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Denuncian que esposo de Yeni Vilcatoma contrató con el Estado por S/80 000 de manera irregular

Manuel Elera Moquillaza, esposo de la congresista, trabajó con el Estado a pesar que está prohibido.
Manuel Elera Moquillaza, esposo de la congresista, trabajó con el Estado a pesar que está prohibido. | Fuente: Congreso de la república

La congresista de Fuerza Popular se negó a responder las denuncias y dijo ser "víctima de persecución en su contra y en contra de su familia".

Los familiares cercanos de los congresistas tienen prohibido ejercer para el gobierno, así lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, eso no impidió que Manuel Elera Moquillaza, esposo de Yeni Vilcatoma, trabaje para tres instituciones públicas

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) mostró que el esposo de la congresista de Fuerza Popular trabajó con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Municipalidad de Lima, aseguró el noticiero de Latina.

Un reporte de 90 Central reveló que Elera Moquillaza, un abogado que recién se tituló en octubre de 2016, fue contratado por como experto en temas legales. Firmó con la Contraloría los meses de mayo, junio, julio, agosto y octubre de 2017. El monto por estos trabajados asciende a S/30 000.

En noviembre de ese mismo año habría prestado servicios al Midis. Por un documento de aspecto legal cobró el monto de S/9000. También ejerció como asesor legal especializado para la Municipalidad de Lima desde febrero a julio de 2019 por cifras que se encuentran entre los S/4000 y S/5000. El último contrato tiene como fecha 10 de julio de este año.

La Municipalidad de Lima detalló que “Elera Moquillaza presentó una declaración jurada de no estar inhabilitado o impedido para contratar con el Estado, ni de presentar situaciones de incompatibilidad o nepotismo”. Es decir, el esposo de Vilcatoma mintió para obtener el trabajo. Al darse cuenta de la falsedad de esta carta, el municipio dio por finalizado el contrato.

Elisa Zambrano, directora de Perú Contrata, explicó al noticiero que “los familiares de los congresistas hasta el segundo grado de afinidad y consanguinidad tienen el impedimento para contratar con el Estado cualquiera fuera el monto siempre y cuando se encuentre dentro del alcance de la Ley de Contrataciones del Estado”.

Al ser consultada sobre lo ocurrido, la congresista de Fuerza Popular acusó ser "víctima de persecución en su contra y en contra de su familia" y se negó a responder.

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