Análisis del mensaje del presidente Pedro Castillo en materia laboral

Es evidente que el manejo no solo político sino económico del actual gobierno ha sido negativo. La incertidumbre generada por la constante amenaza de cambio del modelo contenido en nuestra Constitución ha socavado a nuestra económica inclusive con mayor dureza que la pandemia del COVID-19.

Un ejemplo de la mala gestión ha sido la incapacidad para aprovechar el “rebote” de nuestra economía generado por la reactivación luego del confinamiento ocurrido en razón a la pandemia y por el alza internacional del precio del cobre. La gran inflación, no vista en más de 30 años, ha golpeado a la capacidad adquisitiva de los peruanos, no habiéndose tampoco podido recuperar el empleo formal pre COVID-19.

Recordemos que el entonces Ministro de Trabajo Iber Maraví presentó la denominada “Agenda 19″, la cual se ha mantenido como Directriz de la política laboral de los siguientes ministro de trabajo. Temas como el código de trabajo, el cambio de la normativa en materia de relaciones de trabajo, la derogación de la suspensión perfecta de labores, entre otros, se han ido cumpliendo o están en proceso. Sin embargo, la gran ausencia en la política laboral de este gobierno ha sido y es, la reducción de la informalidad.

Según cifras del INEI, la informalidad ha superado a más del 75% de la Población Económicamente Activa Ocupada, por lo que cuatro de cada cinco peruanos no tienen acceso a un ingreso mínimo, beneficios laborales ni protección social.

Lamentablemente, se ha socavado al empleo formal, a través de normas antitécnicas e inoportunas como la restricción de la tercerización y la reciente modificación a la normativa sobre relaciones colectivas de trabajo y ni que decir del aumento de la remuneración mínima. La primera de ellas se ejecutó mediante un decreto supremo aprobado sin tener en cuenta que un informe de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad (DGAEICYP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el cual advertía que la medida podría ser dañina e inviable para el mercado peruano. Según lo ha afirmado el Consejo Privado de Competitividad esta medida estaría poniendo en riesgo los puestos de trabajo de más de 105 mil personas. Con una definición tan amplía del concepto de “núcleo del negocio” se deja un margen a la interpretación subjetiva en perjuicio de la actividad empresarial. No está de más recordar que el decreto es inconstitucional e ilegal, pues atenta contra la libertad de contratación, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, estableciendo restricciones no previstas en la Ley que pretende reglamentar.

El Gobierno no ha tenido en cuenta la experiencia comparada de países como Ecuador, cuya prohibición de la tercerización ha generado el cierre de un gran número de empresas tercerizadoras (más de 30%) así como un alto número de desempleados.

Es preocupante que aún se crea que con la restricción de una manera legítima de operación empresarial, como la tercerización, se vaya a generar mayor empleo. Ello es absolutamente falso. Distinto es apuntar a las tercerizaciones irregulares y fortalecer a la inspección del trabajo para fiscalizarlas y con ello cautelar los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, la reciente modificación al reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo a través del DS 014-2022-TR, se ha realizado sin respetar al diálogo social, restándole total importancia al Consejo Nacional de Trabajo, hecho que ha generado el reciente retiro de los gremios empresariales. El reglamento, también ilegal, facilita la sindicalización, la huelga, en un contexto de gran polarización nacional y conflicto generado por el discurso confrontacional del gobierno. ¿Era oportuno promover una reforma tan profunda en una coyuntura como la actual? La respuesta es negativa.

En este primer año los temas laborales han sido manejados de manera populista, dejando de lado lo técnico y dando la espalda a la gran prioridad que insistimos debió ser abordada desde el inicio del gobierno, nos referimos a la reducción de la informalidad.

Y ni que decir de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, con proyectos de ley que también dan la espalda a la formalidad como la inclusión del refrigerio de la jornada de trabajo, el micro descanso o con normas que han incrementado en dos el número de feriados a nivel nacional (6 de agosto y 9 de diciembre). Esta última medida, que duda cabe, impacta en el PBI, careciendo de sentido parar la economía para conmemorar fechas con contenido cívico.

El mensaje presidencial: las grandes omisiones

En lo que se refiere al sector trabajo y promoción del empleo, el Presidente limitó su exposición a presentar cifras de su primer año relacionadas con la creación de empleos temporales, la certificación laboral, el incremento de la remuneración mínima vital y la modificación a la tercerización. Sobre esta última señaló que se espera que cien mil trabajadores pasen a tener derechos laborales y beneficios completos. Esta afirmación revela una visión equivocada de la realidad. La tercerización per se no precariza el empleo. Como señalamos anteriormente, debe fiscalizarse y sancionarse a aquellas empresas que mediante la tercerización promueven el desconocimiento de los derechos laborales, para lo cual se requiere fortalecer a la SUNAFIL.

Y si pasamos a los temas ausentes en el mensaje presidencial, justamente nada se dijo sobre el fortalecimiento del ente fiscalizador, el cual, como siempre, enfoca su puntería en las empresas formales.

Tampoco ha existido referencia alguna a la manera como se generará empleo formal. Ni una palabra sobre la receta para incrementar la inversión privada, otorgar seguridad jurídica, o al menos sobre algún régimen que incentive a las microempresas a formalizarse. En este aspecto el mensaje del presidente ha dejado mucho que desear.

El presidente sostuvo que en cuanto al empleo formal se han superado niveles pre pandemia, lo cual dista de la realidad. También ha señalado que se conformará una comisión para evaluar los regímenes previsionales públicos y privados tendiendo a la inclusión de los trabajadores informales a través de una pensión universal. Esto no es novedad y seguramente quedará en el papel. Debe reducirse la informalidad para ampliar la base de afiliados y aportantes a los sistemas de pensiones. Es un duro golpe al sistema privado las diversas normas que permiten el retiro de los fondos pues se desnaturaliza su esencia. Sobre esto último no ha existido mención alguna por parte del jefe de Estado.

El jefe de Estado no se ha pronunciado sobre el necesario diálogo social para la legitimación de las reformas laborales, y tampoco lo iba a hacer pues su gobierno no es el abanderado del diálogo. Una muestra de ello es la ya mencionada restricción a la tercerización y la reforma a las relaciones colectivas de trabajo, para cuya emisión se dio la espalda al Consejo Nacional de Trabajo.

En términos generales en materia laboral el mensaje ha sido insuficiente y ha dejado mucho que desear. No vemos con buenos ojos el panorama laboral para el año entrante. Ojalá nos equivoquemos.