En el Informe de la Comisión de Expertos de OIT que acaba de promulgarse Colombia ha recibido un reconocimiento y severas exigencias. Al tiempo que destaca esfuerzos del Estado contra la impunidad la Comisión ha expresado “profunda preocupación por la persistente comisión de homicidios contra miembros del movimiento sindical…y observa la ausencia de datos sobre el número de condenas a autores intelectuales de actos de violencia antisindical”. Se mencionan 14 asesinatos, 4 intentos de homicidio, una desaparición y 198 amenazas de muerte.
Respecto del derecho de huelga, la Comisión reitera que “deben revisarse las disposiciones en servicios esenciales donde restringir la huelga, porque los criterios actuales son excesivos y vulneran la libertad sindical”. Además pide que “se revise el artículo 457 del CST que prohíbe el derecho de huelga a federaciones y confederaciones”.
Acerca de los Pactos Colectivos “La Comisión ha constatado que, en la práctica, la negociación de las condiciones de trabajo y empleo (sin sindicatos) puede ser utilizada para desalentar el ejercicio de la libertad sindical y debilitar la existencia de organizaciones de trabajadores en capacidad de defender de forma autónoma los intereses de los trabajadores durante la negociación colectiva”.
En el pasado se ha recomendado no permitir pactos colectivos en empresas donde haya sindicatos, pero los voceros empresariales sostienen que dichos pactos expresan la libertad de asociación. Pero los mencionados pactos son impuestos a los trabajadores como condición para mantener el empleo y no resultan de una negociación.
Acerca de la Negociación Colectiva la OIT “observa que el nivel de cobertura en el sector privado sigue siendo muy bajo” y llama al gobierno a realizar “un examen conjunto de los mecanismos de protección contra la discriminación anitisindical con miras a tomar las medidas necesarias que garanticen la imposición de sanciones efectivas ante la comisión de actos antisindicales”.
Y al tiempo que reconoce las acciones significativas tomadas por las autoridades, la Comisión insta al gobierno para que siga fortaleciendo sus esfuerzos y recursos para brindar protección adecuada a los dirigentes y sindicalistas en situación de riesgo”.
La Comisión espera que “en vista de los actos de violencia cometidos en su contra, se harán efectivas a la brevedad las medidas de reparación colectiva a favor del movimiento sindical”, y “pide nuevamente al gobierno que se entable conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación y los interlocutores sociales, una evaluación de la efectividad del articulo 200 del Código Penal y de su aplicación y que informe de los resultados y eventuales acciones tomadas a raíz de la misma”.
Tras “reconocer el incremento significativo de la sentencias pronunciadas, la Comisión insta al gobierno a seguir tomando las medidas necesarias para que todos los actos de violencia antisindical sean esclarecidos y que los autores intelectuales y materiales sean condenados”.
Beethoven Herrera Valencia
Profesor, universidades Nacional y Externado
