los juzgados y tribunales de Paraná y Concepción del Uruguay.
Los conjueces intervienen sólo en casos de recusación, excusación, licencia, vacancia o cualquier impedimento de los magistrados y son elegidos por sorteo para cada caso en particular. Un ejemplo de ello es la denominada megacausa Área Paraná, en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura: en los últimos dos años, con diferentes excusas, algunas realmente ridículas, los represores imputados lograron apartar a cinco jueces y cuatro conjueces.
Antes era la misma Cámara Federal de Apelaciones la que elaboraba un listado de entre 10 y 30 conjueces, a partir de una nómina que le enviaba el Colegio de Abogados con aquellos juristas que cumplen los requisitos tener 30 años o más y un mínimo de ocho años en el ejercicio de la profesión, entre otros. Así se hacía hasta ahora y, de hecho, en diciembre se dio a conocer una nómina de 27 conjueces para el año 2014. Eso a pesar de que una ley fija otro mecanismo.
La nominación de los conjueces es una atribución del Poder Ejecutivo y está regida por la Ley Número 26.376, sancionada en 2008, en respuesta a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el reglamento que hasta ese momento venía aplicando el Consejo de la Magistratura para cubrir subrogancias.
La ley establece que en caso de que el juez natural no pueda intervenir en una causa, el Consejo de la Magistratura o la Cámara del fuero procederá a la designación de un subrogante de acuerdo con el siguiente orden: a) con un juez de igual competencia de la misma jurisdicción, teniendo prelación el juez de la nominación inmediata siguiente; b) por sorteo, entre la lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional.
Además, para regular el sistema de cobertura de subrogancias, la ley prevé que el Poder Ejecutivo nacional confeccionará cada tres años una lista de conjueces, que contará con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación y estará integrada por abogados de la matrícula federal que cumplan los requisitos.
De aprobarse los pliegos, esta sería la primera vez que se aplica la ley. Es curioso, sin embargo, que para reemplazar a un sistema objetado por la Corte Suprema, el Gobierno impulsara un híbrido que tampoco satisface lo dispuesto por el máximo tribunal y que lo hace pasible de ser, otra vez, cuestionado por inconstitucional.
