De manera sorpresiva la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la mañana de este miércoles las personerías jurídicas a cinco universidades, dentro de estas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la cual fue un bastión durante las protestas antigubernamentales en 2018.
También se liquidó a la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), a la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), a la Universidad Nicaraguense de Estudios Humanisticos (UNEH), a la Universidad Paulo Freire y otras asociaciones incluyendo varias de la Diócesis de Estelí.
Igualmente fueron ilegalizadas la Asociación Instituto Agropecuario de Estelí, la Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Esteli, la Asociación Caritas Diocesana de Estelí, la Asociación de Comisiones de Justicia y Paz de Estelí Centro Cultural Católico del Norte, Diócesis de Estelí, la Fundación Michell Angelo Foundation, la Asociación ProDesarrollo de Estelí, la Asociación de Fomento a la Creación de Empresas, y la Familia Padre Fabretto.
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Según el régimen, las asociaciones “no reportaron los Estados Financieros conforme los periodos fiscales con el desglose detallado de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones – origen, proveniencia y beneficiario final”.
La iniciativa fue introducida por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, a instancias del Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación.
Rodríguez dijo ante el plenario que «nadie debe de asustarse» porque «es un proceso normal» y acusó a las organizaciones canceladas de estarse lucrando. «Se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse», manifestó.
Miles de estudiantes en incertidumbre
El pasado 13 de enero el Ministerio de Gobernación citó a la Universidad Paulo Freire, dándole un plazo máximo de 15 días para presentar ante dicha entidad gubernamental todos sus estados financieros correspondientes al año 2020 y para responder “notas aclaratorias” relacionados a sus registros entre 2017 y 2019, haciéndoles cita de la Ley.
Nicaragua Investiga entrevistó al director de esa universidad Adrián Meza, y este aseguró que las autoridades querían «crear una situación irregular que no existe».
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«Nosotros no estamos enfrascados en una situación de confrontación política con el gobierno, la rectoría ha marcado algunas posiciones institucionales que hemos considerado elementales en algunas ocasiones, sobre todo cuando se ha tratado de temas vinculados a derechos humanos, pero realmente el tema político no es nuestro trabajo, sino el educativo», explicó.
«Hay un exceso de celo, el gobierno vive viendo adversarios en todas partes donde no los tiene», agregó.
Meza afirmó que la cancelación afectaría a unos 1,200 estudiantes de grado, a unos 400 de posgrados y «a 500 maestros del sector público militantes de ANDEN que estudian en la universidad».
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