Caracas.- La organización no gubernamental Foro Penal destacó este martes, 11 de abril, en el contexto de los sucesos registrados hace 21 años, que la manifestación opositora dirigida hacia el Palacio de Miraflores en la que murieron 19 personas, con más de 300 heridos de bala, marcó el inicio de lo que en el presente califica de represión política sistemática por parte del Gobierno.
El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, destacó en un video difundido en Twitter que, al cumplirse 21 años de esos hechos, las investigaciones para determinar responsabilidades quedaron archivadas.
«El 11 de abril de 2002 marcó para nosotros el comienzo de lo que sería, al día de hoy, la represión política sistemática, que, por cierto, investiga la Corte Penal Internacional», destacó Romero en el audiovisual de Twitter.
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El representante de Foro Penal destacó que más allá de las acusaciones a los nueve funcionarios detenidos de la entonces Policía Metropolitana (PM), de los cuales tres continúan privados de libertad, pese a que se determinó que no tenían responsabilidad en las dos muertes por las que fueron acusados, las autoridades no avanzaron en el esclarecimiento de los 17 casos restantes.
«¿Qué pasó con el asesinato de las otras 17 personas? Incluido Jesús Muhammad Espinoza Capote, de 18 años de edad, asesinado con un tiro en la cabeza (…) pues quedó archivado», añadió Romero.
La impunidad como regla
El director y vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, resaltó que la impunidad es lo que caracteriza lo relacionado con los hechos del 11 de abril de 2002. «Al día de hoy, los venezolanos no conocemos la justicia en relación con lo sucedido».
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Himiob precisó que de las 79 investigaciones penales que reconoció el Estado en su momento, como procesos iniciados, ninguna concluyó en un hecho de justicia ni asentó la verdad de los sucesos.
«Ya en aquel momento esos eran clarísimos crímenes de lesa humanidad que se cometieron desde el poder contra la ciudadanía. La impunidad sigue siendo la regla», añadió Himiob.
Deuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Romero advirtió sobre la deuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia internacional que admitió en 2004 denuncias por los sucesos del 11 de abril de 2002, así como una audiencia por los hechos en 2007.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en deuda con los venezolanos, ya que admitida esa denuncia y concluido todo el procedimiento relacionado, al día de hoy no se ha pronunciado en remitir ese caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos», explicó Romero.
El 11 de abril de 2002, tercer día del paro nacional que contó con el respaldo de las cúpulas empresariales y políticas que adversaban a Chávez, Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Coordinadora Democrática, cientos de miles de personas se movilizaron desde Chuao, en el este de Caracas, hasta el Palacio de Miraflores, súbito punto de llegada en el centro de la ciudad, para exigir la renuncia de Chávez.
En las adyacencias de Miraflores, cientos de simpatizantes oficialistas también aguardaban en respaldo al mandatario nacional, en compañía de los llamados Círculos Bolivarianos, un precedente de los denominados colectivos, así como de civiles armados quienes dispararon en Puente Llaguno.
El encuentro entre ambos sectores movilizados, que no se concretó, fue signado por una balacera que involucró a la PM, a cargo del opositor y alcalde metropolitano Alfredo Peña, y a la Guardia Nacional (GN), controlada por el Gobierno. En la confusa situación del momento también participaron francotiradores ubicados en los edificios cercanos a la avenida Baralt.
La dramática jornada del 11 de abril causó 19 muertos, entre quienes se encontraban simpatizantes chavistas, opositores y el reportero gráfico del Diario 2001, Jorge Tortoza, por un disparo en la cabeza.
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