El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, la norma que habrá de regir la producción y la emisión de cine y televisión en España. El texto que aprobarán los diputados deja, según se pudo saber tras el cierre de las enmiendas, dos sorprendentes zonas oscuras sin atender. Primero, las cuotas previstas para incentivar las producciones dirigidas por mujeres no son aquellas que el Gobierno había anunciado a sus interlocutores durante la redacción de la Ley. Y segundo, la definición del concepto de productora independiente es tan confusa que la deja sin contenido.
CIMA, la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, ha denunciado el primer olvido de la nueva ley: los artículos 113 y 114, que debían fijar una cuota del 40% para la emisión y el catálogo de películas y series dirigidas por mujeres, han ignorado esa demanda por completo. Después, los artículos 116 y 117, en los que se debía recoger la reclamación de una cuota del 40% de la inversión de las plataformas de contenido y las televisiones generalistas para las producciones hechas por mujeres, se ha quedado en la cuota de una cuota de una cuota. La ley sólo prevé que el 30% de la inversión en producciones independientes esté obligatoriamente dirigida a las mujeres. "Eso, en la práctica, nos deja en la misma cuota del 21% de la inversión total que tenemos hoy", explica Cristina Andreu, presidenta de CIMA.
Una explicación: desde 2009, la Ley del Audiovisual prevé que las televisiones públicas y privadas y las plataformas de contenido inviertan entre un 5 y un 6% de sus ingresos brutos a la producción de cine y series de ficción, como una parte de su responsabilidad social y en trasposición de una norma europea. "En otros países europeos hay un consejo de lo audiovisual que regula el apoyo al trabajo de las mujeres. En España, ese consejo no existe, de modo que necesitábamos que la ley recogiera las cuotas", explica Andreu.
¿Por qué esta desatención? Andreu interpreta que el Ministerio de Economía, responsable de la nueva ley, no tiene los códigos para entender sus demandas. "Nosotras planteamos estas cuotas porque queremos que las mujeres trabajen y también porque creemos que las mujeres aportemos nuestra mirada. Es la única manera que hay de luchar contra el estereotipo... Eso, en el Ministerio de Cultura, lo entendían bien, pero sospecho que en Economía no manejan estos criterios. Pero también tenemos una Ley de Igualdad que se aplica a todos los ministerios...".
En CIMA contaban con la promesa favorable de los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y de los diputados de izquierdas y nacionalistas que apoyan al Gobierno. "Contábamos con la promesa del PSOE de aceptar nuestras sugerencias de enmiendas con alguna modificación. Una promesa que ha sido primero tergiversada y finalmente incumplida", explica CIMA en un comunicado que ha difundido hoy. Respecto a los grupos nacionalistas, la prioridad eran las cuotas que promuevan la producción en catalán, gallego y euskera. "La realidad es que las cuotas lingüísticas están en la ley y las cuotas de género, no", dice Andreu.
La otra zona sin cobertura de la ley tiene que ver con la definición insuficiente de lo que es una productora independiente. Para evitar que la obligación de invertir en cine y televisión se convierta en una política de reinversión, las normas definieron la figura de productora independiente y fijaron la obligación de diversificar en ellas los proyectos. El conflicto apareció cuando en el sector se alertó de la aparición de compañías que estaban creadas a la medida de las televisiones y plataformas. De falsas productoras independientes.
Ahora, la nueva ley incluye una enmienda a la definición de compañía independiente que, según el sector, facilita el fraude.
Artículo 110.1: " Se considera productor independiente a efectos de este capítulo a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual obligado a cumplir con lo establecido en los artículos 115 a 117 y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho [antes un] prestador del servicio de comunicación audiovisual"
El cambio, aparentemente mínimo, ha recibido críticas de casi todas las asociaciones del sector: AEcine, PROA, PIAF, PROFILM, MAPA, Diboos... Esta tarde, la productora María Zamora leerá en su nombre en el Festival de Cannes un comunicado de denuncia contra la política del Gobierno con el respaldo de sus colegas europeos.
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