El Reino Unido adelanta a 2030 la prohibición de vender coches de gasolina y diésel

Boris Johnson ha decidido aferrarse a la “revolución verde” para rescatar a la economía británica de la actual crisis y de la incertidumbre que traerá consigo el Brexit a finales de año. La medida estrella del plan de 10 puntos que el primer ministro ha desvelado este miércoles será adelantar a 2030 —cinco años antes del plazo previsto— la prohibición de vender coches nuevos de gasolina y diésel. Los vehículos híbridos podrán seguir adquiriéndose hasta 2035, bajo la condición de que estén preparados para ofrecer una autonomía “relevante” con cero emisiones (el Gobierno británico ha sugerido, sin concretar, un mínimo de 50 kilómetros). En cuanto a los camiones diésel, Downing Street se compromete a abrir una fase de consultas públicas con las principales industrias para diseñar también un plan de desaparición gradual.

Con esta propuesta, que todavía requiere mucha concreción, el Reino Unido se sitúa entre los países más ambiciosos en el camino hacia la electrificación del transporte, un sector clave en la lucha contra el cambio climático y contra los graves problemas de contaminación urbana. Johnson ha tomado el testigo de su predecesora, Theresa May, y mantiene el compromiso de llegar en 2050 al nivel cero de emisiones de dióxido de carbono. “Economía verde y crecimiento pueden ir de la mano. Afrontemos la amenaza más seria contra nuestro planeta con uno de los programas más innovadores y ambiciosos de creación de empleo que se ha conocido”, ha escrito el primer ministro en una tribuna publicada por Financial Times. Asegura Johnson que con la inversión prevista, más de 13.000 millones de euros, el Gobierno británico será capaz de crear 250.000 nuevos empleos.

El Gobierno británico anunció en febrero que en 2035 estaría prohibida la venta de los coches nuevos de gasolina y diésel, lo que suponía un adelanto de cinco años respecto al plan fijado por el Reino Unido en 2017. Ahora, solo nueve meses después del último anuncio, Johnson da una vuelta más de tuerca y adelanta la fecha otros cinco años.

“Es una señal muy importante para la industria”, resalta Carlos Bravo, miembro de la organización Transport & Environment, una federación especializada en transporte sostenible de la que forman parte medio centenar de ONG europeas. “La electromovilidad se está acelerando”, añade Bravo. También, las ventas. Los analistas de JATO Dynamics resaltaban hace unas semanas que las matriculaciones de coches híbridos en los 27 países de la UE habían superado por primera vez en la historia a las de automóviles diésel en septiembre. Aunque es cierto que este fenómeno se produce en un contexto de desplome de las ventas en general —casi un 30% han caído en los nueve primeros meses del año—, los analistas coinciden en el cambio de tendencia que ya se ha iniciado.

Paradójicamente, ese cambio hacia una movilidad libre de emisiones puede verse incluso acelerado por la crisis económica generada por la covid en muchos países, ya que sus Gobiernos están anunciando planes de recuperación que incluyen, por ejemplo, apoyos económicos para el impulso a los coches eléctricos. A ello se une la competitividad cada vez mayor de este tipo de vehículos. “La industria está claramente volcada en los modelos eléctricos. Se espera que la paridad de precios con los coches de combustión se alcance en 2023 y 2024”, apunta Bravo. A eso se le añadirían los ahorros por el menor mantenimiento y en las cargas de los eléctricos.

Aunque es de los países que han planteado una meta más ambiciosa, el movimiento del Reino Unido no es algo aislado en el mundo. Otros países han marcado ya en el calendario vetos a los coches de combustión. Francia ha fijado como fecha para el final de las matriculaciones de este tipo de vehículos el año 2040. El mismo que se establece en la ley de cambio climático que se tramita ahora en el Parlamento español, aunque el texto se refiera en este caso al veto a todos los automóviles que no sean de emisiones cero.

Esta norma se encuentra ahora en fase de enmiendas y varios grupos ecologistas, como la ONG a la que pertenece Bravo, han planteado adelantar la prohibición a 2035. “Si la vida media de un coche en España es de 15 años, debemos prohibir sus ventas en 2035 para que en 2050 ya no haya coches de combustión circulando”, dice Bravo. España acaba de aprobar su estrategia a largo plazo de descarbonización que se fija como objetivo para 2050 la neutralidad climática, es decir, que el país solo podrá emitir la cantidad de gases de efecto invernadero que sus sumideros (principalmente, los bosques) puedan absorber. Y eso requiere limpiar de emisiones el sector del transporte.

El plan del Gobierno británico también puede acelerar el proceso en España hacia la movilidad eléctrica. “El Reino Unido importa el 11% de los coches que se fabrican en España”, advierte Bravo. “Esto es una clara señal a la industria española”. Cuando se presentaron los primeros texto de la ley de cambio climático, hace dos años, la patronal de los fabricantes protestó contra el veto de 2040; esta postura parece haber cambiado ya.

Eólica, nuclear y captura de carbono

El plan anunciado por Johnson va más allá del veto a los motores de combustión. Incluye también medidas relacionadas con el impulso a las energías renovables, especialmente la eólica. El Reino Unido es ya uno de los países del mundo que ha apostado con más firmeza por este recurso. Posee dos de los cinco parques eólicos marinos de mayor extensión. El Gobierno de Johnson propone cuadruplicar la producción de este tipo de energía hasta alcanzar en 2030 los 40 gigavatios.

Paralelamente, como están haciendo otras grandes potencias, el plan apuesta por un impulso a la generación de hidrógeno, que ha cogido fuerza en los últimos años como un posible complemento a las renovables. El objetivo sería llegar a aumentar hasta cinco gigavatios la capacidad de producción de este tipo de energía “de bajas emisiones de carbono”. Pero las ONG medioambientales temen, sin embargo, que las empresas energéticas utilicen este objetivo como excusa para seguir adelante con sus prospecciones de gas natural si no se apuesta claramente por la generación a través de fuentes renovables.

La propuesta de Johnson también pasa por mantener la apuesta por la energía nuclear. El Reino Unido quiere desarrollar una tercera generación de centrales, como “fuente de energía limpia”, con reactores de menor tamaño y tecnología más avanzada. El problema, apuntan los críticos, es que este recurso duplica, hoy por hoy, el coste de la energía. Y ni siquiera se ha vendido aún alguno de los reactores de los que habla Johnson. La empresa Rolls-Royce ha propuesto diseñar un nuevo modelo, pero exige el encargo previo de 16 unidades, por un valor de más de 35.000 millones de euros.

Otra de las medidas que resultan polémicas es la del impulso a la captura y almacenaje de dióxido de carbono, una tecnología existente ya pero que resulta poco competitiva ahora por altos sus costes. El plan de Johnson pasa por capturar hasta 10 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030, para transformar a su país “en un líder mundial en la tecnología de captura y almacenamiento de las emisiones dañinas a la atmósfera”. Los primeros intentos de desarrollar esta estrategia fueron suprimidos de raíz por el Gobierno del conservador David Cameron, como consecuencia de la austeridad impuesta después de la crisis financiera de 2008.

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